Jueves, 23 de mayo de 2019

La figura del relator

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Hemos conocido que el gobierno central ha aceptado la propuesta de la Generalitat catalana de crear un “relator”, que certifique los diálogos entre los distintos partidos para mejorar el clima de entendimiento sobre el problema catalán. Con independencia de que en este tipo de reuniones entre gobierno y Generalitat deba existir una persona que haga una relación de los asuntos tratados y de las deliberaciones y acuerdos correspondientes, las formaciones políticas nacionalistas excluyentes españolas (PP. Ciudadanos y Vox) han puesto el grito en el cielo diciendo que es una “traición a España” y una nueva cesión del gobierno central a los independentistas catalanes.

La verdad es que no sé qué tipo de políticos tenemos actualmente en España. ¿Cómo se puede decir por parte de dos líderes políticos como Casado y Rivera, quienes, al parecer, son expertos en Derecho, -al menos eso es lo que consta oficialmente en sus curriculum-, que un presidente ha cometido “alta traición”?¿ha cometido alguno de los delitos previstos en el Código Penal vigente regulados en los artículos 581 a 588? ¿ha inducido a potencia extranjera a declarar la guerra a España, ha facilitado al enemigo la toma de una plaza, puesto militar o aeronave del Estado, seducido a tropa española, para que se pase a las filas enemigas, o ha suministrado armas para hacer la guerra a España, o  ha suministrado planos al enemigo, de fortalezas o edificios? Si esto no es así (como parece), ¿no deberían rectificar, los que falsamente acusan? Y si están convencidos de que el presidente ha cometido un delito de “alta traición”, ¿por qué no han presentado la denuncia o la querella en los tribunales de justicia competentes? Si no han interpuesto la oportuna denuncia o querella deben saber que estarían, presuntamente, cometiendo un delito de calumnia, al imputarle de un delito teniendo conocimiento de su “falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” como establece el artículo 205 del Código Penal.

Esta visión de la España guerracivilista  que presenta la tétrica derecha política española, ha sido apoyada por sus aduladores mediáticos; aquéllos que no quieren que los políticos se sienten a hablar para intentar acercar posturas y resolver los problemas, dialogando, consensuando y pactando, como seres civilizados que somos y en una sociedad democrática plenamente consolidada como la que convivimos, o, al menos, eso es lo que creemos. Una visión de España pisoteada por las botas de militares rebeldes y no por el resultado de los votos de los ciudadanos

Es cierto que las oleadas de integrismo están empañando las relaciones entre los ciudadanos, los políticos y las instituciones en la sociedad actual (que no es más tolerante que la de hace 40 años, ni menos resentida, sino todo lo contrario), en la que líderes sin cerebro, sin carisma y sin talante, gobiernan, por desgracia, en países relevantes de la esfera mundial. Y en España da igual que los dirigentes del PP sean Fraga, Aznar, M. Rajoy o Casado; porque, cuando están en la oposición, quién dirige su acción política, quién los mueven como a marionetas, son los poderes fácticos y económicos que están detrás, esos que quieren moldear España a su antojo como lo han hecho a lo largo de la historia con un falso patriotismo de banderas en los balcones. “Hay que salir a la calle como sea, nos inventamos cualquier excusa para intoxicar a la opinión pública diciendo que “los socialistas, comunistas, bolcheviques, separatistas y terroristas que nos gobiernan están vendiendo España y traicionando su destino”. Cualquier excusa es perfecta: el terrorismo, la ley de matrimonio homosexual, la educación en valores cívicos y constitucionales, “no sea que los niños aprendan educación en valores de ciudadanía y nos quiten el chollo de adoctrinarles en el ideario de la vieja y casposa España”, la de “cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María” que decía Machado, “la, atrasada, analfabeta, dormida y sentada a la vera de los caminos de la historia” de la que hablaba Azaña.

                  Como dije anteriormente, no sé si es necesaria la figura de relator en el diálogo gobierno Generalitat, sí la de un fedatario o un secretario que rinda cuentas de lo hablado, de lo consensuado, de lo acordado, siempre dentro de los límites de la legalidad vigente, que está para cumplirse y, si se quiere una reforma, se aborda por los cauces democráticos, como en cualquier país civilizado, sin tragedias y sin falsos patriotismos cargados de odio y de resentimiento. No lo sé. Ahora bien, de lo que sí estoy seguro es de que si hubiera habido un “relator” (con la acepción aquí defendida) en las actuaciones del PP, probablemente no habría permitido que se hubiera pagado -según los informes de la Guardia Civil- con facturas falsas provenientes de la trama Púnica, un acto político del grupo juvenil Nuevas Generaciones del PP en 2012 y en el que intervenía Pablo Casado (líder de esa corriente en aquéllos tiempos). Pero de esto, como de la situación de la sanidad, de la problemática de los taxis, de la subida de las pensiones o del salario mínimo interprofesional, de los recursos destinados a las víctimas de violencia de género, de la grave despoblación que padecemos en ciertas zonas de España como la de Castilla-León y los pueblos de nuestra provincia salmantina, que están desapareciendo poco a poco, de esto, insisto, no se habla; no interesa. Así nos va.