Lunes, 20 de agosto de 2018

Requiem por la libertad de expresión

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El pasado miércoles 21 de febrero hubo tres acontecimientos que han supuesto un duro golpe para una de las libertades fundamentales más importantes reconocidas en nuestra CE., la libertad de expresión; puesto que, por un lado, una juez determinó el secuestro del libro titulado “Fariña”, escrito por Nacho Carretero, que trata sobre el narcotráfico gallego y relata hechos que los tribunales de justicia han considerado probados. El secuestro ha sido impulsado por el ex alcalde de O Grove, quién ha considerado que se ha vulnerado su derecho al honor, porque a él no lo condenaron por narcotráfico. Recordemos que no lo condenaron porque se apreciaron defectos de forma, aunque los hechos sí estaban probados.

Por otro lado, ese mismo día también la justicia del Tribunal Supremo decidió condenar al rapero “Valtonyc” a tres años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. Y el tercer acontecimiento ha sido la retirada de una colección de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada “presos políticos en la España contemporánea” de la feria de ARCO 2018, a petición de IFEMA (Feria de Madrid).

Con independencia de que las expresiones proferidas, en el caso del rapero “Valtonyc”, relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo y la posible humillación a las víctimas, puedan ser conductas moral e incluso jurídico penalmente reprochables, el ánimo del autor es más una expresión de crítica política enmarcada en el desencanto ciudadano por el comportamiento poco ético y democrático de algunos representantes de poderes públicos e instituciones del Estado, que un ánimo de injuriar y de que reaparezca la actividad terrorista. Estoy seguro que el rapero condena la violencia terrorista, sin fisuras.

En los otros dos supuestos resulta incomprensible que se hayan censurado las obras, más aún en el secuestro cautelar del libro “Fariña”, que lleva varios años publicándose y, de alguna manera, la juez que ha decidido sobre ello se está adelantando y prejuzgando el asunto de fondo, sobre la posible vulneración del derecho al honor del ex alcalde querellante. Y, por supuesto, la retirada de la exposición fotográfica, por muy crítica que sea con la situación judicial de los políticos independentistas que están en prisión preventiva por la comisión de presuntos delitos de rebelión o sedición, es un ataque frontal a la libre producción y creación artística, que es también una manifestación de la libertad de expresión reconocida y garantizada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna.

Desde luego, el ataque a la libertad de expresión y la proliferación de la censura en los últimos tiempos es una realidad innegable. Contribuyen muchos factores, aunque uno de los más importantes es el provocado por las reformas penales (absolutamente regresivas) abanderadas por el PP cuando gobernaba con mayoría absoluta. Las leyes Orgánicas 1,2 y 4, de 2015 (entre otras), que reforman las leyes penales en relación con el Código Penal que introduce la denominada prisión permanente revisable, la reforma de los delitos de terrorismo y la de Seguridad Ciudadana (también denominada Ley Mordaza) han supuesto el “jaque mate” a la libertad de expresión.

Así lo denuncia la ONG Amnistía Internacional, que en su último informe anual, en el que analiza la situación de los derechos humanos en 159 países, dice que la restricción de la libertad de expresión en España en el último año ha sido “desproporcionada”. Incluso va más allá manifestando que “alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes: están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas”. Por otra parte, el informe de AI no es sólo demoledor con el respeto a la libertad de expresión en España (incluyendo en este apartado la prohibición, por parte de los tribunales de justicia de manifestaciones y reuniones en apoyo al referéndum de Cataluña en algunas ciudades como Madrid o Vitoria), sino también lo es con la falta de protección adecuada a refugiados y migrantes o la violencia contra las mujeres.

Intentar criminalizar al disidente es una práctica habitual de las políticas regresivas y ultramontanas de los gobiernos del PP. Se han apoyado en poderes fácticos y lobbies mediáticos para ir imponiendo progresivamente sus valores y principios y sancionar (incluso penalmente) a quienes no respeten las consignas e idearios previstos. Y lo han hecho a cualquier precio como se está demostrando en los casos de corrupción que actualmente se encuentran en los tribunales de justicia.

Según las investigaciones sobre la corrupción de la Gürtel, parece que cualquier medio era legítimo para conseguir los objetivos políticos del PP e incrementar su financiación con la que asegurarse la victoria en las diferentes confrontaciones electorales. Sólo hay que escuchar algunas de las declaraciones realizadas esta semana por Álvaro Pérez (ahora el “no bigotes”) en la comisión de investigación del congreso de los Diputados sobre la trama Gürtel y la presunta financiación ilegal del PP, para confirmar esta tesis. En esas declaraciones Álvaro Pérez habla del “mondongo” que algunos empresarios aportaban al PP con la finalidad de recibir luego trato de favor en adjudicaciones de contratos públicos y de los “atizantes” (empresarios) que aportaban ese “mondongo”. Incluso hace mención a los “barreños de angulas” que algunos políticos del PP se comían invitados por él o su asesoramiento a Rajoy (al que incluso acompañó a la óptica) para cambiar las gafas de “pasta amarillenta” que tenía cuando era jefe de la oposición.

Demasiado grotesco todo. Demasiada indignidad y falta de respeto hacia los ciudadanos españoles que amamos a las distintas regiones de nuestro país, a nuestra diversidad y riqueza cultural y lingüística y a nuestras tradiciones y costumbres y que somos respetuosos y tolerantes con los derechos y libertades de los demás.