Una de cada tres condenas en la región están relacionadas con la seguridad vial

En Castilla y León, una de cada tres condenas que se dictaminan tienen como origen una infracción en las carreteras de la comunidad. Así lo ha señalado Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, que ha participado en Ávila junto al teniente coronel José Luis Díaz Sánchez, segundo jefe el Área de Operaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en el VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander. «Los datos de Castilla y León van en la línea de los nacionales» aclaró Bartolomé Vargas, quien incidió en la educación como principal herramienta para trabajar en la prevención.

«La educación, en definitiva, es un conjunto de valores, que son un armazón social sobre el que apoyarse y convivir en la ciudad, en la carretera y en los espacios públicos» señaló. Asimismo, destacó el esfuerzo inversor en el estado de las carreteras de la comunidad, la señalización y la inversión en vigilancia.

Persecución de delitos

En este sentido, José Luis Díaz apuntó la persecución de los delitos relacionados con las cuestiones viales. «Como ocurre por ejemplo con las drogas, cuanta más actividad de vigilancia hay, mayor número de delitos se encuentran».

Además, se refirió al alcohol y la velocidad como dos de las principales causas que están detrás de este tipo de delitos que, en el caso de Castilla y León, alcanzan los 3.000 al año. Por su parte, Bartolomé Vargas subrayó la relevancia de diseñar estrategias preventivas para evitar que aumenten las cifras de siniestralidad: «No son cifras, son personas que pierden la vida en las vías públicas».

VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, en Ávila

El foro jurídico del diario decano de la prensa diaria española ha organizado su quinta mesa en el Palacio de los Serrano, en Ávila, con el patrocinio del Banco Santander, Registradores de Castilla y León y el despacho de abogados Negotia. Colaboran la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Superior de la Comunidad; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ); las universidades de Castilla y León, como la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y los colegios profesionales de abogados y procuradores de la comunidad.