Los DDHH siguen detenidos en las cárceles turcas

“Para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante.”

Desmond Tutu, activista sudafricano de los derechos civiles.

Autora: Benedicta Marinelli

Activista por los Derechos Humanos

         Fue en 1963 cuando la Unión Europea y Turquía firmaron en Ankara un acuerdo por el que Turquía se comprometía a cumplir ciertas condiciones, entre las que se encontraban el respeto por los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. Requisitos indispensables para su ingreso en la Unión Europea. A partir de entonces Turquía emprendió un camino de reformas en algunos aspectos sociales y tendiendo a un acercamiento a la cultura europea. Por otra parte las relaciones económicas con la UE seguían creciendo a buen ritmo. Pero tuvieron que pasar 40 años para llegar a alcanzar estos dos objetivos fundamentales. Fue en 2004 cuando el gobierno turco presidido por Recep Tayyip Erdoğan y el Parlamento lograron, al fín, abolir totalmente la pena de muerte y dos años después ratificaron el Protocolo n°13 del Convenio sobre la Salvaguardia de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

         El camino iniciado por Turquia alimentó muchas expectativas que saltaron por los aires en 2014, cuando Erdoğan se convirtió en Presidente de la Republica y comenzó a utilizar su gran popularidad para fortalecer sus poderes y deshacerse de su enemigos políticos de manera “poco” democrática. El presidente Erdogan ha dado un viraje autoritario que llegó a su apogeo con el golpe militar contra su gobierno el 15 de junio 2016. El golpe, pretendidamente organizado según Erdogan por Fethullah Gulen, clérico exiliado en EEUU, tuvo como consecuencia una dura represión por parte de los militares fieles al presidente. Como consecuencia del golpe y en la consiguiente represión, fallecieron alrededor de 300 personas y se contaron por miles los heridos.

          La represión además afectó a muchos periódicos y cadenas de televisión críticos con el gobierno. Unos días después del golpe, un decreto gubernamental ordenó el cierre de 131 medios informativos entre periódicos, emisoras de televisón y editoriales, siendo éstos acusados de terroristas. El mismo destino han seguido casi 100.000 personas empleadas en el sector público (profesores, abogados, profesionales de la salud, agentes de policía y militares), que han sido despedidas de manera arbitraria y a quienes se les ha retirado el pasaporte. Estas personas, que no pueden recurrir a la justicia por ser considerados los jueces títeres de Erdoğan, se encuentran en un limbo y no tienen instrumentos para que se le devuelva lo que se le ha quitado injustamente. Esta desviación tiránica ha desatado muchas polémicas en la Unión Europea, CEDH (Convenio Europeo de Deerechos Humanos), diversas ONG y EEUU, entre otros, lo que ha llevado a un rápido aislamiento internacional de Turquía. A pesar de todo esto, Erdogán sigue actuando impasible en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos.

         Turquía no quiere acabar con las violaciones de los derechos humanos, y prueba de ello es el acuerdo sobre los refugiados, pactado con la UE hace más que un año, y que no ha dejado de producir sus terribles efectos cumpliendo su finalidad: reducir el flujo de personas que llegaban de forma irregular (migrantes y refugiados) de Oriente Medio hacia la UE a cambio de una considerable contribución para el gobierno turco: seis mil millones de euros. Este acuerdo, considerado ilegal por Amnistía Internacional y otras ONG, pone en riesgo los DDHH de casi 13.000 refugiados, que se encuentran en campamientos de las islas griegas y también de Turquía sin una adecuada atención médica y en condiciónes precarias. En estas cisrcunstancias, son los menores los que más sufren, ya que entre ellos se registran altos niveles de ansiedad, depresión y agresividad debido al ambiente degradante en el que se encuentran. Si por un lado, con este acuerdo se ha logrado la finalidad de disminuir las llegadas de inmigrantes y refugiados hacia la UE (una reducción del 98%), por otro, la UE ha permitido que se lleven a cabo sistemáticas violaciones de los DDHH. Por lo tanto, la UE está negociando con un país autoritario como ahora es Turquía, país que no cumple los estandares de país “seguro” (es decir, un Estado democrático y respetuoso con los DDHH). Por si fuera poco, Erdoğan tiene la intención de convocar otro referéndum para restablecer la pena de muerte y para condenar a todos los que amenazen su poder.

         Son muchos los que Erdoğan considera peligrosos para la estabilidad de su gobierno; entre ellos están activistas por los DDHH como Taner Kiliç y Idil Eser, respectivamente el Presidente y la Directora de Amnistía Internacional en Turquía, que han sido encarcelados juntos a otras nueve personas por presuntos vínculos con grupos terroristas. Al ser una encarcelación arbitraria y sin fundamento, por parte de diversos organismos, instituciones y gobiernos se ha exigido al presidente turco que se acabara cuanto antes con esta injusticia porque es inaceptable que se encarcelen activistas defensores de los DDHH.

         Gracias a una intensa labor de los gobiernos, de las instituciones y de las ONG, después de casi cuatro meses de detención, diez de los once activistas han sido liberados con cargos, pero el presidente de AI Turquía sigue encarcelado. Al reanudarse el juicio contra los 11 de Estambul unas semanas después de la excarcelación, a las instituciones y ONG se han sumado muchos entre destacadas personalidades de la política y la cultura que han levantado sus voces para exigir a las autoridades turcas que retiren los cargos falsos de terrorismo contra los activistas turcos, que podrían enfrentarse a una pena detentiva de 15 años.