Viernes, 15 de noviembre de 2019

Canadá, cannabis y canutos

Esta semana en Canadá ha entrado en vigor una ley integral para consumir marihuana de un modo controlado. Los norteamericanos del norte de norteamérica siguen la senda abierta por el paisito sudamericano del sur de sudamérica en 2013. Por mi querido Uruguay.

En España el debate está abierto. Aquí las normas que regulan el uso del cannabis se completaron en 2015 con la famosa Ley Mordaza. En ella se permite el cultivo, la tenencia y el consumo de la marihuana en lugares privados y siempre que no se vean las plantas desde la vía pública. Pero vamos, que está prohibido vender, comprar o transportar “maría” bajo multas que pueden ir de los 600 a los 10.400 euros. Y, ojo, hasta penas de entre uno y seis años de cárcel si el juez lo considera oportuno.

Desde Proyecto Hombre me cuentan que el consumo está disparado entre los jóvenes, sobre todo, porque la percepción del riesgo que conlleva fumarse un porro es mínimo tirando a nulo. Y desde el Ministerio de Sanidad la última encuesta sobre el fumeteo habla de que más de 300.000 compatriotas se encendieron un canuto el mes pasado. A esto hay que sumar que un científico del CSIC ha descubierto una preocupante conexión entre el alcaloide del cannabis y los brotes psicóticos y que se ha demostrado un porcentaje de adicción a la hierba que se sitúa en el 18%, lo que ya va siendo un porcentaje preocupante.

Por otra parte, hay cientos de estudios que han demostrado lo buena que es la marihuana con fines medicinales. Sobre todo para paliar el dolor. Eso es un hecho. En España se puede acceder a unas píldoras carísimas con receta médica elaboradas con el principio del cannabis. Pero no es de libre uso y ni siquiera los médicos lo consideran como una primera vía de tratamiento. Más bien lo contrario.

El debate, decía, está abierto porque con su legalización se ahorraría un dinerito considerable en lo que viene siendo el sistema policial, judicial y penitenciario entretenido en perseguir, juzgar y castigar a los que se lucran con el negocio ilegal de la marihuana. Por otro lado el Estado ingresaría una notable cantidad de euros en concepto de tasas e impuestos como hace ahora mismo con el tabaco o el alcohol. Controlaría la calidad del producto y hasta podría convertirse en uno de los principales productores de Europa dando una nueva opción a los agricultores españoles. Las condiciones para su cultivo en nuestro país parece que son más que idóneas.

Os cuento todo esto porque el otro día estuve en el Congreso en unas jornadas que organizaron los de Podemos sobre este asunto. Vinieron expertos de todo el mundo para hablar de la producción y la economía, de cómo están las legislaciones internacionales, de la cultura hipócrita en la que vivimos y de los beneficios (y riesgos) que supone desde un punto de vista médico y científico el fumarse un porro. Algo que, por desgracia, cada vez hacen nuestros menores a más temprana edad (en 16,4 años sitúan las encuestas el inicio del consumo).

Y yo, que me he empollado el tema, soy partidario de su liberalización. De que se le dé un acceso libre y legalizado. Con unas normas, claro. Como se viene haciendo con el alcohol y el tabaco. 

Eso sí, siempre que se destine la mitad de lo recaudado a prevenir sus riesgos entre los menores. Y hablo de un programa de Estado que involucre a la escuela y a los medios de comunicación. Sí, sé que esto es imposible. El problema, como siempre, no es el qué sino el quién, el cómo, cuándo, dónde y por qué. Y, sobre todo, quien se llevará la pasta.

Me fumo un canuto y me lo sigo pensando.