El Consejo de Cuentas quiere estudiar la deuda sanitaria y el gasto de hospitales de la región

El Consejo de Cuentas ha remitido a las Cortes de Castilla y León para su aprobación, el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) para 2018, una vez acordado hoy por el Pleno de la Institución. Además de las fiscalizaciones de mandato legal, la propuesta plantea un programa de trabajo muy amplio al incorporar nuevas auditorías en importantes áreas de gasto y asimismo incluir -por considerar que mantienen su interés y vigencia- otras que contenía el proyecto rechazado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para 2017.

En cuanto a las fiscalizaciones especiales, se continúa potenciando el análisis de carácter operativo, orientado a estudiar el gasto público desde parámetros de eficacia y eficiencia. Además, se centran en las tres grandes áreas de gasto con impacto más directo sobre la ciudadanía, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así, se incluye el análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales públicos; la fiscalización de los gastos de funcionamiento de centros docentes públicos y concertados; y un informe sobre las subvenciones destinadas a servicios deficitarios de transporte público regular por carretera.

Dentro del ámbito autonómico cabe citar, también como novedades, el análisis y evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto; tres informes sobre situación de la actividad económico-financiera de la administración autonómica, sus empresas y fundaciones; y las cuentas anuales de la Universidad de Valladolid.

Por otra parte, se mantienen la fiscalización de la Fundación Siglo y la relativa a los sistemas de adquisición de material sanitario en atención especializada.

En relación al sector público local, se propone seguir trabajando en la fiscalización de las capitales de provincia ?su contenido fue coordinado entre las instituciones de control externo-, incorporándose el Ayuntamiento de Burgos y manteniéndose los de León y Valladolid (en planes anteriores se incluyeron Palencia, ya finalizada, y Ávila, en ejecución).

El proyecto del PAF introduce un informe de las consecuencias económicofinancieras de la aplicación de las medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales -como los límites de la regla de gasto- y otro sobre situación de las mancomunidades.

Además, se mantiene la fiscalización de los servicios de asistencia técnica de las diputaciones provinciales. Por otro lado, la propuesta plantea fiscalizaciones de la entidad local menor de Navatejera (León) y del municipio de Serradilla del Arroyo (Salamanca).

En colaboración con el Tribunal de Cuentas figuran cuatro fiscalizaciones: procesos de extinción de entidades de la Comunidad; acuerdos contrarios a reparos de los interventores en las entidades locales; contratación realizada en el sector público local; y actuaciones en materia medioambiental en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

El proyecto para 2018 presenta también, como novedad, una explicación individual de cada una de las propuestas, mostrando una primera aproximación a los objetivos y alcance de las fiscalizaciones cuyo contenido se determina posteriormente en las directrices técnicas que aprueba el Pleno, una vez realizados los trabajos preliminares correspondientes.

Por otra parte, la ambiciosa carga de trabajo programada, respeta la distribución de medios humanos y materiales del Consejo entre el ámbito local y autonómico, valorada en función de la importancia cuantitativa que representa la elaboración de los diferentes informes.