Miércoles, 11 de diciembre de 2019

España, un país hipotecado

Ante la falta de tiempo y apoyos para aprobar leyes siguiendo los trámites legales, el presidente Sánchez ha recurrido a los decretos leyes, fórmula que sólo debe utilizarse en casos extraordinarios.

Así pues, en tan sólo ocho meses de gobierno, se  suben las pensiones y se pagan atrasos, también suben los salarios y se disparan las prestaciones sociales. Por decreto ley se recupera el carácter universal de la sanidad pública para todos los residentes desde el primer día sin tener la obligación de empadronarse; por decreto ley se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios para atender a los asilados y refugiados; por decreto ley las víctimas de violencia de género podrán recibir ayudas sin denuncia previa; por decreto ley los parados de larga duración podrán cobrar el subsidio hasta la edad de jubilación sin tener en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Y así hasta un total de 25 decretos leyes a cual más favorable para los ciudadanos.

Ante esta batería de  decretos leyes los españoles deberíamos sentirnos tranquilos, pero como el presidente no ha explicado de dónde va a salir el dinero y todos somos conscientes de que no lo hay, más bien nos sentimos preocupados.

Si el presidente Sánchez pierde las elecciones, los que gobiernen, no tendrán más remedio que volver a los recortes, y todos sabemos que ningún partido meterá la tijera en cargos, asesores, gastos de representación, sueldos vitalicios de políticos y servicios que sólo sirven para justificar jefaturas; si las gana, volverán los ayuntamientos a dejar de pagar a los proveedores, subirán las cotizaciones a los autónomos y trabajadores que, paguen lo que paguen, sólo tendrán derecho a pensiones mínimas, se reducirán las plantillas de trabajadores, volverán a suprimirse pagas extraordinarias, se congelarán los sueldos,  surgirán impuestos absurdos, se dispararán los precios, las multas, las sanciones, y por picaresca o por necesidad, crecerá la economía sumergida, el abuso de bajas médicas y la práctica de rechazar empleos por ser más rentable no trabajar que hacerlo. Total, que digan lo que digan las urnas, a partir del 28 de abril España, gracias a los decretos leyes del presidente Sánchez, será un país hipotecado.