Jueves, 13 de agosto de 2020

El acceso a los archivos en España

Si no fuera porque me consta el interés de la opinión pública salmantina en este asunto, no me atrevería a abordarlo. Y es una ocasión tan buena como cualquier otra para reseñar la aparición de un libro en el que he participado modestamente: El acceso a los archivos en España, Antonio González Quintana, Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo (dirs.), publicado por las fundaciones 1º de Mayo y Francisco Largo Caballero.

(El libro es de libre acceso a través de internet.)

Se trata de una obra colectiva en la que han participado 23 autores, archiveros e historiadores, algunos tan reconocidos como Ángel Viñas , Francisco Espinosa o Eduardo González Calleja. La iniciativa partió de la Cátedra de la memoria histórica de la Universidad Complutense en su segunda andadura (en la primera era dirigida por Julio Aróstegui y tras su fallecimiento pasó a manos de Mirta Núñez) y respondía a una preocupación generalizada ante las dificultades de acceso a cierta documentación, particularmente de los períodos de la II República, la Guerra civil, el franquismo y la Transición democrática. Unos cincuenta años clave de la historia reciente que sin duda aún condicionan la vida política, intelectual y moral de la sociedad española.

Es difícil sintetizar esta problemática teniendo en cuenta el la vastedad del patrimonio documental español, dependiente de las distintas administraciones del Estado (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios), del Ministerio de Defensa que, siendo Estado, controla sus propios archivos, de la Iglesia –que lo considera patrimonio propio–, de las universidades, de fundaciones diversas y de particulares. No se puede generalizar la problemática: si algunos archivos están funcionando bien, otros dejan mucho que desear, poniendo más trabas que facilidades a los investigadores y a la población en general. (No olvidemos que el acceso a la información pública es un derecho ciudadano recogido en la Constitución.)

Precisamente por tratarse de un derecho, se viene echando en falta una ley orgánica que regule este asunto a nivel estatal, dando una coherencia unitaria a las normas autonómicas y a las estatales que inciden en este tema (leyes de secretos oficiales, de patrimonio, de memoria histórica, de trasparencia, de protección de datos personales, etc.). Pues resulta paradójico que cuantas más normas hay más complicado resulta el acceso expedito a los archivos y a los registros civiles. Un problema merece atención especial en este aspecto: cómo equilibrar normativamente la protección de la intimidad con el derecho a la investigación y al conocimiento de la verdad histórica. Los archivos archiveros se quejan, con razón, de que no hay criterios operativos claros, por lo que muchas veces optan por lo más fácil: negar el acceso a la documentación o hacer una tría en la que se hurtan determinados nombres propios o ciertos papeles supuestamente comprometedores.

Hay además muchos otros problemas: la desaparición o destrucción de fondos, la apropiación indebida de otros, empezando por los de los presidentes del gobierno desde Franco en adelante, la falta de medios personales y técnicos y, en fin, la ausencia de una política archivística proactiva que, más allá de proteger ese patrimonio documental que es de todos, lo promocione para su conocimiento general. Mientras tanto, la democracia española tendrá ahí un flanco vulnerable que afecta a su salud cultural y que indicaría cierto desprecio hacia la memoria histórica democrática.