Pretenden acabar con el ferrocarril público, relegando una vez más a parte de la sociedad

Renfe y Adif, que no parecen tener de qué ocuparse en España, junto a otras 9 empresas españolas controlan el 88% del ferrocarril entre La Meca y Medina en Arabia Saudí. Una obra faraónica de 7.100 millones de euros que dicen da prestigio patriótico. Renfe en sus cuentas de 2018 reconoce que la demanda de viajeros es "sensiblemente inferior a la estimada". Algo habitual en proyectos de Alta Velocidad, Autovías y Autopistas o Aeropuertos, basados en demandas inducidas que no se sabe de dónde salen y el tiempo revela falsas, como las Autopistas quebradas y nacionalizadas.

En las últimas décadas España ha invertido más de 45.000 millones de euros públicos en AVE. Obviando el derroche que supone, tenemos un servicio público con empresas públicas para gestionarlo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pretende privatizarlo, con el eufemismo de que una apertura efectiva del mercado garantiza la competencia entre operadores y consigue mayor eficiencia en la prestación del servicio en beneficio de los consumidores. Vista la eficiencia de mercados como el del combustible, gas, electricidad o vivienda por poner algún ejemplo, diría que esa entidad o bien no sabe de qué habla o no conoce el país al que dice pertenecer.

En su "Estudio sobre la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril", la CNMC hace recomendaciones para liberalizar el transporte de viajeros por ferrocarril en 2020, cuestionando la autonomía y neutralidad de los actores públicos, que puede influir en la fluidez del proceso liberalizador. Neutralidad e independencia que emana de la ingente presencia de responsables políticos en empresas del Sector Púbico, en detrimento de profesionales cualificados, y que se extiende al nombramiento de los miembros de la propia CNMC, elegidos a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad.

Esta parece defender los intereses financieros de las empresas que quieran operar en la red ferroviaria española, basándose en datos que intentan justificar un futuro que no se dará. Pretende que los operadores privados no paguen, en su canon, la totalidad de los costes de la red y que la deuda que ha permitido construirla pase al erario público. Además quiere que los trenes pagados con dinero público los usen operadores privados porque les resulta muy cara la inversión de nuevos trenes en propiedad. Así recogen las ganancias de un negocio en el que el dinero y los recursos los pone el Estado, lo que recuerda a ciertos "chiringuitos" que visitan últimamente los juzgados.

También quiere separar del actual Grupo Renfe a Fabricación y Mantenimiento, que facilitaría con el tiempo su mejor venta a "amigos de lo público". Pone a disposición de los operadores privados el mantenimiento y reparación de sus trenes sin la inversión previa necesaria en cualquier otro campo empresarial. Para rematar, pide que no se prorrogue el contrato de adjudicación directa de los servicios sometidos a Obligación de Servicio Público a Renfe, separándolos de los comerciales. Esto supondrá el abandono definitivo de servicios ferroviarios no rentables, comunes en la "España vaciada" como Salamanca.

Parece un planteamiento muy neoliberal para un organismo de un Estado para el que "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (artículo 128 de la Constitución). Más parece alentar el abandono de líneas, y trasladar el monopolio privado del transporte por carretera al ferrocarril como complemento, sobre el que nos han tenido que llamar la atención.

A la vista de los graves problemas ambientales y de contaminación, y la desidia del Estado que nos lleva a los tribunales europeos, ciego ante los 30.000 españoles que mueren de forma prematura por esos problemas, ese no es el camino. Seguir apostando por modelos neoliberales basados en la mercantilización y degradación del medio ambiente es un grave error, visto el fracasado experimento privatizador de Gran Bretaña. Necesitamos de verdad un modelo de ferrocarril público, social, sostenible y de calidad para toda la ciudadanía, y que además sustituya a la carretera.