Hacer puñetas

Con la cautela propia de alguien que siempre se ha declarado dueño de unos conocimientos muy elementales en temas jurídicos, económicos o financieros, hoy pretendo exteriorizar las sensaciones que me produce la actual situación de nuestra sociedad. Hasta los no iniciados en estas materias asistimos a un constante bombardeo de opiniones de quienes deberían saber más que nosotros. Sin embargo, por mucho que pretendamos olvidarnos del tema, también somos protagonistas pasivos de lo que se cuece en la política y, al final, nos afecta directamente lo que deciden las altas esferas.

La tan traída y llevada –nunca mejor dicho- controversia del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) ha sido la guinda que ha coronado el pastel de la incertidumbre. Hasta ahora, incluso los menos instruidos, confiábamos en la seriedad, imparcialidad -y casi infalibilidad- de los órganos superiores de nuestro Poder Judicial. Varios acontecimientos surgidos en un espacio muy corto de tiempo han venido a socavar esas primeras convicciones. Como muestra de lo que digo, voy a referirme a unos casos concretos.

En pleno funcionamiento el “ventilador” de un policía corrupto, se han visto salpicadas –de momento- varias personas que ocupan cargos de responsabilidad. Una de ellas es la actual Ministra de Justicia que, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, tuvo conocimiento de un hecho delictivo de carácter grave,  y no solamente incumplió su obligación de notificarlo, sino que lo negó repetidas veces. Ese miembro de nuestro sistema jurídico no ha dimitido e, incluso, ha sido disculpada por el mismo partido que ha exigido la dimisión “fulminante” de quien ha aparecido en otra grabación, y no lo ha negado.

Un exponente más de esa sensación de desencanto han sido las desafortunadas declaraciones del Ministro del Interior, con ocasión de los últimos acontecimientos de Alsasua, tratando de justificar el rechazo –yo diría que odio- de las personas que insultaron a quienes querían dar su apoyo a los miembros de la Guardia Civil, y sus parejas, brutalmente agredidos en un bar, y, a la vez, proclamar la españolidad del territorio de Navarra. Lo último que se podía esperar de un miembro del Gobierno, juez de profesión, es ponerse del lado de los delincuentes y en contra de las víctimas. ¿Diría lo mismo si los agredidos hubieran sido simples ciudadanos, y sus compañeros pretendieran darles ánimos? ¿Se atreverá a decirle a su Presidente que el iluminado que pretendía atentar contra él lo hacía porque está provocando descaradamente a los españoles? Claro que la consigna ha sido muy clara; el portavoz del PSOE en el Senado, casualmente ha empleado el mismo razonamiento y las mismas palabras para criticar a los asistentes al acto.

Para completar el cuadro surrealista, una sentencia reciente de la Audiencia de Barcelona censura la actuación de la Guardia Civil por entender que no debía haber cumplido la orden, dictada por un juez, de impedir las votaciones del triste 1-O. .Resulta muy difícil de entender que los miembros de un Tribunal censuren las órdenes de otro juez sin dirigirse a él, sino a los agentes encargados de hacer cumplir lo ordenado. Algo chirría en el sistema.

En el caso del impuesto AJD, en sentencia de una Sección de la Sala Tercera del Supremo, se dictaminó que debería correr a cargo de los bancos. Lo que suponía un cambio radical de la norma, se transformó en terremoto financiero. Después de hacerse pública la sentencia, lo primero que le viene a la mente a todo sufridor de una hipoteca es saber si puede recuperar lo que ha pagado indebidamente, y desde cuándo debe resarcírsele. Ni que decir tiene que el nubarrón más negro se presentaba a esa banca abocada a devolver varios miles de millones. La reacción fue tan importante que los bancos perdieron en la Bolsa 5000 millones en dos días. El montante de lo que estaba en juego, junto a la falta de concreción de la medida, movieron al Presidente de la Sala a convocar un Pleno que, para sorpresa de todos, revocó la primera sentencia, volviendo a la situación primitiva. No me atrevo a calificar el fallo, porque no estoy capacitado para ello, pero otras personas que sí lo están ya se han manifestado afirmando que se ha manejado la situación de forma poco acertada. Lo que sí he sentido ha sido un retroceso en el grado de confianza que me merecen, no el sistema, sino algunas de las personas que lo conforman. Por un lado, se ha contribuido al deterioro de esa imagen de imparcialidad e independencia que envolvía a nuestro Poder Judicial. Se corre el peligro de que los profanos podamos pensar que algunos jueces están sometidos a la presión de sectores interesados o a determinadas fuerzas políticas. Además, esta sensación de aparente debilidad y enfrentamiento interno, puede servir de apoyo a quienes próximamente vayan a ser juzgados por este Tribunal. De hecho, el ínclito Torra –que presume de no reconocer a la Justicia española- pretende querellarse contra el Presidente del Supremo. El tema es más serio de lo que parece. No pocos medios del extranjero ya están esperando el final de esta confrontación para transmitir una sensación de debilidad de nuestro ordenamiento jurídico y arrimar el ascua a la sardina de los golpistas.

Para nadar y guardar la ropa- algo en lo que sí está doctorado Pedro Sánchez- el Consejo de Ministros ha sido rapidísimo para aprobar otro RD (y van….) para cambiar la ley y, a continuación, decir que el Gobierno acata la decisión del Supremo pero, la última palabra no puede ser de nadie que no sea Pedro Sánchez: “Los españoles nunca más volverán a pagar el impuesto de las hipotecas”  Permítame, Sr. Presidente, que tampoco le crea esta vez. Es más, tampoco le creen los que tienen esas hipotecas; ni los de su partido. Sin embargo, a pesar de no ser doctor en nada, voy a darle una fórmula para que esa mentira se la crean todos. Ud. puede publicar, mañana mismo, otro RD suprimiendo ese impuesto que se sacó de la manga su compañero Felipe González. Lo que sucede es que las Autonomías – y en especial las gobernadas por el PSOE- dependen en buena parte de ese y otros impuestos para mantener el grado de despilfarro y corrupción que tan oprimida mantiene la vida de los españoles. Sí; ya sé que el organigrama autonómico necesita muchos fondos para poder funcionar con eficacia. Eso es verdad, pero sólo relativa. No existe en nuestro entorno ninguna nación que tenga tal proporción de funcionarios. Ninguna. Y lo más grave es que se está permitiendo que muchos de esos funcionarios estén infrautilizados, a base de subcontratar algunos servicios a empresas privadas. En más de una ocasión se ha demostrado que esas contrataciones escondían amiguismo y, lo que es peor, contraprestaciones en metálico.

El régimen del 78 tuvo que “capear” los primeros envites del nacionalismo a base de una fórmula que contentara a todos: la institución de las Comunidades Autónomas. El tiempo se ha encargado de aclarar las cosas. Desde que murió Franco hasta que acabaron de organizarse las Autonomías, los españoles  teníamos los mismos departamentos que ahora (Gobiernos Civiles, Diputaciones, Delegaciones Provinciales, Ayuntamientos, etc.), con muchos menos funcionarios y, también es cierto, se manejaban menos fondos. Actualmente persisten los antiguos organismos, además de todos los autonómicos. La única solución a este dispendio está en el aumento de la política impositiva. Si a todo este desmadre unimos la obsesión de sobrepasar los imprescindibles topes en el gasto público, acabaremos pagando por el aire que respiramos. Si no vuelve la sensatez a los que tienen la responsabilidad de gestionar los fondos, esto se va a hacer puñetas.