Viernes, 24 de mayo de 2019

El crimen de Laura Luelmo

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Un horrible crimen ha vuelto a encoger nuestros corazones. Una mujer ha sido nuevamente agredida sexualmente y asesinada por un desalmado y malvado personaje. Laura Luelmo, la joven profesora zamorana que recientemente había tomado posesión de su puesto en un pequeño pueblo de Huelva, una persona con tan sólo 26 años y con toda una vida por delante, no regresó a casa después de salir a hacer deporte, a correr por el campo.  Vaya por delante y antes de cualquier análisis penológico sobre el asunto, mi más sentido pésame a los familiares y la más enérgica condena a éste y todos los hechos gravísimos que se cometan.

Y después de un acontecimiento de este calibre surgen siempre voces interesadas que quieren utilizar el caso políticamente y de una forma carroñera. Estas voces lo único que piden son incrementos desproporcionados de las penas de prisión, como si esta fuera la única y milagrosa solución, en lugar de reclamar más medidas preventivas e incremento de recursos personales y materiales para intentar evitar estos execrables hechos. En otras ocasiones hemos esgrimido hasta la saciedad que el incremento de penas no es la medida eficaz para evitar los crímenes y sabemos que los sistemas penales que mantienen penas más elevadas (pena de muerte o cadena perpetua, por ejemplo) y unas condiciones más duras e inhumanas de cumplimiento de la privación de libertad, no son los que tienen los índices de criminalidad más bajos, sino todo lo contrario.

No podemos basar la prevención del delito únicamente en medidas penales porque el Estado Social y Democrático de Derecho tiene el deber de ofrecer a todos los ciudadanos unos derechos sociales y económicos que son más efectivos para la prevención: educación, sanidad, servicios sociales y políticas de bienestar, además de impulsar una distribución de la renta y riqueza más equitativa, evitando la marginalidad, la pobreza y la exclusión social. Si a esto le unimos más recursos en seguridad ciudadana, la eficacia en la prevención del delito se incrementará considerablemente. De lo contrario, si esas políticas se abandonan al albur de un radical liberalismo económico y se recortan los recursos humanos al servicio de las políticas públicas, nos invadirá la ley de la selva y no sólo habrá más crimen, sino también más desigualdad y pobreza, fracturándose peligrosamente los jirones de la cohesión social y de la convivencia.

Por otro lado y ya en el ámbito exclusivamente penológico y penitenciario, para conseguir la tan ansiada reinserción social de los condenados, el Estado tiene el deber de ofrecer programas de tratamiento a este tipo de delincuentes violentos (agresores sexuales, violencia machista y violencia en general) en los centros penitenciarios, implementados por sus profesionales de los Equipos Técnicos de las Juntas de Tratamiento, prioritariamente, y por organizaciones no gubernamentales con las que el sistema penitenciario tiene firmados convenios de colaboración.

Hay que dejar muy claro que nuestra legislación penitenciaria es de las más avanzadas del mundo, pero para que se puedan cumplir dignamente todos sus preceptos es necesario que el Estado destine los recursos personales y materiales adecuados, algo que no se ha hecho debido a los drásticos recortes en políticas sociales que hemos sufrido en los últimos años. Las cárceles no sólo necesitan profesionales penitenciarios de vigilancia, sino también maestros, formadores, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas y criminólogos que puedan afrontar las necesidades de servicio público y actividades (educativas, laborales, culturales, ocupacionales, formativas, deportivas, recreativas y asistenciales) y programas específicos de intervención para las tipologías delictivas que así lo requieran, que promueven la reinserción de los condenados y, por ende, la disminución de la reincidencia que proteja mejor a la sociedad frente al crimen.

En relación a los delitos contra la libertad sexual (que están ocupando los debates en la opinión pública por los últimos y lamentables casos de Laura Luelmo y Diana Quer) hay estudios empíricos que verifican la eficacia de los programas de tratamiento para los agresores. En algunos casos, los resultados nos demuestran que la reincidencia es hasta cinco veces más en delincuentes que no han seguido estos programas de intervención que quienes lo han realizado (30 % de reincidencia, frente a 6%).  

Para finalizar y ya fuera del contexto del artículo de este sábado 22 de diciembre, deseo a todos (quienes estén de acuerdo con mis reflexiones y quienes las critiquen y censuren, -porque nadie ostentamos el don de poseer la verdad absoluta y todas las posiciones deben ser escuchadas y respetadas-) una Feliz Navidad y un maravilloso año nuevo 2019.