Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Infranqueable

Hace poco más de un mes, recibimos la noticia de la reapertura de la causa por las muertes de inmigrantes subsaharianos en la playa del Tarajal, Ceuta. La Audiencia de Cádiz, con sede en Ceuta consideró que durante la instrucción en primera instancia no se han realizado las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y sus culpables, y que las pruebas realizadas se hicieron con unas “prisas innecesarias” por parte de los forenses. La Audiencia señala que “es claro que la investigación no ha alcanzado los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles”.

Autor: Rubén Cuellar Rivero, activista por los Derechos Humanos

   En su momento, el denominado “carpetazo” de la jueza María del Carmen Serván, que dio por archivado el caso provisionalmente, sin culpables, genero un gran indignación no solo por cómo se llevo a cabo las investigaciones, si no algunas perlas como “los inmigrantes no son personas en peligro en el mar” o “no hay indicios de un uso inadecuado del material”, cuando todos recordamos aquellas imágenes en las que se aprecia el uso de pelotas de goma disparadas al agua por parte de los agentes de la Guardia Civil.

   Ya en febrero de 2017 hemos conocido como las familias de los inmigrantes ahogados aquel fatídico día en el Tarajal se han organizado para exigir justicia y rendirles homenaje o como la protesta por este caso ha llegado hasta el Congreso. Actos que emocionan y llenan de esperanza. No podemos olvidar y por lo tanto debemos reconocer la gran labor que hacen las ONG que de alguna manera participan en el proceso para exigir verdad y justicia, Coordinadora de Barrios, Observatori DESC y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado como parte de la acusación popular, o la Asociación de las Víctimas del Tarajal.

   Más allá del caso, estas ONG junto con otras han venido denunciando las violaciones de de Derechos Humanos que se producen en la frontera sur de nuestro país. Entre ellas, las devoluciones en caliente, los abusos policiales o la discriminación por nacionalidad. A esto se les une la falta de condiciones adecuadas en los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) y la falta de atención a grupos especialmente vulnerables como los son las mujeres y niñas (víctimas de violencia machista y de la trata) y las personas LGBTI (discriminadas por su orientación sexual). Esto hace a nuestra frontera sur como infranqueable para las personas que intenta cruzarla.

    La problemática de la situación y la ilegalidad de las actuaciones que lleva a cabo nuestro país, tristemente nos pone al mismo nivel de Turquía, Bulgaria, Marruecos o Hungría en cuanto a la política de inmigración.

   ¿Qué son las devoluciones en caliente? ¿Por qué es ilegal? “La expulsión inmediata de los migrantes en el momento en que intentan cruzar y sin aplicarles las protecciones de la legislación de extranjería.”  (BBC Mundo, Antía Castedo, 2014, “España: Qué son las "devoluciones en caliente" y por qué son tan polémicas”). Es ilegal porque violas las normas del derecho internacional como l Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos o la Convención de Ginebra, que de forma resumida establece que toda persona que entra “ilegalmente” en un país tiene derecho a un proceso en el cual se proceda a su identificación, tenga derecho a un abogado y a un intérprete, se esclarezca si esa persona tiene que ser devuelta a su país de origen, o tiene derecho a protección internacional, y a conocer y recurrir la resolución si esta le expulsa del país.

  Además de lo que en la práctica supone una violación del derecho internacional en la vertiente de los Derechos Humanos, formalmente España viola estos tratados internacionales puesto que legaliza lo ya ratificado por el Estado en los tratados como prácticas ilegales. Lo que convierte a los artículos que regulan las devoluciones en caliente (a través de la Ley “Mordaza”) en una chapuza jurídica que navega en la ambigüedad para tratar de evitar los toques de atención de las organizaciones internacionales de las que España es miembro.