México: un recuento de las cifras relacionadas con la ausencia de paz y violaciones de DDHH en los últimos años

Alexis Silva Tosca

Activista por los Derechos Humanos

México es un país referente de impunidad, violaciones generalizadas de derechos humanos y de ausencia de paz; circunstancias que se originaron por diversos factores socioeconómicos y políticos, entre los cuales destacan, lato sensu, la pobreza, la desigualdad y la corrupción institucional. Claramente, tales factores no tienen su génesis en el último sexenio, sino que se remontan a vicisitudes de antaño que, con el transcurso del tiempo, han pasado a ser parte del día a día de los mexicanos; situación que se ha “normalizado” entre la población, en tal grado que no resulta extraño presenciar diariamente a través de los medios de comunicación casos de inseguridad pública —principalmente homicidios y desapariciones de personas—, así como violaciones de derechos humanos. 

En este orden de ideas, resulta importante considerar las impactantes cifras respecto a la ausencia de paz y las violaciones de derechos humanos publicadas por Amnistía Internacional durante los últimos años, tomando como referencia el lapso de tiempo que duró el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, quien ocupó el cargo como Presidente de la República a partir del 1 de diciembre de 2012. 

Así pues, una de las variables que resulta útil para medir el nivel de paz en un país es la cifra de homicidios perpetrados en un periodo determinado. Al respecto, Amnistía Internacional elabora anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Esta organización reportó que durante los primeros nueve meses del 2013, se registraron 26.001 homicidios en todo el país; más tarde, al finalizar el 2014, se reportaron 35.930 asesinatos; por su parte, el 2015 cerró con 33.017 homicidios; en el 2016, hasta el mes de noviembre, Amnistía Internacional hizo públicos 36.056 asesinatos; finalmente, en 2017, la cifra aumentó trágicamente en comparación con el primer año del mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, registrándose 42.583 homicidios en todo el territorio nacional. En cuanto al 2018, Amnistía Internacional se encuentra elaborando el informe respectivo.

Ahora bien, otro tema que debilita la consecución de justicia en México es el relacionado con las desapariciones en general y, específicamente, las desapariciones forzadas. En agosto del 2014, el entonces gobierno federal reconoció que había 22.611 personas desaparecidas, de las que 9.790 habían desaparecido en dicho mandato, es decir, desde diciembre del 2012. Al terminar el 2015, había 27.638 personas desaparecidas o con paradero desconocido, de las cuales 20.203 eran hombres y 7.435 eran mujeres —cabe resaltar que no se especificó el número de desapariciones forzadas—. Posteriormente, al finalizar el 2016, se tuvo una cifra total de 29.917 personas desaparecidas; este año fueron 22.414 hombres y 7.503 mujeres —es de resaltar que en ese mismo año se presentaron cargos contra cinco marinos por la desaparición de Armando Humberto del Bosque Villareal, quien fue hallado muerto en el Estado de Nuevo León con un balazo en la cabeza después de su detención arbitraria—. Por su parte, el 2017 cerró con 34.656 personas desaparecidas; 25.682 hombres y 8.974 mujeres. Lo anterior desvela que, durante dicho mandato entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, desaparecieron 21.835 personas en México.

Asimismo, el gobierno federal mexicano ha sido señalado por ejecuciones extrajudiciales, como por ejemplo, el caso ocurrido en 2014 en Tlataya, Estado de México, donde miembros del ejército mataron a 22 presuntos integrantes de una banda delictiva. Amnistía Internacional informó en su momento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, así como una Comisión especial de investigación del Congreso de la Unión concluyeron por separado que la mayoría de los fallecidos habían sido abatidos cuando ya no representaban una amenaza. A este respecto, el Centro ProDH —organización no gubernamental— señaló que esto se debía a una orden militar para “abatir delincuentes”.

Amnistía Internacional reportó que en 2015, de acuerdo con información publicada por periodistas, dieciséis personas desarmadas fueron asesinadas por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad  en el municipio de Apatzingán, Estado de Michoacán, lo cual ocurrió en el marco de manifestaciones de un grupo de autodefensa. En adición a ello, durante ese mismo año, en el municipio de Tanhuato del Estado de Michoacán, más de 40 civiles resultaron asesinados en una operación policial; ulteriormente, Amnistía Internacional dio a conocer que al menos dos de las víctimas habían sido torturadas y 22 fueron ejecutadas extrajudicialmente, señalando que la policía había alterado pruebas, con la colocación de armas en las víctimas.

Durante el año 2016, se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo por la iniciativa propia de grupos de familiares, en lugar de autoridades o expertos forenses; de tal manera que autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, Morelos. De igual forma, el 19 de junio de ese mismo año, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, Estado de Oaxaca, durante una operación policial ante un bloqueo de carretera en alusión a la reforma educativa de ese entonces. Por último, durante el 2017, hubo un operativo militar en Palmarito Tochapan, Puebla, en el que se reportaron siete personas fallecidas. De los vídeos que circularon en internet —donde se mostraba a una persona con uniforme militar disparando a un hombre que yacía en el suelo—, Amnistía concluyó que había pruebas suficientes de ejecuciones extrajudiciales. 

No menos preocupante es observar las cifras de asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos años. Por ejemplo, en el 2015, el reportero Rubén Espinosa Becerril y la  activista Nadia Dominique Vera Pérez, así como tres mujeres más, fueron hallados sin vida en un apartamento de la Ciudad de México; cabe mencionar que tanto Espinosa Becerril como Vera Pérez abandonaron el Estado de Veracruz a causa de amenazas. Al año siguiente, en 2016, fueron asesinados 11 periodistas, cifra superada en 2017, ya que se registraron 12 homicidios a periodistas y defensores de derechos humanos en el país, lo cual constituyó la cifra más alta desde el año 2000, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Las cifras relativas a la ausencia de paz y violaciones de derechos humanos en México parecen increíbles, mas forman parte del día a día de los mexicanos, y lamentablemente se han incrementado a medida que pasan los años. Es por ello que gran parte de la población se encuentra esperanzada en que el gobierno actual —de izquierda por vez primera en la historia política de México— porte consigo un cambio positivo en la vida de los mexicanos. Esto solamente podrá reflejarse en los próximos informes que publiquen organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.