Gasto público en educación

Esta semana hemos vuelto a conocer otro dato estadístico en el que nuestro país no sale bien parado, a pesar de que deberíamos estar dentro del club de los países más avanzados del mundo. Se trata del gasto público en educación (según informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE), que ha caído un 15 % entre los años 2009 y 2015, lo que se traduce que, en 2009, el gasto público en educación fue de 46.990 millones de euros y en 2014, de 39.794, aunque haya crecido algo en 2015 hasta los 41.167 millones. Es decir, que el gasto público descendió en más de 5.000 millones de euros en estos ejercicios presupuestarios.

Comparativamente, España es, de los países desarrollados, uno de los que menos porcentaje de gasto público destina a la educación en relación con el PIB. Según datos de 2011 (últimos publicados de la mayoría de los países y que nos valen como dato comparativo), en España, el porcentaje del gasto público en educación en relación con el PIB fue del 4,8 %, igual que Alemania y por encima tan sólo de Italia (4,1 %). El de Suiza fue del 5,00 %, Portugal (5,1%), Países Bajos (5,5%), Francia (5,5,%), Irlanda (5,9%), Suecia (6,5%), Noruega (6,6%), Islandia (7,0%) y Dinamarca (8,5%).

Por su parte, y para compensar estos descensos en la inversión pública, las familias han tenido que tirar de sus propios recursos. Así, el gasto de las familias ha aumentado en un 30%, algo que afecta, claramente, a la igualdad de oportunidades, ya que las familias con menos recursos económicos tendrán menos posibilidad de acceder a la educación que las que dispongan de mayores ingresos. De ahí que según el informe analizado, los centros públicos han sufrido más que los concertados las consecuencias de la crisis económica y los recortes. Y no debería ser así, porque sabemos que el derecho a la educación es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la CE, cuya violación podrá ser recurrida en Amparo ante el TC, conforme a lo establecido en el artículo 53.2 de la referida Carta Magna. En un Estado Social y Democrático de Derecho, la educación es una pieza clave para el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2 CE). El proceso de socialización del individuo comienza en el seno familiar y el Maestro, la Escuela y la Academia son absolutamente necesarios para que el ciudadano interiorice los principios y valores de la vida en sociedad: el respeto a la ley y a los derechos de los demás, la libertad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, el rechazo a comportamientos violentos, la honestidad personal y el compromiso ético que rechace cualquier manifestación de corrupción personal.

La buena educación es el mejor remedio para prevenir los males que atacan la convivencia del ser humano en sociedad, también el delito, por supuesto, "abrid escuelas para cerrar prisiones", decía Víctor Hugo. Y lo que se ha hecho en los últimos años no ayuda a mantener esta tesis, porque se han cerrado escuelas públicas y se han asignado más alumnos a cada Maestro. En cambio, se han reformado las leyes penales endureciendo las sanciones de forma alarmante. Y buscar la finalidad de las penas exclusivamente en el castigo y no en la prevención general y en la reinserción, es un ataque frontal a los jirones que conforman el tejido social.

Las políticas económicas progresistas exigen que el Estado (como ente superior, pero al servicio del individuo), tiene el deber de garantizar el bienestar social de todos los ciudadanos y la educación, la sanidad y los servicios sociales deben ser gratuitos y universales y las pensiones por jubilación, dignas, que reconozcan los esfuerzos que han hecho los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

Pero estas políticas progresistas deben ir acompañadas de un sistema tributario que sea acorde con las prestaciones sociales universales: justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esto exige que pague más quién más recursos obtenga y la realidad nos demuestra que no es así. Los distintos gobiernos (no importa el color político) se han dedicado en los últimos años a competir cuál de ellos "baja más los impuestos", porque es un enganche electoral seguro, cuando la realidad debería ser la contraria. Está bien que los impuestos que graven el consumo de productos de primera necesidad sean menores, pero, en cambio, otros que son de puro lujo, recreo u ornato, deberían de tener tipos impositivos más elevados. ¿Por qué a una revista pornográfica se le aplica un 4 % de IVA y a la música, al cine o al teatro, el 21? La respuesta desde el Ejecutivo ya sabemos cuál es: porque la revisa pornográfica es una publicación como los libros de texto, los periódicos y las revistas y que una película pornográfica también tributa al 21, pero esa no es una respuesta convincente y se podrían hacer excepciones. Lo mismo ocurre con los impuestos directos que gravan las rentas elevadas y las grandes fortunas, que deberían ser superiores y probablemente las rentas más bajas quedarían exentas de tributar.

Pagar menos tributos tiene como consecuencia que el gasto público para políticas sociales sea menor y los más perjudicados, como siempre, son los ciudadanos con menos recursos.

Eso, unido al fraude fiscal, a la economía sumergida y a la corrupción política y económica, convierten al Estado en mero instrumento al servicio de los poderosos y no como ente garante de los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales de todos los ciudadanos.