Detén el efecto dominó

El derecho a una vivienda viene consagrado tanto en la Constitución Española, en su artículo 47, donde se establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, para lo cual, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes; como en nuestro Estatuto de Autonomía, que, en su artículo 16, establece como principio rector de las políticas públicas, el deber de promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, de la ciudadanía de Castilla y León a una vivienda digna, con especial atención a las personas desfavorecidas.

 

 

La vivienda es un derecho nuclear que ha estado siempre mediatizado por las fuerzas del mercado, por la gran magnitud de su importancia como actividad económica. El tratamiento de este derecho a nivel público, salvo la esporádica aparición y desaparición hace unos años del ministerio de Vivienda (2004-2010), no tiene un reflejo adecuado a su importancia en la estructura administrativa de los poderes públicos, ni a nivel estatal ni a nivel autonómico.

Lo recomendable sería que no se destinara más de un 33% de los ingresos, como se determina en la Ley de Derecho a la Vivienda. Sin embargo, los gastos anuales que, según la Encuesta de Presupuestos familiares, destinaron las familias castellanas y leonesas a la vivienda (agua electricidad, gas, combustibles, mobiliario y mantenimiento del hogar) fueron 9.323.93 €, es decir, destinaron cerca de un 38% de la renta anual media de la que disponen. Pero las personas que atiende Cáritas Diocesana suelen destinar, de media, más del 50% de sus ingresos sólo al alquiler y los recibos de los suministros.

 

La inmensa mayoría de los hogares ha llevado a cabo tres estrategias de cambio y en bastantes ocasiones, estas corresponden con una de cada uno de los bloques principales: la reducción del consumo de energía, la aceptación de condiciones laborales poco deseables y la reducción de gastos en el pago de vivienda, como el haber cambiado a una vivienda más barata (15,6%), el compartir casa con algún familiar para afrontar los gastos o incrementar los ingresos (11,4%), compartir piso con alguien no familiar (9,5%) y la vuelta a casa de algún hijo/ hija que no podía seguir viviendo independiente que se ha producido en más de 1,5 millones de hogares.

A lo largo de este último año Cáritas Diocesana de Salamanca ha llegado a 1.413 familias, cuatro más que el año anterior, mediante 2.579 ayudas, con un importe de 528.100, destinados a ayudas de alquiler y suministros (gas, luz, agua).

Cáritas ofrece ayuda a través del recurso de acogida y atención primaria, donde se realizan ayudas de alquiler y suministros. Por otro lado, se lleva a cabo un acompañamiento a las familias ofreciendo asesoramiento. Se apoya para que las familias no pierdan sus viviendas, ayudando en el pago del alquiler a los que están en situaciones extremas, pero también buscamos asegurar que dentro de la vivienda no se pierdan las condiciones mínimas de habitabilidad, por lo que también se apoya en los gastos de luz, gas, agua, a las familias que más lo necesitan.

Además, se ofrece respuesta a las personas que no tienen hogar a través del Centro de Acogida Padre Damián y de la Casa de Acogida Samuel de enfermos de sida a lo largo del año.