Jueves, 18 de octubre de 2018

Electoralismo vergonzoso

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Las últimas intervenciones de cargos públicos y miembros del PP ponen de manifiesto que cualquier suceso, por lúgubre y terrible que sea, sirve para hacer campaña política y mediática. A los pocos días de aparecer el cadáver de Diana Quer, la joven que murió, presuntamente, como consecuencia de las conductas criminales de su autor, José Enrique Abuín, alias “el chicle”, varios correligionarios del PP han manifestado públicamente que gracias al gobierno de M. Rajoy se ha introducido la pena de prisión permanente revisable en la última reforma del Código Penal, aprobada por LO 1/2015, de 30 de marzo y que por este motivo criminales como “el chicle” podrán pudrirse en la cárcel. Cargan, además, de forma rastrera, intencionada y maliciosa, contra el resto de los partidos políticos, que se oponen a la introducción de la prisión permanente revisable dentro de la escala de penas de nuestro sistema penal.

Sabemos, -y algunos ya estamos cansados de repetirlo-, que la mayoría de la doctrina penal, criminológica y sociológica, ha demostrado que el incremento y dureza de las penas no garantiza una disminución de la criminalidad. Es más, empíricamente está demostrado todo lo contrario, que los países que basan sus políticas de prevención del delito exclusivamente en el incremento de las penas y en el endurecimiento de las condiciones de vida de los privados de libertad, despreocupándose de otras políticas de prevención (primaria o secundaria), manteniendo un desequilibrio social y económico elevado, tienen las cotas más altas de criminalidad.

Pero el PP, sabedor de su perdida de apoyo electoral, vuelve a la carga con el recurso electoral más fácil, creyendo que los ciudadanos somos imbéciles. El PP siempre ha recurrido al incremento de penas al albur de sucesos luctuosos que encogen el alma de la sociedad, cuando hay que legislar con la razón y no con los sentimientos de odio que provocan hechos semejantes en los ciudadanos de una determinada sociedad. Y ha recurrido siempre a esto sabiendo que España es uno de los países de la UE con las tasas más bajas de delincuencia y dentro de los delitos que se comenten, los más graves (es decir, los que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes, como la vida, la libertad sexual, la libertad ambulatoria o la integridad física) son afortunadamente menos frecuentes. Ejemplos recientes fueron la reforma del Código Penal en 2003 para introducir el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en algunos supuestos, que respondió a la pérdida de popularidad que sufrió el PP después de la gestión del desastre del Prestige y del apoyo del gobierno de Aznar a la guerra de Irak (cuyas nefastas consecuencias se están viviendo hoy día con el incremento del terrorismo islamista). Lo mismo ha ocurrido con las últimas reformas penales de 2015 (la que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal y la de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza), que intentaban contrarrestar la pérdida de apoyos electorales que tiene el PP por los innumerables casos de corrupción política en los que está inmerso.

El argumento de estos miembros del PP es, por consiguiente, torticero, controvertible y falaz. ETA dejó de matar, no precisamente por el incremento de las penas, sino por la pérdida de apoyo social, fundamentalmente, aunque también contribuyera de forma decisiva la concienciación y colaboración ciudadana. No hizo falta, por tanto, que estuviera vigente ni la pena de muerte ni la cadena perpetua (prisión permanente revisable como la ha denominado el legislador español) para que esta lacra criminal desapareciera del escenario social español.

Lo que debe hacer un gobierno serio y responsable en una sociedad pluralista y democrática de un Estado de Derecho avanzado y moderno para prevenir la delincuencia es invertir más en políticas de prevención primaria y secundaria (educación, sobre todo y políticas de corrección de desequilibrios sociales y económicos, sanidad y servicios sociales, además de incrementar los presupuestos en seguridad para prevenir la actividad delictiva), sin descuidar la prevención terciaria, es decir, las actividades que faciliten la reinserción social de los condenados durante su estancia en prisión por la comisión de hechos delictivos, es decir, ni mas ni menos que cumplir el mandato constitucional del artículo 25.2, es decir, la orientación resocializadora de las penas de prisión.

Estas políticas de prevención son las que están fallando porque el gobierno de M. Rajoy está recortando sistemáticamente los presupuestos para educación, sanidad y protección social. En educación las partidas presupuestarias han descendido con los gobiernos del PP. Así, en 2015 la inversión en educación fue del 4,1 % del PIB mientras que en 2018 será del 3,8; en sanidad, la inversión en 2015 fue del 6,2 % del PIB y en 2018 será del 5,8 y en protección social la inversión en 2015 fue del 17,1 % y en 2018 será del 16,2 %.  Y no sólo han disminuido las partidas presupuestarias para educación, con el consiguiente retroceso en la ratio profesor alumno, sino que también se eliminaron asignaturas muy importantes también para prevenir actos antisociales como la de Educación Para la Ciudadanía.

Por otro lado hay menos seguridad en las calles españolas. Cuando M. Rajoy accedió al gobierno, en diciembre de 2011, había un 10 % más de policías que en 2017. En 2011 había 72.457 policías y en diciembre de 2017, 63.665.  Si hablamos de efectivos de la Guardia Civil, en diciembre de 2011 había 82.692 y actualmente hay 77.427, es decir, un 7 % menos. Son datos proporcionados por el propio gobierno de M. Rajoy.

Este descenso en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también ha repercutido en los controles de alcoholemia que realiza la Dirección General de Tráfico y que han disminuido en los últimos años. Lógicamente, estas medidas, estos controles posibilitan que haya menos accidentes de tráfico. En cambio, los accidentes se han incrementado y han aumentado considerablemente las víctimas por accidentes de tráfico en este último año 2017.

Otro dato negativo es el incremento de víctimas por violencia de género en 2017. A pesar de ello, el gobierno aún no ha aprobado los 200 millones de euros destinados al pacto contra la violencia de género para el que el Congreso de los Diputados dio el visto bueno en septiembre de 2017 por unanimidad de todas las fuerzas políticas y que instó al gobierno a que destinase ese presupuesto inicial.