Viernes, 18 de enero de 2019

El examen de las oposiciones para personal de servicios de la Junta se basó en un Estatuto de Autonomía sin actualizar

Varias preguntas de la prueba, a la que convocaron a más de 5.800 aspirantes en Salamanca, refieren en el enunciado artículos incorrectos

Participantes en la oposición de personal de servicios de la Junta, que se examinaro el pasado día 2, en Salamanca. Foto de Alberto Martín

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León que manejó el nuevo tribunal de la oposición para elaborar el examen para cubrir 384 plazas de personal del servicios (limpiador, camarero, portería...) de la Junta que tuvo lugar el domingo, 2 de diciembre, es anterior a la reforma de 2007. Eso, o que los miembros del tribunal que sustituyó al que renunció tras anular la Consejería de Presidencia el primer examen echaron mano de preguntas de cuestionarios antiguos.

El test, segundo al que se enfrentaban los aspirantes a hacerse con una estas plazas de la plantilla autonómica, puesto que el que se celebró en junio fue anulado por entender que el cuestionario estaba mal elaborado, incluye preguntas que citan artículos incorrectos del Estatuto de Autonomía en vigor.

La numeración a la que se refieren las cuestiones que abordaron el primer domingo de diciembre apróximadamente la mitad de los más de 18.000 inscritos (se presentaron alrededor de uno de cada dos) corresponde a la del Estatuto de Autonomía previo a la reforma del 2007, que introdujo cambios al incorporar derechos, deberes y materias nuevas que variaron la correlación del articulado.

Así, la pregunta 54 instaba a los aspirantes a demostrar si controlaban el contenido del artículo 23 del Estatuto de Autonomía sobre la disolución anticipada de las Cortes. El artículo 23 en vigor, que es el válido para el examen, define cómo las Cortes eligen al presidente, la Mesa y la Diputación Permanente, que funcionan en plenos y comisiones y que los procuradores se integran en grupos parlamentarios. Nada sobre la disolución de las Cortes, de la que sí hablaba el artículo 23 previo a la reforma.

La utilización de un artículo erróneo también se da en la pregunta 55, sobre cómo se nombra al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. El examen del día 2 pide a los aspirantes que respondan con arreglo al artículo 29 del Estatuto de Autonomía, que en el texto previo a los cambios de 2007 sí versaba sobre el personal judicial, pero no en el que está en vigor. El artículo 29 actual es el que recoge la prerrogativa del presidente de la Junta y sus consejeros de no ser detenidos ni retenidos salvo en caso de «flagante delito» y su aforamiento, «correspondiendo decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León». El artículo correcto para la pregunta del examen es el 41, no el 29.

Otra pregunta dudosa del tema del Estatuto de Autonomía es la 57 que aborda la figura del Procurador del Común, pero sobre contenidos desarrollados en la ley que regula la institución del defensor autonómico y, en ningún caso sobre la redacción genérica que refleja el artículo 18 del Estatuto de Autonomía sobre esa figura institucional.

Reclamaciones hasta el 11 de diciembre

Los participantes en este segundo examen tienen de plazo hasta el 11 de diciembre para plantear reclamaciones sobre el mismo. Alguno de los aspirantes apuntan que hay preguntas referidas a la actividad diaria de los puestos que se ofertan que instan a responder sobre símbolos que ya no se usan como si estuvieran en vigor. Estarían fuera de norma, lo que ocurriría también con otras sobre limpieza, caso de la número 6, que pregunta sobre la limpieza del terrazo de un baño. «en 2008 la norma decía que se hacía de una manera y en 2018 de otra», apuntan.

Contra el examen de junio, una vez publicada la plantilla definitiva de la prueba, se formularon 181 recursos administrativos por entender que había preguntas que no se ajustaban al temario y otras que eran de una dificultad inapropiada para el nivel de las tareas que se desempeñan en las plazas ofertadas. Los responsables de la Consejería de Presidencia resolvieron que la preguntas se ajustaban al temario pero que había 13 de las 40 que debían de versar sobre cuestiones prácticas que tenían una orientación «claramente teórica». Y anularon ese examen.

68 opositores que consideraban que habrían aprobado ese examen, que el tribunal no corrigió, pero sobre el que se publicó la plantilla de soluciones, han acudido al juzgado por entender que su repetición atenta contra el principio de igualdad en el acceso a un empleo público. Defienden que el examen debería haberse corregido y adjudicado las plazas a los que lo habían superado. El asunto está pendiente de fallo.