PP e IU desmienten categóricamente cualquier reunión ‘secreta’ en torno al crematorio

Partido Popular e Izquierda Unida han salido al paso del escrito de alegaciones presentado en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por el empresario Fabián Martín -responsable del controvertido tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio-, en torno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada el pasado mes de agosto, que versa sobre el uso funerario.

Esa modificación se votó en el Pleno del Ayuntamiento, donde el PP apoyó el voto particular presentado por IU para que no pueda haber crematorios en cualquier parte de la ciudad como se planteaba originalmente en la modificación del PGOU (que hasta entonces no recogía nada en torno a los usos funerarios).

Según asegura el citado empresario en su escrito de alegaciones, días antes de la votación en el salón de plenos, responsables de Partido Popular e Izquierda Unida mantuvieron una reunión en un establecimiento hotelero de Ciudad Rodrigo con representantes del otro crematorio de la ciudad, el de la empresa Tanatorio Ciudad, y que eso les habría 'influido' a la hora de votar, considerando que deberían haberse abstenido.

Tanto Partido Popular como Izquierda Unida desmintieron en la mañana del lunes de forma categórica que se haya celebrado esta reunión (ni que se hayan reunido únicamente los partidos), pese a que el empresario llega a decir que es "un hecho cierto y demostrable". Tanto PP como IU explican que las únicas reuniones que han mantenido en torno al crematorio, y de forma separada, son con el propio empresario que ahora le acusa, Fabián Martín.

Por un lado, desde IU, su portavoz Domingo Benito señala que asistió en el Despacho de la Alcaldía a una reunión solicitada por el empresario, en la que estuvieron presentes, además del solicitante, el Alcalde, el Delegado de Urbanismo, técnicos municipales y varios asesores jurídicos y urbanísticos de Fabián Martín. En la misma, se presentó al concejal de Urbanismo una propuesta de modificación del PGOU similar a la que se acabó llevando a Pleno, "y a la cual voté en contra y presenté voto particular".

De esa reunión, Domingo Benito resalta que los asesores de Fabián Martín trasladaron al Ayuntamiento la necesidad de hacer "ya" una aprobación inicial de la modificación del PGOU "para que se le pueda decir al juez que hay algo" y "se suspenda la ejecución", comprometiéndose el concejal de Urbanismo a "trabajar en esto".

Por su parte, Marcos Iglesias explica a Ciudad Rodrigo Al Día que el PP ni se ha reunido con "la competencia" ni con Izquierda Unida, y que sólo lo han hecho hace ya bastante tiempo (hace aproximadamente un año) con Fabián Martín, a solicitud suya, en este caso en la sede del partido en la Avenida de Béjar.

Conocido el escrito presentado por Fabián Martín, tanto IU como PP están estudiando la puesta en marcha de acciones legales. Según señala Domingo Benito, "me reservo el derecho a ejercitar cuantas acciones judiciales sean necesarias al objeto de preservar mi honor ante la falsedad absoluta de las manifestaciones".

En la misma línea se expresan desde las filas populares en un escrito registrado en el Ayuntamiento (dirigido al alcalde y al secretario), donde indican que van a analizar "la gravedad de las acusaciones que se vierten contra concejales del PP", de tal modo que "o rectifica, o nos reservamos el ejercicio de acciones legales por si ha podido incurrir en infracción al honor, ya que todas las acusaciones que vierte son falsas".

El empresario llegó a dirigirse a la Diputación de Salamanca

En declaraciones efectuadas a Ciudad Rodrigo Al Día, Marcos Iglesias expresa que, desde su punto de vista, el empresario sólo quiere "embarrar". En este sentido desvela que, antes incluso de presentar sus alegaciones en el Ayuntamiento, el empresario se dirigió a la Diputación de Salamanca solicitando hablar con su Presidente sobre este tema.

Como señala el portavoz del PP, "no entendemos porque un señor se dirige a la Diputación, que no tiene competencias para nada en este asunto; lo queremos entender como un desahogo, pero nos parece muy cuestionable". Al conocer el motivo de la reunión, la Diputación no le llegó a recibir.

Marcos Iglesias indica que "la clave" es que la modificación aprobada el pasado mes de agosto a la que el empresario presenta alegaciones, en este momento ya no le afecta, ya que, más allá de sus "expectativas" de futuro (es decir, que haya una regulación del uso funerario que le permita reabrir), en este momento no posee ningún tipo de licencia para ninguna actividad funeraria, ni siquiera la de tanatorio.

Concretamente, hay una resolución de la Alcaldía dictada el 22 de enero de este año -tras los pronunciamientos judiciales que se han ido sucediendo-, donde se ordena la anulación de las licencias de apertura y ambientales de la instalación del Camino del Cementerio, con lo cual, desde esa fecha -y al menos legalmente- "no tiene ninguna instalación orientada al servicio funerario". Por lo tanto, "no tiene ninguna instalación que quede afectada con la modificación del PGOU" que se aprobó en agosto.

Respecto al hecho de que la instalación pueda seguir funcionando a día de hoy pese a tener las licencias anuladas (como también se recoge en otra alegación presentada en el Ayuntamiento), Marcos Iglesias apunta que "vamos a estudiar" si es cierto y si así fuera, "remitirlo al Ministerio Fiscal", porque "no puede tener ninguna actividad sino tiene autorización".

Por otro lado, en torno a la "acusación muy grave" de que los concejales de PP e IU tienen "intereses particulares" en el asunto -lo que se demostraría ya que votaron lo mismo pese a su "disparidad ideológica"- Marcos Iglesias subraya que ese argumento ya de por sí es "ilógico": "todos los concejales tendríamos causa de abstención", ya que la modificación del PGOU afecta "a todo Ciudad Rodrigo".

De igual modo se pregunta por qué Fabián Martín no plantea causa de abstención para el resto de concejales, y solo para los de PP e IU: "si hay que analizarlas, hay que analizarlas todas, no sólo las que a él no le gusten". En este sentido concluye que, siguiendo ese argumento, "no habría ningún concejal que pudiera votar este asunto".