Más de un año sin noticias del caso Caja España-Santos Llamas
En los próximos días se cumplirán 14 meses desde que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León decidió imputar por un presunto delito de administración desleal a los miembros del antiguo Consejo de Administración de Caja España que en su día aprobaron la refinanciación de los créditos del ex presidente de la entidad, Santos Llamas.
Entre los imputados -ahora denominados investigados- figuraban varios políticos en activo, todos los cuales, excepto Begoña Núñez, concejala socialista en el ayuntamiento de Palencia, volvieron a presentarse a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2.015. Fue el caso del entonces presidente de la Diputación de Zamora y actual vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ahora diputado del Congreso; del ex procurador del PP, Javier García Prieto, que se incorporó como concejal al ayuntamiento de León; y del alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial, Artemio Domínguez.
Los cuatro citados y otros 10 consejeros más -entre ellos el ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, y el hoy consejero de España-Duero (Unicaja) Alejandro Menéndez- estaban citados inmediatamente después de aquellas elecciones, en concreto los días 26 y 29 de mayo. Sin embargo, en el último momento la juez, Rocío González, aplazó las declaraciones atendiendo la petición de varios abogados que alegaron falta de tiempo para estudiar las diligencias instruidas.
Meses antes, en enero, habían declarado en calidad de testigos del Banco de España la alta concentración de riesgo y las insuficientes garantías con las que se habían créditos o avales por importe de 67,9 millones de euros al grupo de empresas de Llamas.
Aunque la juez advirtió que la agenda del Juzgado obligaría a posponer las declaraciones de los imputados hasta el mes de octubre, lo cierto es que ha transcurrido más de un año sin que se haya tenido noticia alguna al respecto. La última es que, al cumplirse el nuevo plazo fijado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la fiscalía ha solicitado la declaración de la causa como de especial complejidad, a fin de que pueda proseguir la instrucción, en principio durante 12 meses más. Ahora solo falta que la juez encuentre alguna fecha en su atareada agenda?
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