Lunes, 15 de octubre de 2018

Japón: La pena de muerte hoy en día

“Las normas internacionales sobre la discapacidad mental e intelectual son una impotante salvaguardia para las personas vulnerables. No pretenden disculpar crímenes atroces, sino que establecen parámetros para el tipo de pena que se puede imponer” – Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.

Autoras: Marianna Poniraki e Ilektra Sevastopoulou

Activistas de los derechos humanos

          Japón se considera como una de las naciones más seguras del mundo, con una tasa de homicidios cercana al 0.5% en 2012 (506 por cada 100 mil habitantes), según datos de la ONU. Sin embargo, la pena de muerte tiene mucho arraigo en el país que es, junto con los Estados Unidos, el único del G8 donde aún se ejecutan prisioneros, mientras que más de 140 países la han abolido por ley o en la práctica.

          Las ejecuciones se realizan con el método del ahorcamiento, que es el único método permitido para ajusticiar a un condenado a muerte desde 1879. Más concretamente, se aplican a delitos especiales que se consideran más graves: el homicidio, el robo que cause la muerte, el robo con violación que cause la muerte, el incendio provocado en edificios residenciales o que contengan gente y la incitación a la guerra exterior o la asistencia al enemigo. Pero en la práctica la mayoría de los condenados lo han sido por casos de homicidio múltiple y robo con homicidio.

         Con respecto al procedimiento de la ejecución, según el sistema japonés, debe llevarse a cabo dentro de seis meses tras la denegación de la última apelación del prisionero y tiene que estar firmada por el Ministerio de Justicia. La verdad es que la temporada que el condenado pasa recurriendo no importa, y por eso lo más probable es que quede en la espera de su muerte entre 5 y 7 años. Han existido casos extremos, como el de Hirasawa Sadamichi, que murió de causas naturales, a sus 95 años, mientras estaba esperando su ejecución desde hacía 32 años.

         Las fechas de las ejecuciones suelen ser secretas y no se informa ni siquiera al condenado, sino sólo unas horas antes del acto; la mañana del día marcado se le avisa y se le ofrece una última comida. Además, los familiares y los abogados del prisionero no son avisados hasta después de que la ejecución haya tenido lugar. La pena se aplica en un sitio especialmente preparado, “la cámara de la muerte”, en el centro de Detención y no se puede realizar durante un fin de semana o algún festivo.

          El derecho internacional prohíbe sin ninguna excepción la ejecución de personas con enfermedades mentales; sin embargo, Japón no sólo es uno de los países donde aún se aplica, sino que tiene a sus condenados en régimen de aislamiento, apartados del mundo exterior. Estas condiciones extremas aumentan la ansiedad y la angustia de los presos y en muchos casos los empujan hacia la enfermedad mental. Hay que destacar así mismo los casos de abuso físico y a veces mental de los prisioneros, que les hace sufrir bajo el fenómeno del “corredor de la muerte”.

          No obstante, hay que prestar atención a las dos opiniones opuestas que se encuentran en el país sobre la pena de muerte; los partidarios reclaman que se aplica con muy poca frecuencia y sólo en los casos de crímenes demasiado graves. Creen que si uno ha cometido un crimen de gran envergadura, hay que compensarlo con su vida. Por eso, piensan que la abolición de la pena capital incrementaría los crímenes, y que las personas que han acabado cometiendo un crimen pueden repetir uno similar si siguen vivos. 

          Por otro lado, los defensores de los derechos humanos apoyan el hecho de que el sistema judicial confía muchísimo en las confesiones, sin pensar que estas pueden ser forzadas u obtenidas bajo coacción; al fin y al cabo, un error judicial no se puede revertir después de la ejecución. Además, es posible que los condenados se queden sin representación legal durante muchos días o pueden ser interrogados muchas horas al día sin la presencia de un abogado o algún tipo de documentación. No cabe ninguna duda de que la matanza de un ser humano es salvaje e injustificada, más si es una pena legal.

          En términos generales, la pena de muerte siempre ha estado más o menos relacionada con la venganza, aunque a veces se justifica como un elemento disuasorio. Es notable que el gobierno japonés nunca ha explicado claramente la adopción de esa costumbre, excepto para apoyar que la mayoría de los japoneses la quieren. Por lo tanto, la posibilidad de su abolición no parece estar en su agenda, tampoco en las demandas de la sociedad, históricamente a favor, con porcentajes por encima del 50% de los habitantes.

          Sólo en los últimos años, algunos han pedido un debate a nivel nacional sobre la pena de muerte, incluido un ministro de justicia, que en realidad firmó una ejecución con el propósito de comenzar tal debate. La Federación de Colegios de Abogados de Japón pide su abolición antes del año 2020, en el que el país albergará los Juegos Olímpicos.

          Las organizaciones de activistas a favor de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, denuncian unánimemente la pena de muerte, principalmente por ser un castigo cruel, inhumano y degradante, irreversible, que conlleva además una tortura psicológica para los condenados. AI en colaboración con otras organizaciones ha pedido su abolición, subrayando que las encuestas realizadas no expresan la opinión general y que no pueden ser la razón por la que sigue existiendo la pena; a fin de cuentas, la mayoría de las veces se observa que los resultados son manejados por el gobierno y por personas bajo su protección.