Preocupación entre los vecinos de Comuneros por restos de amianto en un antiguo concesionario

La iniciativa surge tras las conversaciones mantenidas con vecinos de Salamanca que residen en la avenida de los Comuneros y alrededores. Según las quejas vecinales, todo parece indicar que los techos del conocido edificio donde se ubicaba Citroën son de uralita y se encuentran muy deteriorados.

"Este edificio está completamente rodeado de zonas residenciales y la situación podría afectar a la salud de las personas que allí viven", explica la procuradora de Podemos por Salamanca, Isabel Muñoz, que ha registrado una pregunta en las Cortes de Castilla y León sobre las actuaciones que realiza la Junta de Castilla y León para la localización de edificaciones con estructuras o restos de amianto, así como para la protección de la salud pública como consecuencia de los riesgos asociados a este material, "peligros que son sobradamente conocidos".

Para Isabel Muñoz, "es imprescindible que el problema del amianto se aborde desde una perspectiva de salud pública. Las vecinas y vecinos de Salamanca que residen en las cercanías de la avenida de los Comuneros me han trasladado sus legítimas preocupaciones; en este y en todos los casos las Administraciones públicas deben responder con rapidez y eficacia para garantizar la protección de la salud de las personas. Queremos conocer cuántas edificaciones pueden resultar dañinas para la

salud de las y los salmantinos y qué medidas se van a adoptar para proteger a las personas".

La pregunta parlamentaria de Muñoz se une a una larga lista de iniciativas presentadas por Podemos CyL para solucionar los problemas que ocasiona este peligroso material. Meses atrás los procuradores de Podemos, Carlos Chávez y Ricardo López, registraron una proposición no de ley para instar a la Junta a adoptar medidas en relación con el amianto tales como la realización de un inventario del amianto presente en los edificios públicos de Castilla y León, la elaboración de un proyecto

calendarizado, y con partida presupuestaria suficiente, para la retirada del material tóxico y la elaboración, en colaboración con las instituciones locales, de un mapa de infraestructuras que contengan el material tóxico, con especial atención a aquellas relacionadas con el uso humano como son tuberías, canalizaciones, revestimientos en tubos de calefacción, dobles techos, etc.