Domingo, 19 de agosto de 2018

Otra vuelta de tuerca a la privatización del ferrocarril europeo.

Cerramos un año sorprendente con noticas locales ya nada asombrosas, como el caos en la sanidad pública. Resulta curiosa la facilidad que tiene la Junta para elegir incapaces que gestionen el Sacyl. Claro que esto es un decir, en realidad son muy capaces pero no para defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos. En este caso ya tenía “experiencia” en Castilla-La Mancha. Según algún portavoz del Partido Popular, las mayorías absuelven los errores, y aquí se empeñan en refrendar así sus políticas.

Aunque no quería hablar de Sanidad, sino en ese horizonte en el que siempre está la privatización de servicios públicos esenciales, que a veces se hace de “tapadillo”. Un tema que de vez en cuando repasamos es el ferrocarril, también lleno de gestores “eficaces” y caminando hacia la privatización. La Unión Europea, autoridad normativa, mantiene una política errática. Hace años que habla de sostenibilidad, y si algo ha demostrado esta capacidad es el ferrocarril, y los primeros pasos para relanzar este medio de transporte eran prometedores. Las medidas de armonización y unificación normativa pueden ser una excelente herramienta si tuvieran como objetivo la protección del sector público ferroviario europeo y social al servicio exclusivamente de la ciudadanía. Pero resulta que, para el poder real (el económico), privatizar siempre es la clave para mejorar. Y así se olvidan de los trabajadores y del servicio público.

Esto viene a cuento del llamado “Cuarto Paquete Ferroviario”, en proceso de aprobación, cuyo modelo es el neoliberalismo, mercantilista y esquilmador de recursos, y seguramente condenado al fracaso como suele demostrar el tiempo. El caso británico, que fue la avanzadilla, ya sabemos que da de sí: continuas subvenciones públicas que llenan bolsillos privados, más caro y empeorando el servicio y el trabajo.

Para apostar de verdad por el ferrocarril, ese paquete debería incluir medidas para recuperar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector. También contra la especulación y la corrupción, al estar muy ligado a la obra pública donde algunos están acaparando recursos públicos, a través del cobro de indemnizaciones millonarias tras la quiebra de su actividad. O la construcción de obras megalómanas de dudosa utilidad social como la Alta Velocidad, que les ha reportado cuantiosos beneficios y la privatización de servicios ferroviarios muy rentables.

Hay que insistir que el sector ferroviario debe estar al servicio de la sociedad, y no dejar un sector estratégico con gran capacidad para fomentar el progreso y mejorar la cohesión social, a merced de intereses privados que no tienen otro objetivo que ganar dinero. Potenciar el ferrocarril como un servicio público, con tarifas sociales, y gestionado al servicio de la ciudadanía, supone beneficios ambientales de efectos inmediatos, que contribuyen a reducir la contaminación y combatir el cambio climático. El espacio ferroviario europeo debe potenciar el transporte de viajeros y mercancías, abriendo nuevos tráficos fronterizos, creando infraestructuras ferroviarias con un marcado carácter social, tarifas compatibles entre los distintos países miembros, para facilitar el intercambio y la movilidad de la ciudadanía europea, y el tráfico de mercancías que genere y distribuya riqueza. Para ello la única manera de llevarlo a cabo es mediante la gestión y cooperación de empresas públicas integradas y  con gestión trasparente y democrática. Privatizarlo es retroceder para luego lamentarnos, pero el dinero ya se lo habrá llevado alguien como hemos visto en España.