Lunes, 20 de agosto de 2018

Segregación educativa

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la CE. Es por ello que, en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, los poderes públicos tienen que promover las condiciones para el acceso a la educación, que debe ser obligatoria y gratuita y donde mejor se garantiza esa igualdad en el acceso a la educación de todas las personas es en los colegios públicos. En ellos, todos los ciudadanos, con independencia de su origen, sexo, grupo social o económico, puedan desarrollar sus capacidades personales, interiorizar los valores de una sociedad pluralista recogidos en las normas internacionales sobre derechos humanos y en las constituciones políticas de los países que respetan los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por desgracia, sabemos que esto no es así en España o al menos en todos los territorios de España (puesto que las competencias educativas las tienen asumidas las Comunidades Autónomas). Y uno de los problemas más graves y que atenta contra esa visión de servicio público, de derecho fundamental que es la educación, es la segregación de centros educativos por motivos económicos. Es decir, que los ricos vayan a unos centros diferentes a los que pueden acceder los alumnos con menos recursos.

Según un estudio de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, esta Comunidad Autónoma es la región de Europa en la que más segregación existe en los centros educativos de Secundaria, sólo superada por Hungría. En España, y todo hay que decirlo, también hay Comunidades Autónomas donde el índice de segregación por estos motivos es mucho menor y a la altura de los países europeos con menos segregación, como Irlanda, Suecia o Finlandia, países que, por otra parte, son los más avanzados en educación y primeros en los informes PISA sobre calidad educativa que reciben los alumnos. Aún así, España en su conjunto ocupa el puesto 23 (de 27 de la UE), es decir, uno de los que más segregación educativa tiene, tan sólo por delante de países como  Hungría, Rumanía, República Checa o Eslovaquia. Madrid es la Comunidad Autónoma española que menos gasto público destina por estudiante en la partida de educación para enseñanza no universitaria.

Cuando la desigualdad económica es un criterio prioritario en el sistema educativo y se favorece más a la escuela privada que a la pública, la sociedad que estamos construyendo será muy desigual, habrá más pobreza y exclusión social, menos oportunidades para los más pobres y más para los poderosos. Esto genera una fractura social evidente, que nos acerca al ultra liberalismo existente en algunas sociedades, al enfrentamiento, al incremento de la marginalidad y al repunte de la delincuencia y a la proliferación de la corrupción política y económica de los poderosos. En definitiva, menos cohesión social, que es la mejor garantía para el mantenimiento del bienestar de los ciudadanos en una sociedad democrática, pluralista y moderna. Si el Estado no interviene para corregir esas desigualdades, el individuo con menos recursos quedará siempre desamparado y excluido.

Pero esa es la política educativa que desde hace años han potenciado, sobre todo, los gobiernos de la Comunidad de Madrid gestionados por presuntos delincuentes (como Francisco Granados e Ignacio González) y capitaneados por la señora Aguirre y Gil de Biedma, condesa consorte y Grande de España.

La educación (la buena educación) es absolutamente clave para el desarrollo de la personalidad humana, la interiorización de valores y principios necesarios para una convivencia pacífica entre los ciudadanos y para el respeto a los derechos y libertades de todos, sin excepción. Los padres, los maestros y los educadores tienen el deber de inculcarles a los niños, ya desde una temprana edad en que resulte comprensible, que, como se plasma en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.