Miércoles, 17 de octubre de 2018

El Consenso y la Voluntad Política

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Nunca como en los tiempos en que ahora vivimos desde la transición política ha habido tantos comentarios (no sólo de la comunidad política, sino también de la científica y desde el tejido social) sobre la reforma de la Constitución Española, que cumple treinta y nueve años. Ahora bien, tampoco nunca, como en estos momentos, un partido político que gobierna, el PP, ha tenido tan poco interés en reformar la Carta Magna. Un partido político cuyos miembros se encuentran muy acomodados con este marco de convivencia que, por otra parte, muchos de ellos no apoyaron en el 78, cuando se aprobó en Cortes y se refrendó posteriormente mediante referéndum por el pueblo español.

La razón fundamental por la que el PP tiene miedo y no quiere abordar de “motu proprio” una reforma de la Carta Magna es que siempre llega tarde a las reformas que suponen un avance en derechos sociales de los ciudadanos. Primero se opone a ellas y luego, cuando comprueba que la sociedad está conforme, se sube al carro reformista, apropiándose de ellas y golpeando con el marco jurídico vigente a quién discrepa o pone en tela de juicio ese derecho positivo que, como tal, debería estar supeditado siempre a los cambios y reformas que demanda la colectividad. El derecho debe estar adaptado a las demandas de los ciudadanos, al amparo social y no al revés. Es la consecuencia lógica de la evolución humana y de los valores de libertad, tolerancia, respeto y pluralidad. El PP siempre se opuso a reformas de derechos sociales importantísimos y que caracterizan a una sociedad avanzada y libre, recurriendo incluso al Tribunal Constitucional y cuando llegaron al poder nunca se atrevieron a retroceder en esos derechos sociales que en su día repudiaron: ley de divorcio, del aborto o del matrimonio homosexual, por poner sólo algunos ejemplos. Algunos lo intentaron, pero nunca llegaron a realizarlo porque tuvieron que dimitir (Gallardón, por ejemplo, que intentó reformar la ley del aborto para hacerla más regresiva, a pesar de que esa involución en los derechos de la mujer la llevaba el PP en el programa electoral con el que obtuvieron mayoría absoluta en 2011).

Por otro lado, es de una hipocresía alarmante que desde el PP se utilice la Carta Magna para exigir que ciudadanos y poderes públicos cumplan con sus preceptos, como si fuera el catecismo impuesto por la Iglesia Católica y, en cambio, ellos no la respeten escrupulosamente en muchos de sus preceptos. Ejemplos hay para aburrir: Desde el punto de vista legislativo no ha promocionado condiciones favorables para una distribución de la renta personal más equitativa, recordemos que España es uno de los estados de la UE donde más ha crecido la desigualdad y la exclusión social. Ya hemos sido advertidos de ello por la Comisión Europea. En relación al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, las reformas de la ley del suelo realizadas por los gobiernos del PP no han posibilitado utilizar el suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La legislación laboral aprobada por el gobierno del PP permite unas pésimas condiciones laborales y económicas a los trabajadores, que tienen como consecuencia sueldos indignos y explotación laboral de los trabajadores, algo contrario a los postulados y principios constitucionales sobre política social y económica.

¿Y qué decir de la justicia, sobre todo la penal? Que las reformas penales realizadas por el PP son más regresivas y propias no de estados democráticos, sino de regímenes totalitarios. Reformó el Código Penal de 1995, haciéndolo más represivo, regulando conductas cuya respuesta no debería ser el derecho penal, sino el administrativo. Se pasó del Código Penal de la democracia al de la seguridad  a partir de las reformas de 2003, diluyendo la orientación constitucional de reeducación y reinserción social para los condenados a penas de prisión prevista en el artículo 25.2 y priorizando la finalidad de castigo, intimidación  y encierro. 

Así mismo, el PP ha pretendido vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley en asuntos penales en los que está siendo investigado y el ejemplo más claro es que el PP pretendió desde el inicio del proceso eliminar a Baltasar Garzón como juez instructor del caso Gürtel (algo que consiguió) porque le resultaba incómodo. De la misma forma recusó y anuló al magistrado del TC Pérez Tremps, para que la sentencia sobre el Estatut de Cataluña les resultara favorable a sus pretensiones y, de aquéllos polvos (sentencia declarando inconstitucional el Estatuto de Cataluña) vienen estos lodos independentistas que está sufriendo la sociedad catalana y española en los últimos tiempos. De todas formas, de estos lodos independentistas el PP sabe que se está beneficiando electoralmente porque mientras se habla de lo malos y perversos son los independentistas catalanes no se habla de los delitos de corrupción política que presuntamente han cometido muchos miembros del PP y que todas las evidencias e investigaciones apuntan.

Con este gobierno, la Constitución Española se ha quedado huérfana; sus padres: Consenso y Voluntad Política, han muerto de pena comprobando que sus ayudas sociales por la dependencia son cada vez menores y que la hucha de las pensiones ha desaparecido.