Educación: el mejor remedio contra los problemas sociales

Días antes del comienzo de esta nueva campaña electoral (que estoy seguro que será una etapa de descalificaciones entre unos y otros), presencié un debate televisado en el que participaron candidatos de las diferentes formaciones políticas, que lucharán en el circo social durante estos quince días, para ver quién resulta victorioso y quién desplumado. Y es que este enfrentamiento cainita se parece más a las carreras de cuadrigas celebradas en los territorios del viejo imperio romano, que a los elegantes partidos de tenis que protagonizaban Nadal y Federer (por poner un ejemplo de dos deportistas que, además de ser buenos profesionales, son unos auténticos caballeros).

En el turno final de la intervención de los candidatos, el último en hablar, el del PP (es el privilegio que concede televisión española en todos los debates al partido más votado en las pasadas elecciones), dijo que su partido rechaza "las experiencias fallidas que vienen de la Segunda República". Esa expresión me recordó los calificativos que hacía el régimen franquista sobre "la nefasta República", etapa de la que nada podía salvarse, porque supuso un atentado a los valores tradicionales que procedían de la gloriosa etapa histórica de la unión de los reinos de Aragón y Castilla, de la conquista de Granada, de la Inquisición y de la expulsión de moros y judíos.

Y me vino a la memoria la importancia que el primer gobierno de la Segunda República le dio a la educación, cuando el primer ministro republicano de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, impulsó la aprobación, por Decreto de 29 de mayo de 1931, del Patronato de Misiones Pedagógicas, que presidió Manuel Bartolomé de Cossío, que estaba integrado por maestros, profesores, artistas, estudiantes, escritores (como María Zambrano, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Lorca o Alberti) y que, conscientes de que la tasa de analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales, era del 44 % de los españoles, se encargaron, de forma voluntaria y desinteresada, de llevar la cultura a más de 7.000 pueblos y aldeas a través de 196 circuitos de Misiones Pedagógicas, crearon más de 5.000 bibliotecas y entregaron unos 600.000 libros.

La corriente pedagógica que presidía estas actuaciones, la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, pretendía acabar con el analfabetismo de la población española. En la exposición de motivos del Decreto de creación de las Misiones se establecía que su objetivo era "difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural". Se quería implantar una educación en valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, justicia, laica y, en general, en los ideales que emanan del respeto a los derechos humanos.

Pero, por desgracia, con el final de la Guerra Civil, la Institución Libre de Enseñanza fue saqueada, defenestrada e ilegalizada y declarada altamente perniciosa, reinstaurándose la educación de la "letra con sangre entra" y la de "a palos se hacen los hombres", en comunión perfecta con los idearios del nacional catolicismo, el clientelismo político y el caciquismo social.

No interesaba que la población española más humilde pudiera acceder al conocimiento, porque, si la educación es universal y gratuita, es más difícil controlar a los súbditos y se desenmascara más fácilmente la doble moral imperante en la época. Había que mantener el "adoctrinamiento" oficial del Régimen.

Sin embargo, en plena dictadura, Joaquín Ruiz Jiménez intentó, como ministro de Educación, introducir aire fresco e iniciar una apertura hacia corrientes pedagógicas próximas a la Institución Libre de Enseñanza, lo que le costó el puesto, porque lo destituyeron poco tiempo más tarde.

Estoy seguro que si las Misiones Pedagógicas y la Institución Libre de Enseñanza hubieran podido continuar con su loable actividad, nuestro país habría experimentado el cambio necesario, estaríamos a la altura social y cultural de los países europeos más avanzados, no se hubiera impregnado la corrupción en los jirones de nuestra convivencia o, al menos, no con tanta virulencia, tendríamos una mentalidad tributaria más solidaria que posibilitase menos economía sumergida, menos fraude y evasión de capitales y, como consecuencia de ello, disfrutaríamos de una mejor distribución de la renta y la riqueza, equilibrio económico y mayor aproximación al Estado del Bienestar. Sé que esto para algunos es una utopía, aunque creo que intentar cambiar el mundo para que en él se viva mejor, no es utopía sino justicia. Si se ha conseguido en otros países, también se puede en España.

No comparto, por tanto, la expresión del señor candidato del PP que intervino en aquél debate de televisión española y que aseguraba que todos los experimentos que vienen de la Segunda República son fallidos. O mejor dicho, sí lo fueron porque al Régimen y a los poderes fácticos no les interesaba una ciudadanía libre y formada que acabase con los privilegios y prebendas de aquéllos.