Miércoles, 23 de octubre de 2019

Pensionistas mochileros

La catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Miren Extezarreta, asegura que “la crisis de las pensiones  es algo inventado, construido socialmente”. Y Etxezarreta, gran experta en movimientos sociales y en economía de las pensiones, reitera que otros gastos públicos y sociales se financian desde el Estado, y no suponen ningún problema. Así como se hace con la Educación, Sanidad, Justicia, las Fuerzas Armadas, la Monarquía, etc.

  El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, pide pensiones públicas más bajas para que ‘den para todos’. Y se queda tan orondo este jefazo de las inversiones y seguros privados. Bien podría haber dicho que se repartieran entre todos españoles los beneficios de sus empresas o las copiosas prejubilaciones y finiquitos de los grandes empresarios, banqueros y demás casta financiera.

Ellos van a lo suyo, a buscar productos atractivos, o sea, con buenos y suculentos réditos pecuniarios para sus bolsillos exclusivamente. Y por eso están constantemente lanzando ´fake news´, una sarta de mentiras mediáticas sobre que las pensiones actuales son una ´ruina´, que se necesita otra financiación con un plan mixto de pensiones, que tal y que cual. Que esto es insostenible para un país como el nuestro.

Sí; efectivamente, para nuestro Estado son insostenibles las ganancias que ellos tienen; los rescates bancarios recibidos a cuenta del dinero público, etc., etc.

El señor Huertas ha explicado que el sistema es sostenible pues el Estado seguirá pagando las pensiones "indefinidamente" pero ha señalado que la cuestión está en su cuantía, que debería cambiar. Y ha recordado que el déficit de la Seguridad Social debe afrontarse con nuevas recomendaciones acordadas en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, donde que también contemplen favorecer el ahorro privado. Huertas ha sido tajante al añadir que la pensión pública debe complementarse con otra privada ¡Cómo no!

Otros agoreros vaticinan que El problema de las jubilaciones es uno de los más importantes que sufre el país, agravado por la inviabilidad actual del sistema que requiere pasar por el quirófano para hacerle una reforma de calado, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos. A todos estos se les ve bien el plumero ´capitalistoide´.

           

Desde hace años, el bipartidismo del PP-PSOE (y ahora con el apoyo de Cs), han esquilmado el fondo de pensiones, la hucha de la S.S. Pero realmente quien está detrás de todo esto es el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos han diseñado un modelo de futuro basado en las pensiones privadas. El camino que nos indica el poder económico no es otro que el de ir desmontando, a mayor o menor velocidad, el sistema público de pensiones con distintas justificaciones y fórmulas magistrales. 

Sin embargo, los millones de pensionistas y jubilados claman otra vez “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Por supuesto que es de educación y cortesía democráticas dar un tiempo al nuevo gobierno del sociata Pésanchez. Aunque durante su anterior mandato no cumplió ni con una sola de las reivindicaciones de la lucha de las y los pensionistas. Le recordamos que entre sus promesas incumplidas está la del 4 de abril, donde el PSOE se abstuvo en la votación del Parlamento Europeo que aprobaba el “reglamento del producto paneuropeo de pensiones individuales. Este PEPP es la llave para exonerar a los Estados de la UE de un plan de pensiones públicas dignas y sustituirlas por fondos privados de capitalización.

                                                                              

Pésanchez ganó las elecciones con el voto del miedo ante la ´derechona trifálica o trifachita´ sin hacer ni un solo compromiso con la plataforma reivindicativa de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Peor aún, ahora vuelven con lo de la Mochila austriaca, que ya formó parte del frustrado acuerdo de legislatura PSOE-Ciudadanos y ahora la patronal (CEOE), Ciudadanos y el PSOE la reivindican como gran solución.

La llamada Mochila austriaca es un fondo privado de capitalización, es en apariencia una “simple cuenta de ahorro individual” que acompaña al trabajador/a a lo largo de su vida. En realidad se trata de ir liquidando el sistema público de reparto y sustituyéndolo por un fondo privado de capitalización.  Se aboga, ahora de nuevo, por la Mochila austriaca, por las cuentas nocionales, por el factor de sostenibilidad, etc. Bueno, eso de la Mochila austriaca… Si al menos fuera con el mismo sueldo mínimo interprofesional o igual renta per cápita, la misma indemnización por despido, el % de paro y la calidad de los empleos austriacos y otras bonazas socioeconómicas, a lo mejor sí se aceptaría. Pero el petate español va de otra cosa más ´chunga

Lo único que generará es más crisis y más injusticia social. Por ello los gobiernos necesitan disfrazar estas medidas a través de los mal llamados pactos sociales. Son experimentos con gaseosa, mal planificados, con muchas prisas, sin consenso social y con recovecos secretos en el documento de la agenda de cambio y las propuestas de reformas enviada por Pésanchez al Gobierno de la Unión Europea.

La catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Miren Extezarreta, asegura que “la crisis de las pensiones  es algo inventado, construido socialmente”. Y Etxezarreta, gran experta en movimientos sociales y en economía de las pensiones, reitera que otros gastos públicos y sociales se financian desde el Estado, y no suponen ningún problema. Así como se hace con la Educación, Sanidad, Justicia, las Fuerzas Armadas, la Monarquía, etc.

La brecha en las pensiones aboca al triple de mujeres mayores a la dependencia pública. Por ejemplo, más de 250.000 andaluzas tienen como único ingreso la paga de viudedad, cuya media es de 664 euros al mes. Y esta pensión roza el umbral de pobreza. En diez comunidades autónomas la paga media por viudedad, que es de 712 euros, se encuentra por debajo de esa frontera que marcan los 721 euros.

El sistema público de pensiones es un derecho por el que reivindicamos una pensión mínima de 1084 euros, una revalorización de las pensiones con el IPC anual, con garantía de todo ello en los presupuestos generales del Estado y con más impuestos.