Las mujeres salvadoreñas no ven reconocidos sus derechos

“Con la situación en la que estamos ahora, en unos cuantos años será un delito ser mujer en El Salvador”.

Paulette Chamorro Basurto

Activista por los Derechos Humanos

Fue así como lo expresó Teodora del Carmen Vásquez después de cumplir diez de los treinta años de cárcel con los que se la sentenció por un aborto espontáneo. Pronto se cumplirá ya un año desde el fracaso de la despenalización del aborto en El Salvador, medida que pone en riesgo y viola los derechos de muchas niñas y mujeres. El país centroamericano exige cumplir condenas a mujeres a las que en muchos casos se les culpa de homicidio agravado después de un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica. El Código Penal de este país, en su artículo 133, prohíbe el aborto en su totalidad, y a El Salvador se le suman otros cinco países de América Latina y el Caribe donde esta es la historia real que se vive: República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Las iniciativas presentadas ante el legislativo en El Salvador buscaban despenalizar el aborto (al menos) de forma parcial, es decir, reformar la ley para que esta práctica dejara de ser penada en casos de violación, de que peligrara la vida de la mujer o de malformación del feto que impidiera su vida extrauterina. Junto con esta primera iniciativa, el poder legislativo de este país declaró improcedente una segunda iniciativa por la que se proponía una Ley de educación integral en sexualidad y una Ley de salud sexual y reproductiva, iniciativa a la que algunos legisladores salvadoreños se oponían afirmando su incompatibilidad con los valores cristianos que muchos ciudadanos profesan.

Amnistía Internacional apoyó sin descanso la lucha de las mujeres salvadoreñas en conjunto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, exigiendo la reforma inmediata de la ley que sentencia a mujeres a prisión incluso en casos de violación o cuando peligra la salud de mujer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha hecho parte pronunciándose sobre uno de los casos en los que una mujer fue encarcelada y murió cumpliendo su condena. Es imperativo reconocer que se trata de una ley que pone en constante peligro no solo la salud sino también la vida de las mujeres salvadoreñas; según datos de la OMS, un 11% de las mujeres salvadoreñas que recurrieron a un aborto inseguro murieron en el procedimiento o a causa de este.

Después de la rotunda movilización en pro del aborto en Argentina, se sentía que la región daba un paso adelante en defensa y cumplimiento de los derechos de la mujer, pues fueron varios los países que secundaron la iniciativa argentina, como Perú y México. Sin embargo, El Salvador continúa siendo uno de los países más peligroso para las mujeres. Aún cuando sus tasas de homicidios han disminuido, las mujeres salvadoreñas se enfrentan a una realidad en la que luchan no solo contra la violencia de género sino también contra los abortos inseguros, ambos muchas veces con la nefasta consecuencia de muerte. Pero el escenario de injusticia no es distinto aun cuando se trata de un aborto espontáneo en un ambiente “seguro” como lo es un centro médico, puesto que los datos de la organización Centro de Derechos Reproductivos reflejan que la mitad de las mujeres procesadas por aborto en El Salvador fueron reportadas a la policía por el mismo personal médico, y muchas de ellas terminaron en la cárcel.

No podemos dejar de lado los casos de persecuciones a mujeres defensoras de los derechos humanos. Es decir, las autoridades del país deben asumir con urgencia su papel en este contexto y empezar a actuar en pro de los derechos para cambiar la realidad que viven las niñas y mujeres salvadoreñas, y lo mismo para las defensoras de los derechos humanos. Este no deja de ser un trabajo en todos los niveles, y en cierto sentido, hasta horizontal, en el que la responsabilidad por la lucha y el cumplimiento de los derechos va en todas las direcciones, tanto el Estado central como las Alcaldías tiene un papel fundamental, pero la misma sociedad civil debe ser titular de movilizaciones para visibilizar y apoyar con constancia la lucha por la igualdad de los derechos.