Domingo, 26 de mayo de 2019

El voto particular en contra de un consejero de CSN pone más dudas sobre la mina de Berkeley en Retortillo

La opinión de Jorge Fabra refuerza el recurso interpuesto por Equo y Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional contra la Autorización Previa que otorgó el anterior Gobierno, y que está a punto de resolverse

Las obras de la mina permanecen paradas desde hace más de un año ante la falta de autorizaciones administrativas

El voto particular en contra del consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, durante el trámite de apreciación favorable a los programas de vigilancia preoperacionales, pone aún más dudas sobre la inocuidad de la mina y planta de concentrados de Retortillo que proyecta la empresa minera Berkeley en el Campo Charro. Esta posición coincide también con las afirmaciones de la Ministra en sede parlamentaria, que ponían de manifiesto de nuevo que los proyectos y licencias que la empresa australiana pretende obtener en Salamanca forman parte y están unidas a las instalaciones radiactivas, pues la planta de beneficio de uranio a cielo abierto es una instalación radiactiva de primera categoría, a la que se une el almacenamiento de residuos radiactivos. En este sentido, como recuerda Mª José Bueno, coportavoz de EQUO Castilla y León, “las instalaciones proyectadas por Berkeley en Salamanca requieren un tratamiento conjunto por parte de las distintas administraciones implicadas, tal y como ha expresado en un voto particular de Fabra”.

Precisamente, este asunto es el eje central del recurso contra la Autorización Previa que otorgó el anterior Gobierno, presentado por EQUO y Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional, que está a punto de resolverse, y que ahora se ve "reforzado" por este voto particular del Consejero del CSN.

“La empresa minera ha cambiado su proyecto en anteriores ocasiones, contando con el beneplácito de los órganos que deben aprobar los distintos permisos necesarios para que opere la única mina de uranio de Europa occidental. Eso ocurrió con la Autorización de uso excepcional en suelo rústico del proyecto Retortillo-Santidad, olvidándose de pedir la autorización al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, porque sabía que ese Ayuntamiento no se la iba a dar, renunciando a la solicitud inicial para hacerlo únicamente en Retortillo, cuyo Ayuntamiento es favorable a la empresa multinacional”, ha recordado José Ramón Barrueco, concejal de Equo en Villares de Yeltes y portavoz de la plataforma Stop Uranio. 

Según EQUO, esta acción dio pie a la Resolución del Procurador del Común que consideró no ajustada a derecho la Declaración de Impacto Ambiental aprobada si se modificaba hacia una Autorización de uso parcial. El partido verde también recuerda que la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) envió a finales del año pasado al Congreso de Diputados un documento con respuestas a las preguntas que se le formularon en su comparecencia en sede parlamentaria en la que se cuestionaba el conjunto del proyecto denominado por Berkeley ‘Mina Salamanca’. 

"Desde que surgió el Proyecto de explotación de uranio su tramitación ha sido irregular, y ante las graves y peligrosas consecuencias que tiene esta mina a cielo abierto para la salud de las personas y el medioambiente, las administraciones competentes deberían cumplir la legislación y desde Equo es lo que exigimos", ha declarado Mª José Bueno. “Y frente a esta obligación, la Junta pretende modificar la Ley ‘ad hoc’, como hemos visto en su reciente propuesta de la Ley de Urbanismo Castilla y León por la que las empresas mineras podrán llevar a cabo proyectos en lugares próximos a los núcleos urbanos, primando los intereses económicos particulares de las empresas mineras, sobre el interés general de la ciudadanía”, concluía. 

Así, el partido verde denuncia que la idea de la empresa minera “es rellenar los huecos de las distintas minas proyectadas (Retortillo-Santidad, Zona 7, Alameda) con los residuos de la planta de tratamiento de Retortillo, lo que conllevará una vigilancia especial de esas zonas por el peligro que ello supone para los moradores actuales y futuros del Campo Charro, y sin ninguna responsabilidad para la empresa que se va a beneficiar de la explotación de uranio”. Asimismo, denuncian que la aprobación parcial del CSN “ha sido utilizada por la empresa para su negocio bursátil, sin que los permisos sean definitivos”.