El urbanismo inmutable

Sirva este breve artículo para explicar las razones por las que, en el último pleno, el grupo IU: En Común se ha abstenido en la modificación del Plan General que abre la vía a la legalización las viviendas irregulares y que ha sido aprobado con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos y PP.

Cerrar en falso un gran debate puede ayudar a esconderlo, pero también generar frustración y esa amarga sensación de no haber sido capaces, a nivel de ciudad, de al menos afrontarlo con la importancia y la responsabilidad que requería. De todos los asuntos que han estado en primera línea del debate político en nuestra ciudad durante los últimos 20 años, pocos han sido tan relevantes (y desagradables) como el de las viviendas irregulares, tanto en su desarrollo como en sus reiterados intentos de desenlace.

Recuerdo perfectamente a José Manuel Mangas explicando, enfadado, en un debate municipal, todo el periplo de la entonces única oposición existente (la izquierda alternativa estuvo fuera del Ayuntamiento desde 1999 hasta 2011), en relación a las construcciones ilegales: las iniciativas municipales, las malogradas denuncias judiciales, "el ejercicio telefónico" de cierto alcalde? Las construcciones ilegales en Ciudad Rodrigo han sido utilizadas como arma política legítimamente; pero también han sido una herramienta de clientelismo, de revancha política y personal; y de mentira, de intentos de humillación y un mecanismo para activar intereses electorales oscuros. De manera reiterada. Y hasta el final.

Hasta el mismísimo final, presentando en el último pleno de la anterior legislatura (con mayoría absoluta del PP) una propuesta de modificación de la normativa urbanística para "legalizar" todas esas construcciones, con independencia de su situación particular, y presentándola como "un imperativo legal". Todos los integrantes de la oposición caímos en la trampa. Tanto PSOE como IU hicimos un discurso duro y únicamente diferimos en el sentido del voto. Afirmativo "porque la ley ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ella", en el caso del PSOE; abstención, "por suponer el final de un proceso lamentable", en el caso de IU. Se nos reiteró una y otra vez que era poco menos que una "trasposición" de una normativa regional y que el Ayuntamiento no tenía margen de maniobra. Marcelino Cordero, que no dijo toda la verdad, señaló literalmente "lo nos exige la Junta de Castilla y León con su ley es regularizar". El tiempo nos ha aclarado que no era así.

La sorpresa, como en otros asuntos urbanísticos, llegó con los informes sectoriales de Medio Ambiente y Fomento. Ha sido una tónica generalizada que cuando hemos estado en la oposición (IU) y hemos rechazado un determinado proyecto urbanístico con argumentos, se nos ha tachado de delirantes, contrarios al progreso y mentecatos (según la RAE: "de poco juicio o entendimientos"), pero al llegar los informes técnicos de organismos superiores suscribían una por una las razones que veníamos defendiendo. Parece que algo entendíamos.

De ahí que cuando Medio Ambiente y Fomento emitieron sus informes sobre este proyecto, personalmente sintiera una cierta, aunque no duradera, satisfacción. Se venía a decir que tenía una amplitud enorme, que debía ser reducida, especialmente en lo que afectaba a zonas medioambientalmente sensibles o sencillamente protegidas. Igualmente, que no era posible hacer tábula rasa de la disciplina urbanística y, en el mismo sentido de mi intervención en la comisión de urbanismo meses antes, que no se puede actuar de manera igual en situaciones distintas. Que era razonable adaptar la normativa para legalizar una edificación de 60 años, que se construyó con anterioridad a la normativa o sobre los inmuebles infractores ya prescritos. Pero en ningún caso se debería aplicar el mismo criterio a una edificación con sentencia de derribo firmada por el Alcalde y posteriormente confirmada por un juez. Argumentos todos que señalamos (IU) durante el transcurso de los debates de trámite de esta modificación urbanística, a los cuales siempre se nos contestaba que "era una cuestión técnica". Y los informes demostraban que no era verdad.

Todos comprendemos que hay que dar una salida a las casi 200 edificaciones fuera de planeamiento que tiene Ciudad Rodrigo. Por motivos ambientales, sanitarios, por la propia sostenibilidad de los servicios públicos y por la mera razón práctica y la sensatez. Pero eso no debería ser a cualquier precio, ni en todos los casos con idéntica solución.

Es cierto que el número de áreas de regularización pasa de 39 a 13, que es la tercera parte. También, que la mayoría de los inmuebles que se regularizan no tienen orden de derribo y que se han resuelto la mayoría de asuntos medioambientales. Pero no lo es menos que, nuestro grupo no ha sido capaz de explicar con suficiente profundidad en el equipo de gobierno la necesidad de hacer caso a ese criterio de la Junta de Castilla y León. Un criterio que se nos dice que ha cambiado, para lo cual no se nos aporta ningún documento y ninguna justificación razonable.

Y es que, aunque hubiera cambiado, la pelota siempre está en el tejado de la parte política del Ayuntamiento, especialmente una vez que se ha demostrado que la aplicación del tipo de suelo no es automática, sino que existe margen de maniobra y que, por tanto, se puede decidir, con criterios objetivos, qué incorporar y qué no. Qué es razonable y qué, por el contrario, es escandaloso.

Nosotros no podemos apoyar esta propuesta y hemos optado por el mismo sentido de voto que tuvimos hace 2 años y medio (abstención), aunque solamente fuera por pura coherencia. Somos conscientes de que nos toca pedir disculpas a la ciudadanía, porque no hemos podido conseguir, ni siquiera formando parte del equipo de gobierno, un cambio sustancial en la política urbanística de Ciudad Rodrigo.