Domingo, 18 de agosto de 2019

Con la Iglesia hemos topado

Pues sí, la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunión hace unos días con el portavoz del Vaticano, Greg Burke, para tratar varios asuntos de interés sobre todo para nuestro país, ya que para la Iglesia Católica no parecen serlo tanto a la vista de los escasos resultados obtenidos. La Señora Calvo,  al concluir la reunión afirmó que esta había sido cordial, útil, fructífera y productiva para ambas partes. Vamos como siempre suelen ser estas cosas.

En primer lugar estaba la cuestión de qué hacer con los restos del exdictador, a dónde trasladarlos. El portavoz dijo, poco más o menos, que les da igual, que no es un tema de su competencia, y lo en tiendo, porque a mí, particularmente, es una cuestión que no me interesa en absoluto, aunque entiendo que la propuesta de ubicarlo en la Almudena pueda herir sensibilidades.

Otra cuestión es la de los numerosos casos de abusos a menores por parte de sacerdotes. El portavoz informó que están en vías de modificar el Código Penal. Hombre, yo creo que tratándose de un delito civil en ningún caso relacionado con el ejercicio de su ministerio, los sacerdotes implicados en ellos deben ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Son delitos que atentan contra los derechos de menores en la moyoría de los casos, con independencia de que el autor sea sacerdote o no. Bueno parece que el Papa Francisco esto lo tiene claro, otros vicarios de su iglesia no tanto.

Y por último, las cuestiones económicas un terreno siempre complicado, confuso, y que ha acaparado las repercusiones mediáticas. Veamos brevemente de que polvos vienen estos lodos.

En 1953, Franco firmó un Concordato con la Santa Sede según el cual la Iglesia Católica española gozaría, a partir de ese momento, de ciertos favores tanto en cuestiones económicas como en el ámbito de la educación, un acuerdo que tiene rango de tratado internacional, extremo este ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que no es moco de pavo.

En 1998, el Gobierno de Aznar modifico la Ley Hipotecaria, permitiendo que la Iglesia católica – sólo la Iglesia católica – pudiera registrar a su nombre aquellos inmuebles que considerara suyos, y hacerlo únicamente con firma del Obispo de turno. Cuatro años más tarde, siendo todavía Presidente José María Aznar, se aprobó la Ley de Mecenazgo. Según esta, distintas entidades sin ánimo de lucro, entre ellas a la Iglesia Católica, pero también otras asociaciones confesionales que no lo son siempre que estén legalmente reconocidas, quedaban libertadas de pagar el IBI correspondiente a los inmuebles destinados al culto- Los católicos entendieron que también otros bienes como viviendas, terrenos, garajes, etc.; que habían regisreado a su nombre al calor de la modificación de la Ley Hipotecaria del 98.

El caso es que a día de hoy, ni siquiera la Conferencia Episcopal Española, tiene un registro exacto y completo de los bienes que posee en nuestro país. Una aproximación podría ser 24.000 entre Iglesias, templos y monasterio, a lo que habría que añadir 2.593 colegios católicos, 15 universidades, 22 facultades eclesiásticas, 71 institutos de enseñanza superiores, 65 hospitales, 56 ambulatorios o dispensarios y 773 residencias de ancianos y discapacitados. Además de centenares de pisos, campos, fincas, cementerios, garajes, colegios, etc.; y todo esto se beneficia de las exenciones fiscales sin ser en su mayoría lugares de culto. ¿Es justo? Bueno esa es la cuestión.

La justicia es un principio moral que nos inclina a obrar y juzgar conforme a la verdad y proporcionando a cada uno lo que le corresponde, por tanto si es un principio moral y la moral es un conjunto de costumbres y normas – no mentir, no engañar, no matar, no robar, etc. - que consideramos buenas a la hora de juzgar el comportamiento de las personas, estamos hablando de un ámbito fuera de la Ley, pues esta, la constituyen códigos y decretos establecidos por consenso y promulgadas por el poder ejecutivo, lo que obliga a su cumplimiento a todos los miembros de la comunidad, ya que no hacerlo acarrea sanciones o penas. Si aceptamos que esto es así, podemos afirmar que ciertas cuestiones aun siendo legales pueden resultar inmorales.

En mi opinión, todos aquellos bienes que sean Patrimonio Cultural y aquellos que cumplan una función útil para la sociedad, con independencia de la confesión religiosa a la que pertenezca y siempre que estén a disposición de todos los ciudadanos, pues se mantienen con nuestros impuestos, podría gozar de estos beneficios, pero ¿y el resto? ¿es justo que así sea? No se trata de perjudicar a nadie, se trata de compensar un persistente agravio comparativo?. A cada uno lo suyo, eso es lo justo.  

San Pablo, en la segunda carta a los Corintios advertía con estas duras palabras: "Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño: que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras[1]" Amén

 

[1] II Corintios, 13-15