La Guardia Civil persigue la corrupción con 48 registros en ayuntamientos

La Guardia Civil ha desatado a primera hora de la mañana de hoy una macrooperación contra la corrupción en los ayuntamientos catalanes. Sin embargo, esta vez el operativo va mucho más allá de los consistorios gobernados por Convergència como en otras ocaciones, y se extiende por nueve provincias, además de las cuatro catalanas.

Los registros previstos son 48, de los cuales ocho en ayuntamientos (Torrejón de Ardoz, Chinchon y Miraflores de la Sierra, en Madrid; Ascó, Tortosa, Vandellós y l'Ametlla de Mar, en Tarragona). La Guardia Civil está allanando igualmente doce empresas privadas, siete entidades públicas, catorce domicilios y siete despachos por todo el país.

Los funcionarios del instituto armado, además, han requerido información sobre concursos supuestamente amañados a quince ayuntamientos: Barcelona, Masquefa, Linars del Vallés, en Barcelona; Getafe, Velilla de San Antonio y Collado Villalba, en Madrid; La Seu d'Urgel, en Lérida; Gerona y Calonge, en Gerona; Cambril, en Tarragona; Benicassin, en Castellón; Palos de la Frontera, en Huelva; Armilla, en Granada; y Alaior y Soller, en Baleares.

Los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado tiene en su punto de mira una docena de empresarios, acusados de malversación, blanqueo de capitales y fraude a la hacienda pública. La operación, que se denomina Térmyca, está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell.

La trama corrupta, de acuerdo con los investigadores, estaría instalada principalmente en consistorios de Tarragona y se dedicaba al amaño de contratos públicos a favor de empresarios amigos a cambio de regalos y otras dádivas por parte de los constructores y adjudicatarios. En el centro de las investigaciones hay varios "entes públicos empresariales" de consistorios catalanes, usados supuestamente para los amaños a través de labores de asesoría y o consultoría.

El meollo de los amaños ?apuntan los investigadores- es que esas "entidades públicas empresariales locales" repartidas por todos los municipios afectados en realidad eran sociedades totalmente ficticias, que no realizaban ningún trabajo real y a la que se desviaban los fondos públicos, que luego acababan en mercantiles privadas. Estas empresas extendieron sus tentáculos mucho más allá de los ayuntamientos catalanes en los que se gestaron.

Según han confirmado fuentes del caso, los agentes tienen ordenes de detener a una docena de personas, en su práctica totalidad empresarios. Aunque entre los arrestados no hay previsto que haya políticos ni técnicos municipales, la Guardia Civil sí que va a comunicar su citación como investigados (antes imputados) a medio centenar de personas.

El epicentro del operativo, que incluye alguna detención en Madrid, es Tarragona. Entre los ayuntamientos bajo sospecha en esta última redada está, de nuevo, del de Torredembarra. Pero la redada de esta mañana va muchos más allá. Están previstas detenciones, registros y notificaciones en Balares, Madrid, Andorra y, Castellón o localidades tan distantes de Cataluña como el municipio onubense de Palos de Frontera. En Cataluña, esta última redada salpica a consistorios como Cambrils, Vandellós, Hospitalet o la propia Barcelona.

Petrus

Torredembarra ya estuvo en el centro de las investigaciones de la Guardia Civil en julio del pasado año, durante la 'operación Petrus' cuando los agentes del instituto armado detuvieron a tres miembros de la familia Sumarroca, cofundadora con Jordi Pujol de Convergència Democràtica de Catalunya, a los que acusaba de delitos de corrupción y blanqueo de capitales por el pago de comisiones por valor de 850.000 euros que la constructora y promotora Teyco hizo a dos sociedades del ex alcalde de Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué.

En octubre pasado, la Guardia Civil, en un nuevo operativo contra la corrupción en Convergència detuvo a diez personas, entre ellos el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, y el director de Infraestructuras de la Generalitat.

Responsables de la operación de hoy precisaron que esta nueva redada no está, al menos directamente, relacionada con la denominada 'trama del 3%' sobre la financiación supuestamente irregular Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). No obstante, los mandos del operativo no descartan que puedan establecerse relaciones con estas pesquisas sobre el pago de comisiones para engordar la caja B del partido.

Fuente El Norte de Castilla