Jueves, 13 de agosto de 2020

La constitución: cómo la vimos venir

En el otoño de 1978 hice campaña a favor de la actual constitución. Para mi punto de vista, que era el del Partido Comunista de España, resultaba un buen punto de partida para el futuro de una España democrática. No era lo que queríamos, pero nos parecía un logro suficiente teniendo en cuenta que:

1.- Era una ruptura legal con la dictadura franquista, en tanto que garantizaba las libertades políticas básicas y derogaba las leyes franquistas. Hoy quizá no se valora bastante lo que eso significaba, teniendo en cuenta el pasado y las graves dificultades y amenazas en que avanzó el proceso de transición: el terrorismo de ETA y de los ultras, la violencia de las fuerzas de seguridad, las movidas de los oficiales franquistas (que lo eran casi todos), la crisis económica, el telón de fondo de la Guerra fría, el aislamiento exterior… Sin olvidar el condicionante principal: la permanencia del aparato de Estado franquista y de buena parte de su clase política, administrativa, judicial y económica, sin depuración alguna. (Algo anómalo y en contraste con lo que ocurrió en anteriores cambios de régimen).

Eso mismo limitó la posibilidad de una política de atención a las víctimas del franquismo y de memoria histórica relacionada con los valores de la II República. Se dio lo que Vázquez Montalbán llamó un “empate de debilidades” entre las fuerzas de la oposición y las del régimen franquista, de modo que no fue posible derrocar la dictadura e implantar un gobierno provisional democrático que hubiera abierto un auténtico proceso constituyente y llevado a cabo el correspondiente programa de depuración del Estado, como se había hecho en aquellos países que habían sufrido regímenes fascistas.

2.- En cuando a los derechos económicos y sociales (salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social…) la constitución los dejaba pendientes de desarrollo legal y político posterior. Creíamos entonces que las fuerzas de izquierda y los movimientos ciudadanos, actuando ahora en condiciones de libertad, podrían acercar esos objetivos mediante la normal actividad política y sindical. 40 años después, el balance no puede ser satisfactorio, si bien son evidentes los avances en materia de educación, salud y –hasta cierto punto– seguridad social. En algún caso, la situación es aberrante: vemos la coexistencia de desahucios a la vez que un enorme parque de viviendas vacías fruto de la especulación y en manos de una banca a la que ha habido que rescatar con dinero público.

3.- Además, la constitución se presentaba como algo “moderno” y “avanzado”, contemplando cuestiones como la limitación del uso de la informática “para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar” (art. 18.4), algo llamativo en un país que aún no sabía lo que eran los ordenadores. También defendía “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado… y el deber de conservarlo”, así como el uso racional de los recursos naturales, previendo sanciones para quienes violaran esos principios. Esto complació a los grupos ecologistas y conservacionistas que empezaban entonces a moverse en España. (Es curioso que este artículo, el 45, recordara el del mismo número en la constitución de 1931, que rezaba: “El Estado protegerá (…) los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico”.) Como en el apartado anterior, el balance en este aspecto dista de ser satisfactorio: la urbanización masiva, el desarrollo de la civilización del automóvil y el alto consumo de energía fósil, entre otras cosas, dificultan una relación armónica con el medio natural.

(Continuará)