Jueves, 20 de septiembre de 2018

El trabajo, una herramienta de represión en Cuba

“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Lycia Saceda López

Activista por los Derechos Humanos

         La población cubana se encuentra actualmente en una “prisión mental”, pues aquellos y aquellas que manifiestan cualquier tipo de desacuerdo con el funcionamiento del país o del Gobierno, por ínfimo que sea, están expuestos a persecuciones laborales o directamente a despidos improcedentes. Esto se traduce en que el Gobierno utiliza el mercado laboral como una herramienta más de represión; acto que les resulta sencillo debido a que aproximadamente el 70% de los trabajos en Cuba pertenecen al sector público y además el sector privado está también regulado por el Gobierno.

        Todo esto empeora considerablemente si tenemos en cuenta que Cuba es el único país de América en el que la entrada oficial de Amnistía Internacional está vetada, por lo que conocer la realidad actual y conseguir testimonios en primera persona es muy complicado, aunque no imposible, pues hemos obtenido algunos relatos de cubanos y cubanas residentes en México. Sus testimonios no pueden dejar indiferente a nadie, pues muchas personas nos aseguraban que, aunque no estaban ni estuvieron activas en la vida política cubana y que tampoco habían criticado el sistema económico o político, fueron detenidos en al menos una ocasión y esa detención fue justificada como “delito contrario al derecho internacional”.

         Esto no acaba aquí, pues nos relataban también cómo el Gobierno considera delito tener relación con personas a las que el propio Estado califica como “potencialmente peligrosas para la sociedad” o “que constituyan una amenaza para el orden social, económico o político”.

         Las personas que desaprueban cualquier decisión gubernamental son acosadas por el Estado o incluso despedidas y no son capaces en la mayoría de los casos de encontrar un nuevo empleo, pues los responsables de los nuevos puestos de trabajo no los contratan bajo la justificación de que son personas “no confiables”, por lo que deben abandonar el país, algo que no es fácil actualmente pues está considerado como un acto ilegal y las personas que intenten salir de Cuba serán juzgadas por los delitos de traición, deserción y contrarrevolución. Cada vez es más difícil la huida del país, sobre todo desde que Barack Obama puso fin a la política “pies secos, pies mojados” que permitía a los cubanos llegar por tierra a los Estados Unidos y permanecer allí.

        Del total de personas entrevistadas por Amnistía Internacional ninguna reconoció haber llevado su despido ante los tribunales, pues todos coincidían en que de nada iba a servir pues los tribunales pertenecen al Estado. A su vez, expresaron su frustración por no poder solucionar el despido mediante cualquier sindicato y nos contaron la imposibilidad de unirse a cualquier otra asociación independiente.

        Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo, las elecciones del 11 de marzo son la oportunidad perfecta de Cuba para iniciar un diálogo sobre Derechos Humanos y realizar los cambios oportunos tanto en el Gobierno como en la población para que la libertad de expresión y los Derechos Humanos se conviertan en una realidad. Para ello, deben revisar todas las leyes penales que funcionan en contra de las normas internacionales, como son los despidos y el acoso al que se ven sometidos todos los trabajadores y trabajadoras por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión. Hasta que esto no se consiga, Cuba seguirá siendo una “prisión mental”.