Martes, 21 de agosto de 2018

El impacto de las “iniciativas” económicas que nos iban a salvar.

Asistimos a un episodio más del largo problema urbanístico del espacio antes ocupado por el Cuartel “Julián Sánchez el Charro”. Tras la mágica solución del Partido Popular de modificar el Plan General (apoyada por PSOE y Ciudadanos), aparece la realidad. El Ministerio de Defensa, cuya presencia en esta historia nunca he entendido puesto que en los años 20 se le cedió suelo municipal (o al menos eso dicen los papeles de la época), también es beneficiario económico de esa operación urbanística y pide que le indemnicen con más de 14 millones de euros públicos.

Ya se ha hablado más que suficiente del tema, y por ello quería insistir en uno de los argumentos recurrentes para justificar todo esto. A lo largo de nuestra historia moderna se acumulan ejemplos de grandes operaciones económicas que resolverían nuestros problemas. Todas tienen en común la gran cantidad de puestos de trabajo que crearían, y al amparo de ello se justificaba cualquier fechoría legal.

Y esto también es una característica inherente a esas operaciones, la existencia de una legalidad que se termina forzando para que alguien se llene los bolsillos a costa de los intereses generales. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, toda la legislación urbanística a todos los niveles que le atañe ha sido elaborada gobernando el Partido Popular, y aun así varias veces los tribunales les han dicho que lo han hecho mal. Algo parecido está ocurriendo en la trasera del Hospital de la Santísima Trinidad, o con la mina de uranio de Retortillo.

Cuando meten la pata la pérdida de empleo es siempre el justificante para convencernos de lo útil que es incumplir la ley, y así tapar sus errores. En este caso es cierto que las circunstancias son distintas a lo habitual, el centro comercial en cuestión evidentemente no parece flor de un día, y por ello la inseguridad jurídica en la que se mueve no es nada buena.

Para ver el impacto real del empleo generado por el centro comercial, que desde luego no pongo en duda, me he fijado en la evolución de la afiliación a la Seguridad Social durante unos años en Salamanca ciudad y su entorno (los 8 municipios limítrofes), y en especial en 2009 como fecha de apertura. Supongo que estar en plena crisis económica tiene mucho que ver con que su impacto fue limitado, inapreciable al final del año. En realidad fue un año catastrófico para el empleo en la ciudad. En la tabla de 2009 se ve un notable repunte de afiliación en Mayo, que por la prensa del momento parece coincidir con la contratación de personal para esa actividad económica privada, que luego se fue paulatinamente perdiendo. Claro que habría sido peor si no se hubiera abierto, y sería un desastre si lo cierran. Por eso es vital dejar de jugar con esto cuando se tiene la obligación de tomar la iniciativa y resolverlo dentro de la legalidad.

Los datos de Salamanca y provincia no invitan precisamente a un futuro de optimismo. Ya he comentado la necesidad que tenemos de repensar nuestro modelo económico, las grandes ocurrencias a las que somos muy dados en nuestro país nunca resuelven los problemas. El despoblamiento galopante de provincias interiores como la nuestra, que no empezó ayer precisamente, exige que repensemos España, y cómo usamos y ocupamos el territorio. Y hay que hacerlo contando con toda la ciudadanía. La Constitución no está solo para aplicar los artículos que les interesan a unos pocos y sus bolsillos, está llena de derechos y obligaciones que todavía apenas percibimos.

Por cierto, la presente alza de los precios del petróleo, a la que España vuelve a llegar una vez más como un país demasiado vulnerable, pone de manifiesto lo dicho. En su momento se intenta cambiar el modelo energético para evitar esos problemas, y la tremenda inteligencia y buen saber de la derecha española nos ha llevado de nuevo a ellos, con la aquiescencia de sus votantes claro.

 

Para saber más de estadísticas de la Seguridad Social:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm