Más hielo en Barcelona

No es que el cambio climático haya provocado un excesivo hielo en la ciudad condal (algo inusual por su clima mediterráneo), sino es la metáfora política que puede aplicarse al último encuentro protagonizado entre la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Sáenz de Santamaría y el vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras.

Esta reunión (que en principio iba a ser secreta, aunque luego se filtró a los medios de comunicación), parece que se desarrolló, en palabras de la vicepresidencia, en un "clima constructivo y sincero", algo que no comparte el vicepresidente catalán, para quién fue un encuentro "intenso y con imposibilidad de acuerdo para un referéndum". Es increíble que no se hayan puesto de acuerdo ni siquiera para calificar el contenido de la reunión.

Parecía que con la investidura de Rajoy por el Congreso de los Diputados (sin mayoría absoluta del PP), la constitución del nuevo gobierno y, concretamente, la redefinición de competencias de la vicepresidenta potenciando el diálogo con Cataluña con el fin de mejorar las relaciones entre ambas instituciones, se avanzaría en las negociaciones y se acabaría con el deshielo existente; pero no, se mantiene y el choque de trenes sigue siendo la tónica habitual en los encuentros.

Como he tenido oportunidad de decir en otras ocasiones, la deriva secesionista de los presidentes Artur Mas, primero, y Puigdemont después, constituye un auténtico despropósito y su desafío obedece más a una provocación al Estado que a la realidad social catalana, puesto que las últimas encuestas publicadas demuestran que el independentismo (aunque sigue teniendo muchos partidarios) está en horas bajas, pues cada vez son menos los que creen (sólo un 18 %) que el final será la independencia.

Y esto es así porque las últimas encuestas publicadas por el Periódico de Cataluña constatan que un 51,6% de los catalanes (y va en aumento) no alberga sentimiento independentista, mientras que los que sí mantienen ese sentimiento va disminuyendo y actualmente se cifra en el 46 %. Por otro lado, no llegan al 50 % (concretamente el 49,6 %) los catalanes partidarios de un referéndum (pactado o no con el Estado) y un 48,8 % sólo son partidarios de un referéndum pactado. Los contrarios a que se celebre un referéndum son más residuales, el 13 % de la población de Cataluña. En otro orden de cosas, cada vez son más los ciudadanos catalanes (el 44,3 %) que quieren un pacto con el Estado para garantizar más autogobierno, es decir, la denominada tercera vía defendida fundamentalmente por el PSC y son también cada vez más (el 27 %) los que creen que la independencia no seguiría adelante por falta de apoyos.

Si el gobierno del PP quiere realmente que haya una distensión entre el Estado y Cataluña debe mejorar el clima político que favorezca el descenso de los partidarios de la independencia. Y debe hacerse desde la política no desde los tribunales de justicia. Es evidente que el ascenso del independentismo en los últimos años tiene mucho que ver con la llegada del PP al gobierno, en 2011, por el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante el TC contra el Estatut aprobado por el 90 % del Parlament catalán y por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En aquél momento esta política de enfrentamiento interesaba al PP, porque así contrarrestaba, por otro lado, el exceso de "buenismo" del gobierno de Zapatero, que, con buena dosis de ingenuidad, cedió más de la cuenta en la elaboración y aprobación del Estatut. No se trata ni de ceder mucho (como ocurrió en la época de Zapatero), ni de sacar mesas en todo el país para recoger firmas contra Cataluña y el boicot de los productos catalanes (que es lo que entendió la ciudadanía), como hizo el PP.

Y para desactivar el independentismo hay que tener guante de seda en la gestión política y no fomentar el enfrentamiento constante. El gobierno de Rajoy tiene que mejorar el clima político y no activar la llama de los tribunales. En lugar de instar a la Fiscalía para que actúe penalmente contra algunos políticos catalanes como el ex conseller de la presidencia, Francesc Homs, para quién se solicita la apertura de juicio oral y una pena de 9 años de inhabilitación especial para cargo publico, por un presunto delito de prevaricación y desobediencia grave, al convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014, o instigar a que se condene al concejal de la CUP de Vic, por la comisión de un presunto delito de sedición (al apoyar en el pleno municipal la declaración soberanista catalana), debería solucionar estos conflictos por la vía política y no por la penal. Y los ciudadanos y los políticos catalanes saben que el PP no utiliza la misma vara de medir para unos que para otros. Por ejemplo, los alcaldes de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y Alberche del Caudillo (Toledo) se han negado a quitar el nombre del "Caudillo" aunque "incumplan la ley de Memoria Histórica" y, para colmo, han sido condecorados por la Fundación Francisco Franco. Recordemos que "impedir la aplicación de una ley" está tipificado como delito de sedición (artículo 544 Código Penal), como en el caso del concejal de Vic, aunque por temas diferentes. Si el PP no quiere cumplir la Ley de Memoria Histórica, que la derogue, pero si está vigente, que la cumpla. Todo esto es un mal ejemplo que está dando el gobierno del PP y eso, quieran o no, fomenta el independentismo en Cataluña y perturba la convivencia entre los españoles. Está claro que ni unos ni otros casos (el de Francesc Homs y el concejal de Vic, por un lado, y el de los alcaldes de los pueblos del "Caudillo", por otro) deberían resolverse acudiendo a la vía penal, sino a la negociación política, que es menos gravosa y ataca menos los jirones de la convivencia.

Es evidente que el PP tiene un problema con Cataluña y la mejor prueba es que en la última encuesta sobre intención directa de voto publicada por El Periódico, no supera el 3 %, la mitad que Ciudadanos. El PSC parece que volvería a ser la segunda fuerza política y, en cambio, ganaría ERC, aunque el independentismo difícilmente podría renovar la mayoría absoluta como en la actual configuración del Parlament.