Viernes, 30 de octubre de 2020

Hacienda y la infanta Cristina

Todos los autónomos están obligados a hacer la trimestral para detallar a la Agencia Tributaria cuántos gastos han tenido y un detallado resumen de sus beneficios. Por supuesto que no esperen clemencia en caso de que cometan un fallo por no adjuntar una factura. Por otro lado, quienes tenemos una nómina, perdón debería decir, quienes tenemos la gran suerte de tener una nómina fija, estamos fiscalizados a partir de nuestra retribución mensual.

[Img #527833]Todos los trabajadores,  tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena,  en el caso de adquirir bienes inmuebles, o heredar una propiedad, o vender una simple plaza de garaje, todas estas operaciones cuentan con los debidos impuestos y, por supuesto, deberán constar en nuestras respectivas declaraciones anuales a Hacienda. Todas las entidades de Hacienda están pensadas como mecanismo de redistribución de recursos, es una entidad recaudadora gracias a la cual disponemos de un Estado de Bienestar. Sí bien es cierto que cada día éste más sometido a la famosa austeridad como coartada gubernamental para recortar servicios, como la Ley de Dependencia, que en Salamanca es necesaria dada nuestra población tan envejecida.

Pero volviendo a nuestra querida Hacienda, una de las juezas que sigue el proceso de la Infanta Cristina, ante las alegaciones de la acusación respecto a la obligación de cumplir con las obligaciones, le contestó sin pestañear que la famosa frase “Hacienda somos Todos” era sólo una frase publicitaria. Hace falta ser muy simplista para descalificar el contenido de un mensaje dependiendo de su emisor, pero lo que desde luego es absolutamente imperdonable es que la Agencia Tributaria y la Fiscalía nos consideren a todos unos contribuyentes con una severa discapacidad cognitiva. Y esto por varias razones, la primera por querer hacernos creer  que cuando el yerno del Rey hace negocios, sólo los hace a título particular y no en función de lo que representa un miembro de la familia de nuestra monarquía.

La segunda prueba sobre qué opinión tienen sobre la ciudadanía los que están apoyando a la Infanta, desde el abogado hasta el fiscal, es que pretendan hacernos creer que la Infanta es una esposa enamorada, con un exceso de confianza en su esposo, tanta que firmaba sin saber qué firmaba y sin evitar pagar en negro y sin seguridad social a quien le limpiaba la casa. Dicho sea de paso, España no ha firmado el Convenio de la OIT 187 sobre la obligación que conlleva la contratación del servicio doméstico al tratar a una gran legión de mujeres que no son asistentas, sino trabajadoras con plenos derechos. Y ahora que se constituyen las Cortes, que seguimos las proezas catalanas y su independencia, bien podrían empezar a garantizar que al Fiscal General del Estado no lo elija el Gobierno, porque el Fiscal nos representa a todos, a quienes sí nos creemos que “Hacienda somos Todos”.