Lunes, 24 de septiembre de 2018

El retorno de los justos

Un hombre sentado en el banco de un parque de una ciudad española. A su alrededor, los niños juegan y gritan alegremente. La gente camina indiferente. El hombre del banco es un asesino sanguinario que ha enviado a la muerte a miles de personas, ha ordenado torturar a otros muchos y ha sumido a su país en el miedo, la represión y la desgracia. Sin embargo, el hombre se pasea tranquilamente caminando entre los niños, a los que sonríe. Nadie aquí, sin embargo, puede pedirle cuentas de sus actos, castigarle por ellos, hacer justicia a sus víctimas, porque todas sus tropelías y crímenes los cometió en otro país, y el gobierno de éste en el que el hombre se pasea impune, ha renunciado al principio de justicia universal y, por lo tanto, sus instituciones judiciales, sus fiscales, sus jueces y sus fuerzas de seguridad no pueden hacer nada contra el genocida.

A miles de kilómetros de las cunetas en que re-mueren de indignidad en nuestro país millares de asesinados, una jueza argentina abre una causa por crímenes contra la Humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista, mientras aquí, bajo los mismos cielos que vieron la sevicia y el crimen, las sacas, los fusilamientos, los seudojuicios sumarísimos y los cientos de miles de asesinatos y desaparecidos, los sucesivos gobiernos ningunean la historia y la reparación de los crímenes, alaban a los asesinos, se faltan al respeto a sí mismos y a su país obstinándose en mantener homenajes, placas, estatuas y reconocimientos a los verdugos e, incluso, expulsan de la judicatura al único magistrado, Baltasar Garzón, que se atrevió al intento de justicia para las víctimas de una dictadura tan sangrienta como innoble. Y es que en Argentina, sí; el principio de justicia universal que permite perseguir delitos de lesa humanidad cometidos en cualquier parte del mundo, hace que sus jueces puedan ejercer de tales, la Justicia brillar y sus ciudadanos llevar alta la cara y sentirse orgullosos, y saberse limpios, y mirar con decencia a los ojos de cualquiera y a su propio porvenir.

La justicia universal, un derecho que debe proteger a todas y cada una de las personas que habitan este planeta, y permitir perseguir los más graves delitos y a sus responsables en cualquier rincón del globo, es un principio que muchos países aplican y ejercen (y creen en él) con la decencia propia del compromiso y la decisión inherente a la honradez, aunque otros, como el nuestro desde hace años, han ignorado vergonzantemente a pesar de sus rúbricas, sus firmas, sus ampulosas declaraciones y sus brindis al sol por una democracia que, con vetos como este, se revela de tres al cuarto.

Hasta ahora.

La decisión de la nueva ministra española de Justicia (del gobierno de España) de cumplir los compromisos internacionales, de retomar la honestidad política y recuperar la aplicación del principio de justicia universal, es decir, la capacidad de los jueces españoles para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos ocurridos en otros países (y hasta en éste), es un aldabonazo en la conciencia que despierta la esperanza; una de esas alegrías íntimas que no se prodigan en el proceloso mundo de lo burocrático, y menos de lo político, pero que de vez en cuando elevan la mirada de los justos por encima del raquítico horizonte del barato posibilismo. La decisión del anterior gobierno conservador de este país de limitar hasta la anulación y el desprecio la aplicación del principio de justicia universal, muy en consonancia con la pátina reaccionaria con que aquel gobierno empapó España desde 2011, va a ser anulada más que por una decisión de tipo político, que también, por el triunfo de la conciencia moral, de la decencia; por la aplicación de un principio ético básico de honestidad, que en cualquier estado de derecho que se reconozca a sí mismo como tal, debe formar parte del corpus fundamental de sus leyes. Antes de final de año, se anuncia que una comisión de expertos detallará los extremos concretos para la aplicación efectiva del principio de justicia universal en España. Y el aire, entonces, será más respirable.