El Valle de los Caídos: ¿puede un templo ser a la vez lugar de reconciliación y de exaltación...

Incluso los españoles más ignaros o desinteresados por la memoria histórica han visto, aunque solo sea por televisión, "la Cruz del Valle de los Caídos", una designación que por sí misma tiene connotaciones escatológicas ("el valle de Josafat"), reforzadas por el evocador tremendismo del topónimo alternativo (valle de Cuelgamuros). Los mayores todavía recordarán aquel período de su construcción, entre 1940 y 1959 (los trabajos se dieron por finalizados el 3 de marzo de este año), en que la propaganda del Régimen presentaba la exigua figura del "Caudillo" como el gran promotor de obras públicas (a veces iniciadas en tiempos de la Monarquía o la República) y de monumentos (en los que era el principal referente, emisor y beneficiario). En los años cuarenta el Movimiento reprimía con saña a los derrotados republicanos, pasaba el susto de los maquis sin mayores dificultades y superaba las consecuencias de la condena por la ONU (1946), gracias a la generosa hambruna exigida a los españoles. La España franquista, de rechazo, saldría beneficiada de la guerra fría, consiguiendo un reconocimiento exterior que se iniciaría con el levantamiento de la citada condena (1947) y se concluiría con los pactos de Madrid (1953) para que los Estados Unidos instalaran cuatro bases militares. Frente al comunismo, Franco sería un aliado fiel y barato. El mismo año se firmó el concordato con la Santa Sede. La Dictadura había creído oportuno dar señales de ablandarse, con la aprobación en 1947 de la "Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado" (era la 5ª de las leyes fundamentales del "Nuevo Estado" desde 1938 y su principal beneficiario, además de Franco, sería Juan Carlos, designado como sucesor por "el Jefe de Estado vitalicio") y dando por terminado el "estado de guerra" declarado doce años antes (1948).

El objetivo primordial de todas estas maniobras seguía siendo el asentamiento durable del estado franquista en España, para lo cual, de cara al interior sobre todo, fueron de gran utilidad los alardes arquitectónicos y escultóricos, además de otros símbolos distribuidos por toda la geografía del país generosamente, aunque la economía nacional no estaba para satisfacer manías de grandeza. Sin duda la construcción más significativa y costosa fue la llamada oficialmente "Basílica Menor de Santa Cruz del Valle de los Caídos", resonante título concedido en 1960 por el papa Juan XXIII, que había visitado el lugar en 1959. De este modo la Iglesia, ya en vísperas del Concilio Vaticano II (1962-1965), confirmaba su política de apoyo a los beneficiarios de "la Cruzada", una oportuna y provechosa investidura que la jerarquía eclesiástica española había otorgado a la sublevación de 1936. Para la financiación de las obras se había pensado en los fondos sobrantes de la "suscripción nacional" de guerra (en teoría donativos voluntarios, de hecho con frecuencia extorsiones, sanciones e incautaciones impuestas "por responsabilidad civil" a los republicanos), pero con los casi 235 millones y medio de pesetas apenas habría para empezar. Por ello se echó mano de otros expedientes, como sorteos extraordinarios de la "Lotería Nacional" a partir de 1957 y donativos particulares. Con todo, cuesta trabajo admitir que los casi mil ciento sesenta millones de pesetas a que, según el arquitecto Diego Méndez, ascendía el coste en 1961, se saldaran "sin que se invirtiera dinero del erario público". Por lo demás, tampoco parecían de urgente necesidad estos trabajos faraónicos en la España esquilmada y hambrienta de la posguerra.

Lo que no deja lugar a dudas es que desde sus inicios hasta ahora, a pesar de los desperfectos materiales, "el Valle de los Caídos" cumple la función de exaltación franquista, sin que sea óbice la Ley de Memoria Histórica (2007), no solo debido a la crónica desgana de los gobiernos democráticos, sino a la compleja aplicación que el artículo 16 de dicha ley contempla: "1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios. 2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo" (BOE, nº 310, 17/12/2007).

Así pues, esta ley implícitamente considera "el Valle de los Caídos" como un "lugar de culto" y un "cementerio", aunque estas funciones no son lo más visible de una construcción que desde los años cincuenta del siglo pasado constituye una referencia inevitable en el paisaje de quienes habitan o transitan por los aledaños de Guadarrama. La cruz, que, a escasa distancia del Escorial (cuyo Monasterio de San Lorenzo sin duda "el Caudillo" pretendía emular), se yergue en un canchal del valle de Cuelgamuros, impresiona de lejos por su altura y de cerca por el carácter abrupto del peñasco y la grandiosidad de la entrada en la basílica, combinada con la gigantesca profusión escultórica. En el interior, a pesar de las atrevidas soluciones arquitectónicas y la exuberancia iconográfica en algunas partes de la iglesia, lo más llamativo son las tumbas de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco Bahamonde, cuya "presencia" allí resulta injustificable, por mucho que se haya empeñado en justificarla o en ignorarla la hagiografía franquista, sin duda promovida en primer lugar por los monjes benedictinos encargados de la custodia (desde el primer abad, Fray Justo Pérez de Urbel, hasta el actual, Santiago Cantera, revisionista).

Los despojos de estos personajes, que no habían sido muy amigos en vida, reposan juntos. En 1959, entre los primeros restos mortales se acogieron los de Primo de Rivera, que habían sido trasladados de Alicante (en cuya cárcel fue fusilado el 20 de noviembre de 1936) a El Escorial en 1939, antes de ser depositados al pie del altar mayor de la citada Basílica. El 23 de noviembre de 1975 se colocó del otro lado del mismo altar el cadáver del general Franco. La identidad de estos personajes no ofrece dudas (a no ser que se dé crédito a alguna leyenda urbana, según la cual en la tumba de Franco reposaría un sosia), así como la de otras figuras afines (los generales Dámaso Berenguer y José Sanjurjo). No es el caso de todas las otras 33.847 personas cuyos despojos fueron llevados al panteón entre 1958 y 1983, sin distinción entre víctimas "nacionales" o "republicanas", con la venia de sus familiares o sin ella, y colocados en las ocho cavidades previstas dentro de sus cajas de madera, bajo la supervisión de los monjes. Hasta mediados de 2016, según la documentación de Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia), se habían identificado 21.423 cadáveres, del resto solo se conocía el lugar de procedencia. Y por ello el Valle de los Caídos ha sido (y es) también un lugar de desmemoria.

En la versión histórica oficial que ahora se ofrece del monumento se insiste en el sentido de la "reconciliación", pero habría que dejar bien claro que esto es una reinterpretación condicionada por el contexto de la inauguración y la evocada titulación de la basílica por el papa Juan XXIII, en cuyo breve, aun siendo un discurso pro domo sua, se atenuaba el contenido triunfalista de la motivación inicial. Es entonces cuando en el conjunto monumental, llevado a cabo por los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez a partir de la iniciativa del "Caudillo" (decretos de 1939 y 1940), se reinventa la función de tres elementos básicos, una cruz, un templo y un panteón, en los que se armonizaban las aspiraciones de pacificación, religiosidad y concordia, donde tuvieran cabida "todos los caídos". En esta línea, el monasterio adjunto debía fomentar la espiritualidad, los estudios sociales ("la doctrina social de la Iglesia") y la cultura, dando realce a una obra que, en definitiva, debía ser una joya del "patrimonio nacional". Haciendo abstracción de la ilegitimidad del Régimen vigente y de la violencia en que se había fundado, esta versión puede sonar bien, pero el contraste con la cruda realidad de la historia del monumento descubría la magnitud de la operación de propaganda con la que, veinte años después, se remataba la esperpéntica calificación de la guerra como "Cruzada", antes aludida.

El "signo de pacificación", atribuido a la cruz, casaba mal con la represión, practicada durante su erección, contra los vencidos de la antigua zona republicana en el vigente estado de guerra de los años cuarenta, mediante la manipulación prolongada de la jurisdicción militar (operación que ha merecido la calificación de "justicia al revés"), tan alejada de la presunta aspiración de concordia y justicia. A consecuencia de los consejos de guerra muchos de aquéllos fueron condenados a muerte y ejecutados, otros muchos más fueron encerrados en cárceles inmundas, sometidos a humillaciones y malos tratos. Un porcentaje indeterminado de los trabajadores que participaron en la construcción de la basílica eran de estos presos republicanos. Después de haberse exagerado su número, hoy se tiende a minimizar (20.000 presos, 3.000 o menos de 250), con una veintena de fallecidos por accidente o a consecuencia de silicosis (no enterrados allí), aunque todo estos cómputos son provisionales. Estaban allí voluntarios, porque, según la literatura de la Abadía, en el Valle de los Caídos "vivían mejor", a pesar de los riesgos de muerte y enfermedad, lo que da una idea de las condiciones de vida en las prisiones. Se habían acogido al régimen de "redención de penas" por el trabajo, cuya motivación estaba lejos de obedecer a una generosa proposición altruista, sino más bien a un cómodo recurso para evitar la saturación de presos en las cárceles y un alivio para la quebrantada economía franquista, en aras de la cual se llegó a sacrificar el servicio militar obligatorio a cambio del trabajo en las minas (decreto-ley 22/1963, art. 1; pero consta que esta alternativa ya se ofrecía en los años cuarenta).

En la misma versión oficial se reitera que en el complejo monumental se preveía un "panteón para todos los caídos" y no un "mausoleo" personal. Sin embargo, está claro que en el texto fundacional firmado por Franco en el primer aniversario de "la victoria", esa hospitalidad con los muertos no era tan ecuménica, aparte de que entonces no se conocería la ingente cantidad de víctimas en el frente y la retaguardia (sin contar los ejecutados por sentencias de muerte en los consejos de guerra, en plena actividad por entonces, cuyos despojos no tendrían opción de ser alojados en aquella cripta, en principio destinada a quienes habían fallecido durante el conflicto bélico). Los cadáveres de republicanos no estaban previstos en aquel panteón, sino que más bien, al terminarse la construcción y ya en una perspectiva algo menos maniquea, sirvieron de relleno en los columbarios dispuestos para los muertos "nacionales", que son los que se designan con el término "caídos" en la escritura fascista y a los que se refería expresamente el escrito de 1940. Pero incluso al filo de 1960, los retos de víctimas de la represión franquista, cuando su ejecución había sido extrajudicial, con frecuencia yacían en fosas clandestinas y oficialmente ignoradas hasta hoy, así que difícilmente podrían haber sido "todos" recuperados entonces (e incluso ahora sería tarea imposible, pues el Gobierno actual, como es sabido, se desentiende por completo de exhumaciones de aquellos cadáveres).

En lo tocante al mausoleo personal, cabe la posibilidad de que el complejo de la Basílica no fuera concebido como "tumba monumental" por y para Franco, ni éste dejó escrita disposición alguna en ese sentido. Sin embargo, parece mentira que un hombre tan previsor (que en 1969 se ufanaba de tener "todo atado y bien atado") no hubiera manifestado su voluntad sobre el lugar de su tumba, al decir de su familia. Quizá el personaje pensaría no morirse nunca o, más bien, consideraría una obviedad que su destino postrero estaba en el lugar preferente de aquel panteón, rodeado de cadáveres de amigos y enemigos. Así lo entenderían los epígonos franquistas, cuando a su muerte el gobierno presidido por Arias Navarro decidió darle allí sepultura. Su sucesor en la jefatura del Estado, Juan Carlos I, en una de sus primeras decisiones como rey, refrendó la decisión (22/11/1975), firmando la petición al abad del monasterio para depositar los restos mortales del general "en el Sepulcro destinado al efecto, sito en el Presbiterio entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica".

Con este añadido macabro resulta más difícil de asumir "el Valle de los Caídos" como parte del "Patrimonio Nacional", que algunos estarían dispuestos a tirar por la borda debido al híbrido soporte propagandístico que arrastra en el estado actual. Sin llegar a tal extremo, parece indispensable quitar los impedimentos y ofrecer una explicación sobre el conjunto de las víctimas de la guerra civil y la represión para que el monumento cumpla el objetivo de "reconciliación". Porque, si dada la motivación inicial, el contexto en que fue erigido y las actividades allí previsibles, ya el monumento resulta más que sospechoso de seguir constituyendo per se un acto político de exaltación de la guerra civil y el franquismo, es evidente que en dichas tumbas, por el lugar que ocupan, casi se tributa culto a dos responsables de la guerra civil y sus estragos. Es un escándalo que esto suceda precisamente en un templo católico. Por consiguiente, en modo alguno puede servir de excusa para que no se aplique allí la Ley de Memoria Histórica, como tampoco puede ser razón suficiente para negar la necesaria exposición de motivos, "por tratarse de un templo y no de un museo", porque en España las catedrales y las iglesias monumentales se visitan (mediante pago) como museos, incluida la "Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos".

En el ámbito mirobrigense existen todavía bastantes "cruces de los caídos", aunque menos monumentales, igualmente contrarias a la Ley de Memoria Histórica, como se tendrá ocasión de explicar.