Viernes, 23 de agosto de 2019

El preocupante estado de la (ir)responsabilidad medioambiental en España

España es el país que en 2018 tenía más procesos abiertos por infracciones ambientales de toda la Unión Europea.

 

Crystie Paulette Chamorro Basurto

Activista por los Derechos Humanos

España, en el marco de la Unión Europea, no distinto a sus vecinos, está ampliamente comprometida con la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, o al menos, en teoría. En dicho marco se cuenta con una serie de políticas ambientales que proponen el cumplimiento de varios objetivos que van desde la prevención hasta el resarcimiento de los daños. Todos los países miembros comparten estos objetivos y cada país maneja las vías para el cumplimiento de tales cometidos. Las instituciones europeas manejan los procesos correspondientes que cumplen con los debidos seguimientos con objeto de reconocer si los Estados están cumpliendo con estos compromisos, en caso de que no entonces se activa el principio quien contamina paga. Pero en la práctica no es difícil apreciar cómo los países muestran poca responsabilidad con los compromisos medioambientales adquiridos.

La situación se vuelve mucho más preocupante cuando las infracciones en el tema suman 32, siendo este el número más elevado en las estadísticas europeas. Pues este es el caso español, país que en 2018 agrupaba más procesos abiertos por infracciones ambientales de toda la Unión Europea. De entre los casos más importante figuran los niveles de nitrato en el agua como consecuencia de un inadecuado control de la ganadería de porcino; la situación de una normativa europea que se adaptó mal a nivel nacional con respecto a la regulación sobre animales usados para investigación; y otra normativa de gestión de vertederos, que debe ser aplicada por los ayuntamientos, pero estos la han pasado por alto continuamente.

El escenario es poco alentador, pues sumando a esto, la falta de atención que se da a la cuestión del medio ambiente en los propios ámbitos públicos se completa el panorama de un Estado imprudente con unos poderes públicos que no prestan atención al tema. Un reciente informe de la organización SEO/Birdlife expone que, en el Parlamento español, entre 2011 y 2016, las cuestiones medioambientales representaban solo un 0,44% entre los temas tratados, es decir, en lugar de impulsar una visibilidad a los casos y al tema medioambiental, los propios poderes públicos los relegan. No es muy difícil pensar que esto se da así porque intervienen intereses económicos.

España ha venido mostrándose en pro de los principales motores mundiales de defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito europeo, como con la Agenda 2030 en el seno de la ONU. Se han mostrado señales que buscan materializar el compromiso ambiental a través de la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, queda bastante por hacer, principalmente, de cara al elevado número de infracciones que aún quedan por procesar.

Al hablar del medio ambiente es preciso hacer hincapié en que nos encontramos ante los reconocidos como derechos de tercera generación, entre los cuales se declara como derecho humano un medio ambiente sano con objeto de goce a plenitud del resto de los derechos humanos. En España, en el artículo 45 de la Constitución, queda recogido tanto el derecho como el deber de preservar el ecosistema. Los objetivos medioambientales a nivel nacional como internacional miran hacia un desarrollo sostenible al que le hace mucha falta ir más allá de los discursos, se requiere empezar a dar pasos hacia lo tangible, pasos que precisan de poderes públicos e instituciones que cumplan el papel de motor con miras sobre avances óptimos y eficaces.

En el ámbito comunitario europeo, los países miembros se comprometen a la prevención y lucha por el medio ambiente. Las políticas ambientales de la Unión tienen por objetivos la prevención y también la corrección de los daños. Además, cuentan con la Directiva sobre responsabilidad medioambiental siguiendo el principio de quien contamina paga. La Directiva tiene por objeto tanto prevenir como reparar los daños causados.

En el marco de la Unión Europea, como se ha señalado, España presenta el número de multas más alto entre países miembros que han cometido infracciones que afectan el medio ambiente. La situación se agrava cuando al procesar los casos no consiguen ser resueltos sino que más bien se alargan y con ellos muchas veces los efectos que se están teniendo en el medio ambiente. En España la irresponsabilidad en materia medioambiental y por tanto sus sanciones van desde el agua, tanto contaminación como sobreexplotación, pasando por residuos mineros, el tema de la caza, hasta la contaminación del aire.

Resulta imprescindible, además de urgente, que España estructure planes de prevención no solo con miras al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Unión, sino en pro del medio ambiente y de ecosistemas sostenibles. Y cuando hacemos referencia a España es por ser sujeto de derecho internacional público, es decir, al que se le imputa en caso de incumplimiento, pero la responsabilidad es también de las administraciones en todos sus niveles, así como del conjunto de actores públicos y privados, que no nos encontramos al margen de la responsabilidad para con el medio ambiente, con la lucha por un desarrollo auténticamente sostenible.