Afán recaudatorio del Gobierno

Ojeando las noticias de esta semana, me encuentro con una tan interesante como escasamente recogida en los medios de comunicación. Y en los que aparece, es porque son poco afines al Gobierno, y si lo son, se plasman en espacios residuales, alejados de los primeros planos que se dispensa a otro tipo de informaciones. No voy a hablar del tiempo de espera hospitalaria para intervenciones quirúrgicas en Salamanca, por ejemplo, que es muy superior al del resto de provincias de Castilla y León, ni de los supuestos encuentros amorosos históricos de una famosa vedette y que presuntamente se silenció mediante pagos realizados a la artista por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De estos temas ya se ocuparán otros colegas.

Me estoy refiriendo a la denuncia que ha hecho la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) sobre el incremento de denuncias por infracciones de tráfico, por un lado, y del significativo descenso de los auxilios en carretera que presta este Cuerpo de Seguridad del Estado, por otro.

Los datos estadísticos con claramente reveladores, porque mientras en el año 2010 se realizaron 1.866.251 denuncias, en 2015 crecieron hasta las 2.380.121. En cambio, el número de auxilios en carretera de la Guardia Civil fue de 1.266.523 en el año 2010, descendiendo bruscamente hasta los 193.600 en 2015.

Por otra parte, el número de patrullas, horas de servicio de los agentes y kilometraje registrado, ha descendido notablemente. Así, en 2010, el número de patrullas de la Guardia Civil ascendió a las 733.628, mientras que en 2015 fueron 562.743. Lo mismo ocurre con las horas de servicio patrulladas, que en 2010 fueron 11.261.869 las registradas y, sin embargo, en 2015 descendieron hasta las 8.509.488.

La AUGC denuncia también que los complementos salariales por productividad a los agentes de tráfico está vinculada directamente con las multas que se impongan y no a los auxilios dispensados a los ciudadanos y se premia más a los mandos policiales que permanecen en sus despachos en detrimento de los que están en carretera. En definitiva, que la Dirección General de la Guardia Civil incentiva más la imposición de sanciones, lo que denota un afán recaudatorio desmedido por parte del gobierno en detrimento de otras labores más humanitarias que siempre han caracterizado a este instituto armado y por el que se ha ganado el aprecio y respeto de la ciudadanía. No olvidemos que en los últimos diez años tanto la policía como la Guardia Civil son las instituciones mejor valoradas por los españoles.

Estos datos confirman el deterioro progresivo que han sufrido los servicios públicos durante los gobiernos de Rajoy. No sólo han descendido los empleados públicos destinados a la educación, la sanidad o la seguridad del Estado, sino que se invierten los objetivos que debe tener un gobierno en un Estado Social y Democrático de Derecho, que no son otros que defender los intereses de sus ciudadanos con servicios públicos universales y de calidad. Son derechos y principios rectores de la política social y económica que la Constitución reconoce y garantiza.

Es obvio que para que haya unos servicios públicos que satisfagan los intereses de los ciudadanos, el Estado debe tener más ingresos. Por lo que el gobierno de turno tiene que impulsar y promover, como establece el artículo 31 de la CE, un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, o lo que es lo mismo, que contribuyan más los que más tienen. Pero luego la realidad nos demuestra que son éstos los que más impuestos evaden. Numerosos empresarios, políticos y deportistas de élite tienen depositadas sus fortunas en sociedades "offshore" en paraísos fiscales, como el caso de los famosos "papeles de Panamá".

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el fraude fiscal total en España supone aproximadamente unos 40.000 millones de euros anuales, es decir, entre un 3,5 y un 4 % del Producto Interior Bruto. Estoy seguro que si estas cantidades se ingresaran en las arcas públicas no sería necesario que el afán recaudatorio que demuestra el gobierno con la creciente imposición de multas de tráfico por parte de la Guardia Civil fuera más importante que la asistencia y auxilio en carretera.