Lección magistral

A principios del presente mes, comentaba en estas mismas páginas el malestar general de la sociedad ante lo que parecía indecisión del Tribunal Supremo: el tema del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Para entendernos, quién debería pagar los gastos de la hipoteca, el banco o el solicitante del préstamo. Eso nos daba pie para comentar la confusión originada por dos sentencias de ese organismo completamente opuestas. Todo nos llevaba a declararnos contrarios a ciertas decisiones jurídicas susceptibles de poder ser interpretadas como secuelas de  una cierta falta de independencia de quienes las dictan.

En el Título VI de nuestra Constitución se especifica la misión y el funcionamiento del poder judicial; y, para dar cumplimiento a cuanto en él se dictamina, se aprobó la L.O. 6/1985 del Poder Judicial,  que detalla cuanto se refiere a la elección de los magistrados del Supremo, así como del nombramiento de su Presidente. En aras de la independencia judicial, alguien tendrá que garantizar, de una vez,  la tantas veces repetida separación de poderes. La injerencia del poder legislativo (léase partidos políticos) lleva muchos años dejando en papel mojado esa pretendida independencia. Ya nos hemos acostumbrados a ver como normal que cada partido político haga valer sus escaños para proponer, precisamente, a determinados vocales, y no a otros. Si los magistrados reúnen los requisitos personales y profesionales que marca la ley, ese empeño en elegir a uno determinado da a entender que otros condicionantes de índole política pueden ser apreciados para fines partidistas. Es muy sospechoso –yo diría que bochornoso- comprobar cómo, a la hora de emitir un determinado dictamen, los vocales dividen matemáticamente sus votos por “colleras”. Si los que tienen adjudicada la etiqueta de “conservadores”, votan blanco,  los calificados como “progresistas”, indefectiblemente, votan negro. Señores, esto no es serio. Los políticos se saltan a la torera lo establecido en la ley, y los jueces, con su manera de proceder, siguen el juego a los políticos ¿Cómo no vamos a desconfiar los ciudadanos de cierta falta de independencia en nuestro poder judicial?

Por aquello que se dice de la mujer del César, la conducta de jueces y magistrados no debería dar lugar a equivocaciones. El artículo 127 de nuestra C.E. dice:

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos”.

Las asociaciones de jueces y fiscales, es cierto que no llevan el nombre de sindicatos, pero se parecen mucho en su orientación. Los miembros de la Fuerzas Armadas y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también son funcionarios que, como jueces y fiscales, tienen el mismo patrón: el Estado. Según la Constitución, los primeros ni pueden sindicarse ni tienen derecho a la huelga; jueces y fiscales, por el contario, tienen una sindicación encubierta y reconocido su derecho a  la huelga. ¿Por qué estas distinciones?

Llevamos mucho tiempo admitiendo como normal que los partidos políticos se repartan sus “recomendados” en los órganos superiores del poder judicial, y que los magistrados correspondan exactamente a lo que esos partidos esperan de ellos. Y esta irregularidad ha llegado a ser admitida por el poder y la oposición. Tan es así, que, en el colmo de la osadía, un reciente intento de constituir la nueva plantilla del Tribunal Supremo ha servido para que el representante de un partido haya consumado la desfachatez de usar las redes sociales para presumir de haber llevado a buen término la “maniobra” imprescindible para manejar ese organismo “desde atrás” .Antes de que los vocales encargados hubieran consumado la elección del Presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, los muñidores políticos ya habían rematado su chalaneo, sin contar con el protagonista. Además de ilegal, es el fruto de unos irresponsables que, por ser miembros del poder legislativo, deberían ser inmediatamente separados de su condición. Pero no sólo ellos, también los embaucadores que movieron las cuerdas desde la sombra. Si lo desgraciado de este hecho ha servido para que, en lo sucesivo, se cumpla la legalidad, algo positivo habremos conseguido.

 Me gustaría conocer todas las ofertas y contraofertas que se pusieron sobre la mesa hasta llegar al consenso final. Más que nada, porque nos ayudarían a conocer mejor la verdadera calaña de algunos políticos. El elegido, sin comerlo ni beberlo, ya accedía al sillón, por una parte, con la pesada carga de no defraudar a ninguno de los bandos, y por la otra, con el añadido de dar por sentado que aceptaba la forma de haberlo conseguido. En ambos cabos, pendía sobre él la espada de Damocles.

Afortunadamente, quiero pensar que aún quedan muchos juristas que se visten por los pies, y que la integridad y profesionalidad del juez Marchena son las únicas palancas que le han movido a renunciar al cargo. Ha dictado una lección magistral de la que deben beber los políticos zascandiles.  Desconozco si este magistrado podrá llegar un día a ocupar el puesto. A juzgar por su respuesta, de lo que sí estoy seguro es  que sería un presidente íntegro. En el mismo platillo de la balanza que mide la dignidad, hay que colocar al letrado Edmundo Gal, abogado del Estado encargado de la causa del “procés” catalán. Por negarse a firmar un documento elaborado por el gobierno, en el que se estimaba delito de sedición, pero no el de rebelión, fue cesado fulminantemente por la ministra del ramo –tres veces reprobada por nuestro Parlamento. De poco sirvieron las múltiples declaraciones de varios miembros del Gobierno –incluido el Presidente- asegurando que siempre se respetaría la decisión tomada por la Abogacía del Estado. En esta incruenta batalla, el abogado Gal repitió la famosa frase del almirante Méndez Núñez: “Más vale honra sin barcos….”