Miércoles, 15 de agosto de 2018

Poderes fácticos, Gobierno y Estado de Derecho

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Enrique Gimbernat, uno de los mejores penalistas de habla hispana que han existido (ya octogenario y con una lucidez encomiable), en el prólogo de la última edición del Código Penal publicado por la editorial Tecnos, plasma una entrevista que un periodista alemán del diario Der Spiegel realizó al entonces ministro de Finanzas Schäuble, político de la CDU, en el que le preguntaba que cómo era posible que siendo de ideología cristiana estuviera a favor del reconocimiento legal del matrimonio homosexual, a lo que el ministro contestó: “¿sabe usted cuál es la diferencia entre un ideólogo y un político cristianodemócrata? El político cristianodemócrata no hace política para las personas tal como deberían ser según su voluntad, sino para las personas tal como son”. En la misma línea, otro político del mismo partido alemán, Kauder, antiguo secretario general de la CDU y en una pregunta relativa a cómo seguían permitiendo una regulación tan permisiva de despenalización del aborto por el sistema de plazos, respondió en la misma línea, apuntando, además que: “no somos una República cristiana, en Alemania el Estado y la Iglesia, están separados”.

 ¡Casi lo mismo que ocurre en España con quienes nos gobiernan!. Ya le gustaría al PP tener unos políticos de los de la talla de la CDU de Merkel. Esa es la diferencia, no sólo con ese partido alemán, sino con la inmensa mayoría de los de centro derecha de la Europa a la que queremos parecernos. Nuestra Constitución, como la alemana, dentro de los derechos fundamentales y las libertades publicas, donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, se establece en el artículo 16.3, que ninguna confesión tendrá carácter estatal, o, lo que es lo mismo, España es un estado aconfesional donde Iglesia y Estado deben estar separados. Lo mismo ocurre con la independencia de la justicia, a juzgar por los últimos acontecimientos en los que un tribunal alemán ha considerado que Puigdemont no ha cometido delito de rebelión (a pesar de que la regulación del delito de Alta Traición en Alemania, -Rebelión en España-, es similar, exige conducta violenta por parte de quién lo comete y, la justicia alemana a diferencia de la española, no la ha apreciado, en sintonía con la tesis que muchos mantuvimos en su día, que defendíamos que era muy discutible apreciar violencia, tal como se prevé en el artículo 472 del Código Penal español, así como considerábamos que sí puede haber otros delitos cometidos por los responsables del “procés” como los de desobediencia, prevaricación, malversación y otros del estilo). Esto deja en muy mal lugar a los poderes ejecutivo y judicial españoles y, por desgracia, da alas a un independentismo que era residual antes de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña y de la soberbia con la que el gobierno de M. Rajoy ha tratado el asunto desde el primer día en que accedió al poder.

Debido a las anteriores consideraciones (cierro ya el largo paréntesis abierto por el eco de la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont, que he conocido hace tan sólo unos minutos en el momento en que redacto este artículo), no tiene demasiada lógica que durante los días de Semana Santa las banderas de los acuartelamientos españoles ondeen a media asta. Es una decisión ilegal puesto que el RD 684/2010 establece que las enseñas nacionales ondearán a media asta cuando haya luto nacional, fallezca algún militar en acto de servicio, el rey, la reina o los herederos; pero no por la Semana Santa. Al presidente M. Rajoy habría que contrarrestarle con su cantinela de que “hay que cumplir la ley”. En este caso quién la incumple es el mismo ministerio de Defensa y su gobierno.

Tampoco parece muy coherente con los principios y filosofía de un estado aconfesional como el nuestro que varios ministros del gobierno de M. Rajoy presidan (como miembros del gobierno, no su asistencia a título personal, que lo podrían hacer perfectamente conforme a sus creencias, faltaría más) la procesión del Cristo de la Buena Muerte junto a los legionarios y que entonen, -como unos legionarios más- el himno de la legión, conocido como “el novio de la muerte”. No sé si será un buen ejemplo para la ciudadanía que medio gobierno participe activamente en un himno que habla de actos de guerra, de violencia, de sangre y de muerte.

Resulta paradójico que, al tiempo que los tertulianos de los medios de comunicación ensalzaban o censuraban la presencia de los ministros en estas actividades procesionales, se supiera que una mujer legionaria del tercio Juan de Austria de Almería había sido sancionada, por las autoridades militares, con tres días de multa por no asistir a los actos de conmemoración de la festividad de la Inmaculada (8 de diciembre). El motivo por el que no asistió fue por el cuidado de una hija de 2 años que no pudo dejarla en ninguna guardería (cerradas por ser festivo) ni tampoco pudo quedarse la niña con su padre (también legionario y con las mismas obligaciones de presencia en la ceremonia). Los argumentos de la autoridad militar fueron que “es obligación de la legionaria desplegar los medios a su alcance, organizándose como estime conveniente, sin trasladar su deber de cuidado de los hijos a la institución castrense”(…)

No se si el gobierno de M. Rajoy y los miembros del PP estarán de acuerdo con esta decisión “castrense”, que respeta muy poco la conciliación de la vida laboral y familiar.  A juzgar por las declaraciones que hicieron cuando se vieron desbordados por el amplio seguimiento de la huelga feminista y las nutridas concentraciones y manifestaciones que se produjeron, no creo que comulguen con esta clara discriminación hacia los derechos de la mujer (sea legionaria, secretaria de estado,  funcionaria o camarera de hotel).

Por cierto, esa adhesión inquebrantable del gobierno de M. Rajoy y del PP al ideario católico es difícilmente compatible con la trayectoria de algunos  miembros de ese partido implicados en presuntos casos de corrupción, que, a juzgar por los hechos, están vulnerando, no sólo las leyes penales, sino las de su conciencia religiosa; hay tres de los “mandamientos de la ley de Dios” que parecen poco profesados por estos señores: el 7 (no robarás), el 8 (no dirás falso testimonio ni mentirás) y el 10 (no codiciarás los bienes ajenos). La última prueba de esto ha sido la actitud, sin escrúpulos, con soberbia y absoluta falta de ética, de la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que la han pillado “con el carrito del helado” en el asunto del famoso Master y, aún así, se queda tan fresca como si nada hubiera pasado. ¡Lo que hace el poder!; ¿no será que el Master que sí ha realizado Cifuentes habrá versado sobre cómo saber mentir, denigrar y criminalizar a quién te acuse por decir falsedades y quedarse como una rosa después?