¿Cómo defender a una institución?

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Las instituciones son importantes, configuran en gran medida la vida social, y sin ellas nos quedamos como sin referencias. Las hay de lo más variado: sociales, religiosas, políticas…Entre estas últimas se encuentra la monarquía parlamentaria, y el adjetivo aquí es muy importante, no vale con decir sólo la monarquía, sería un error grave. La monarquía parlamentaria es la monarquía adaptada a la democracia, entendida esta como el gobierno del pueblo o la soberanía nacional, por encima de todo, también de la monarquía. A simple vista democracia y monarquía son antagónicas, dos sistemas políticos opuestos, evidentemente cuando la monarquía es absoluta, de ahí el invento de la monarquía parlamentaria, que permite coexistir democracia y monarquía pero con un rey que reina pero no gobierna: el rey como símbolo del Estado pero sometido a la Constitución, nadie ni el rey tampoco prevalecen sobre ella, por eso el rey debe jurar o prometer su cumplimiento. Entre el rey y la Constitución, siempre esta última.

La legitimidad de la monarquía parlamentaria, pues, a diferencia del Parlamento, no viene del apoyo popular a través de los votos en cada elección general. Su legitimidad de origen es verse reconocida como forma de gobierno en nuestra Constitución, y su legitimidad de ejercicio es su ejemplaridad. Los reyes y los suyos han de ser ejemplares, si no, no valen para su oficio: en ellos han de verse reflejados los ciudadanos, en modo alguno pueden ser objeto de su repulsa. Por eso es difícil ser hoy rey en España, el rey se la juega, tiene que ganarse cada día su estatus, porque el español no es monárquico.

De ahí que el juicio de la Infanta en Palma, sea trascendental, no es cosa baladí. No en balde es la primera vez que una heredera en la línea de sucesión está sentada en un banquillo, acusada de un delito. Por eso un periódico titulaba el otro día: “El Estado se moviliza para salvar a la Infanta del juicio”. Es tremendo, pero es verdad. Así que mi primera pregunta es ingenua: ¿en España somos todos iguales ante la ley, como proclama la Constitución, o unos lo son más que otros? Da la impresión de que los miembros de la Casa Real –la Infanta lo fue, ahora ya no lo es, pero nadie cree que lo sucedido no afecte a la monarquía- están en otra esfera, vamos, los ciudadanos de a pie estaríamos por debajo del rey y los suyos. Evidentemente, es un disparate, si tenemos claro el significado de lo que es una monarquía parlamentaria. Si tal fuera, en España no habría democracia, pues esta se basa en la igualdad jurídica, sin excepciones.

La conducta de la Fiscalía en el caso y de la Abogacía del Estado, a la mayoría le chirría. Da la sensación de que, más que defender el imperio de la ley y los intereses generales, han adoptado el papel de abogados defensores con la máxima intensidad posible. Un ejemplo: la abogada del Estado en su informe en las cuestiones previas, para justificar la inhibición de Hacienda y no instar el procedimiento penal, llegó a afirmar que cuando se dice que Hacienda somos todos, estamos ante una frase publicitaria. ¿Es posible que algo tan esencial para la democracia como son los impuestos exigibles a los ciudadanos, se convierta en una obligación privada sin repercusiones públicas, hasta ese punto hemos llegado? ¿Esta abogada del Estado ha estudiado Derecho constitucional?

Si algo está claro aquí, es que si eres partidario de la monarquía y de su pervivencia en España, te tienes que poner en primera fila para acreditar su honradez. ¿Puede permitirse el lujo la institución de sembrar la duda de que el Estado la está protegiendo para impedir que una posible tropelía llegue a conocerse? Sin duda que no, pero a veces los dioses ciegan a sus elegidos. No hay vuelta de hoja, y si se fuerza, la desafección crecerá ¿y quién verá útil entonces una institución no democrática que ni siquiera es ejemplar?

Marta FERREIRA