Viernes, 19 de abril de 2019

Un erial abandonado

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Nuestra Comunidad Autónoma (Castilla y León) es una región que parece estar condenada a desaparecer debido a la sangría poblacional que ha sufrido en los últimos 30 años. En el último censo, de 2018, sigue siendo la región española que más población ha perdido y tiene 16.637 habitantes menos que en 2017. Esa es la herencia que nos han dejado 32 años ininterrumpidos de gobiernos del PP. Desde que Aznar llegó a nuestra tierra y se llevó los votos no hemos hecho más que retroceder posiciones demográficas en el ranking nacional.

No obstante, la pérdida porcentual de población de las ciudades de Castilla y León es menos preocupante que la de los pequeños municipios. Algunos de estos han perdido más de un 70 % en los últimos 30 años y la inmensa mayoría de los habitantes de los pueblos son personas de avanzada edad, jubilados y pensionistas. Muchos municipios han perdido todo el tejido productivo que tenían y se encuentran en una fase de enfermedad terminal. La comarca de Vitigudino, por ejemplo, con 56 municipios cuenta con tan sólo 16.500 habitantes, en 2018, cuando en los años 50 del pasado siglo habitaban estas tierras cerca de 55.000 personas. La densidad de población no supera los 7 habitantes por kilómetro cuadrado y los geógrafos afirman que cuando la tasa poblacional de una región, comunidad o localidad baja de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado entra en una fase de enfermedad terminal.

Lo mismo ocurre en otras poblaciones y comarcas. Resulta penoso que ciudades como Béjar, que a principios del siglo XX poseía una de las industrias textiles más prósperas de España (incluso más que las empresas catalanas del sector), se haya convertido en un pueblo industrialmente vulgar que también está perdiendo habitantes de forma alarmante y lo más grave aún, sin perspectivas de recuperación y crecimiento, al menos a corto y medio plazo.

Los jóvenes sólo tienen futuro en esta tierra hasta que terminan sus estudios, porque después, necesariamente, tienen que emigrar hacia zonas del territorio nacional más prósperas en tejido industrial y productivo (Cataluña, País Vasco, Madrid o Baleares) e incluso a otros países más industrializados y con gobernantes más eficaces y menos corruptos.

Ya no hay casi escuelas abiertas -y no es que no haya niños porque, como diría Pablo Casado, las mujeres aborten y no sepan lo que “llevan dentro”-, sino porque no hay casi mujeres en edad fértil. Los agricultores y ganaderos también van desapareciendo porque estas profesiones, debido a la orografía del terreno y a las escasas reformas en el régimen de propiedad de la tierra, cada vez aportan menos recursos económicos y las ayudas públicas son escasas. Me parece muy bien que se defiendan actividades como la caza, pero no estaría mal que los parlamentarios de las Cortes defendieran igualmente y con tanto ahínco los recursos y el tejido productivo que han servido de sustento a nuestros antepasados. Las políticas públicas hay que abordarlas con seriedad, persistencia y sostenibilidad y no por la enfermiza obsesión electoralista. Pero la realidad nos dice que las políticas públicas no se incrementan, sino que retroceden constantemente. Y un claro ejemplo es que la Junta de Castilla y León está retirando médicos y resto de personal sanitario, cuando se necesitarían más debido al envejecimiento de la población (la inmensa mayoría de los habitantes tiene más de 65 años).

Y si prosperan algunas propuestas como la del candidato del PP a la presidencia de la Junta, Fernández Mañueco, de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y de otros impuestos, habrá aún menos recursos públicos en una comunidad, como la nuestra, que necesita de un incremento de los mismos para poder sostener las políticas públicas de educación, sanidad, servicios sociales o dependencia. Si los ingresos disminuyen, la administración regional no podrá hacer frente a esos servicios básicos y necesarios para los ciudadanos y tendrá que privatizarlos. Si los privatiza, ¿de dónde saldrán los recursos económicos de los ciudadanos para poder pagarlos? ¿de los salarios basura que ha provocado la reforma laboral de Rajoy de 2012 y que percibe la cada vez menos población activa que hay en la región? ¿o, tal vez, de las pírricas pensiones que reciben los jubilados que se han dedicado en cuerpo y alma a la agricultura o ganadería?.

Ante esta triste y patética situación, resulta hiriente e insultante que el PP tenga el desparpajo de decir que ellos son los únicos que tienen soluciones viables para que Castilla y León se suba al tren del progreso económico, cuando después de 32 años de gobiernos “populares” , somos menos y estamos más empobrecidos. Como diría Groucho Marx: “partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria”. Con estos antecedentes, no son creíbles las propuestas del candidato a presidente de la Junta de Castilla y León, Fernandez Mañueco, como tampoco lo es  que acuse a la izquierda de querer “romper España”, cuando son ellos los que están poniendo en peligro el progreso económico y  los principios y valores de una sociedad democrática. Romper España es no atender a las necesidades de los ciudadanos, sobre todo los mas vulnerables y eso es lo que han hecho durante estas 3 largas décadas. En nuestra tierra hay que hablar menos del “proces” y más de cómo abordar nuestras necesidades, que son muchas y complejas y de nuestro futuro.

A primeros de los ochenta y en el transcurso de una vista de los reyes Juan Carlos y Sofía a Salamanca, el entonces alcalde de la ciudad,  Jesús Málaga pedía a los monarcas más atención, más ayudas y un mayor grado de implicación hacia  los salmantinos, porque, de lo contrario, Salamanca y su provincia se convertirían en un auténtico “erial abandonado”. Por desgracia hacia eso vamos si no ponemos remedio.