Un minuto de silencio por la justicia universal: el caso de Amal

Autor: David García

Activista por los derechos humanos

Son malos tiempos para la justicia universal. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó en julio, a instancias de la Fiscalía, la admisión a trámite de la querella presentada por Amal Hag-Hamdo Anfalis, hermana de una víctima de las atrocidades del gobierno de al-Asad. En dicha querella, Amal denunciaba que su hermano había sido detenido y torturado por las autoridades sirias mientras hacía su ruta de transporte. Para ello se apoyaba en la identificación de su cadáver con evidentes signos de tortura entre las fotografías entregadas por un miembro desertor de las fuerzas de seguridad sirias conocidas como el "archivo César", el archivo del horror en el que se amontonan más de 50.000 imágenes que documentan la tragedia que supone la represión llevada a cabo por el régimen de al-Asad.

En marzo de 2017, el juez Eloy Velasco había admitido la querella sobre la base de una interpretación del Estatuto de la víctima del delito dentro de la cual podía entenderse que la demandante era una víctima indirecta. Frente a esta consideración se posicionó la fiscalía, que consideraba que el concepto de víctima no incluye a los familiares del desaparecido, impidiendo de esta manera averiguar qué le había ocurrido, identificar a los culpables y, en definitiva, hacer justicia. Finalmente, la tesis de la Fiscalía ha sido aceptada y la Audiencia Nacional ha arrebatado toda posibilidad de justicia para Amal y su hermano.

Lo ocurrido con la querella de Amal tiene que hacernos ir más allá y reflexionar sobre la cuestión de fondo: la situación en la que se encuentra el principio de jurisdicción universal en nuestro país. Este instrumento fue concebido para evitar que crímenes contra la humanidad queden impunes y permitir que puedan ser perseguidos por cualquier Estado, aunque no sea aquel en el que se han cometido los hechos, pues debemos recordar que una violación de los Derechos Humanos no sólo supone una infracción jurídica, sino que implica un atentado frontal contra la propia idea de humanidad.

Sin embargo, el Gobierno español parece no estar de acuerdo con esto y reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2014 para limitar el acceso a la justicia universal únicamente a aquellos que -entre otros requisitos- se hallan en posesión de la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos, lo cual unido al concepto de víctima que se desprende del Estatuto de la víctima del delito, limita enormemente el poder ser considerado como víctima. Esto conlleva que, en la práctica, sea imposible hacer justicia en situaciones en las que, como he dicho antes, la dignidad humana está en juego.

Es urgente que el Gobierno cambie su postura y devuelva la efectividad a la justicia universal en España, permitiendo a nuestro país colaborar en la construcción de un orden jurídico-penal internacional efectivo que evite que los responsables de aquellas atrocidades que nos hacen dudar de hacia dónde se dirige la humanidad queden impunes.