Miércoles, 23 de octubre de 2019

La trampa de la bajada de impuestos

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Una de las características de los países socialmente más avanzados del mundo, donde apenas hay desequilibrios económicos, donde los ciudadanos disfrutan de sus derechos sociales y hay menos corrupción política y económica, es la consagración del “Welfare state” (Estado del bienestar). Como ejemplos más significativos tenemos al grupo de los países nórdicos: Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia y al de países continentales como Francia, Alemania, Austria o Suiza. Los estados del sur de Europa: Italia, Grecia, España o Portugal, poseen una estructura económica y social menos cohesionada y se vislumbra en ellos, con mayor nitidez, las bolsas de pobreza y la desigualdad económica entre ricos y pobres.

Otra de las características de estos países que mantienen una estructura más o menos consolidada del “welfare state” es la de que los ciudadanos, en general, tienen muy bien interiorizado el deber de contribuir, mediante los tributos, con la Hacienda Pública. Y derivado de esto, la corrupción social, política y económica es infinitamente menor que en los países de cultura latina y mediterránea. En España, por ejemplo, aunque la Carta Magna establece, en su artículo 31 que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”, y aunque desde el poder político se transmite un respeto escrupuloso por la Constitución del 78; en realidad, no hay una conciencia tributaria de “igualdad y progresividad”, sino todo lo contrario. El ejemplo más significativo es que en las campañas electorales, los partidos políticos (sobre todo de la derecha ideológica) saben que proponer bajadas de impuestos es muy electoralista y produce la reacción esperada de los ciudadanos a la hora de depositar el voto. Lo que desconoce gran parte de la ciudadanía (sobre todo la que pretende pagar menos impuestos, aunque la rebaja sea de apenas 10 euros al año), esa mayoría de ciudadanos que pertenecemos a las clases medias y a las más desfavorecidas (con ingresos más bajos), es que cuando hay “rebaja de impuestos”, los que más se benefician son los propietarios de grandes fortunas, que pagarán millones de euros menos a la Hacienda Pública. La consecuencia directa es que el Estado, -garante de todos, no lo olvidemos-, tendrá menos ingresos públicos.

Si el Estado y el resto de administraciones territoriales tienen menos ingresos públicos, podrán intervenir menos en los procesos económicos y podrán corregir menos los desequilibrios sociales. Se irán convirtiendo poco a poco en un Estado Liberal de Derecho y, con ello, a la desprotección y al empobrecimiento progresivo de las clases menos pudientes que, no olvidemos, son la mayoría de los miembros de nuestra sociedad. Además, los estudios empíricos lo demuestran claramente. Durante los años de gobierno del PP, de M. Rajoy, se incrementaron las desigualdades entre los españoles, los pobres no sólo aumentaron en número, sino también en recursos, mientras que los más ricos incrementaron considerablemente sus fortunas. Esta crisis del “welfare state” es lo que provoca las enfermedades más graves de la sociedad, lesionando su cohesión y destruyendo los principios de solidaridad, tolerancia y equidad y aumentando, por consiguiente, la pobreza, la marginalidad, la exclusión social y la delincuencia. Los ejemplos más significativos de estas sociedades los tenemos en muchos países que culturalmente nos son próximos, como muchos de los latinoamericanos y que, aunque formalmente son democráticos, no existe ni Estado de Derecho ni Estado Social, las bolsas de pobreza, marginalidad y delincuencia son elevadas, la corrupción política y económica es la nota característica de sus gobernantes y no hay una regulación fiscal real inspirada en los principios de “igualdad y progresividad”.

El respeto al orden social, la conciencia tributaria justa y la lucha sin cuartel contra las economías sumergidas, deben impulsarse por el poder político y deben manifestarse, en primer lugar, en el sistema educativo. No es de recibo que los gobiernos del PP derogasen las leyes educativas que pretendían impulsar asignaturas del tipo de “educación para la ciudadanía”, absolutamente necesarias para inculcar a los más pequeños esa mentalidad que genera sociedades justas, solidarias, tolerantes, democráticas y de respeto a los derechos humanos de todos. Y también, como es lógico, esa conciencia tributaria que construye sociedades modernas y avanzadas. Sólo así podremos acortar distancias con los países socialmente más avanzados: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Alemania, Francia, Austria… Sólo así podremos garantizar nuestro propio futuro y el mantenimiento de una sociedad que, aunque no sea perfecta, es infinitamente mejor: la del Estado del Bienestar. Y sí, se camina hacia ella, contribuyendo, cumpliendo con las obligaciones que tenemos como ciudadanos libres e iguales, atendiendo siempre a esa justicia distributiva de la que muchos reniegan.

Desconfiemos, pues, de esos políticos que nos quieren “vender la burra” pregonando bajadas ilimitadas de impuestos; es una trampa que sólo beneficia a los más ricos.