Jueves, 20 de junio de 2019

Familiares de personas con Enfermedades Mentales

“Si la gente nos oyera los pensamientos, pocos escaparíamos de estar encerrados por locos” ( Jacinto Benavente )

La Reforma Psiquiátrica en España se inicia con las recomendaciones recogidas en el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985 Ministerio de Sanidad y Consumo) y con la Ley General de Sanidad de 1986 donde se refleja en su artículo 20 las líneas que iban a transformar la asistencia psiquiátrica de nuestro país. Se establece un nuevo modelo donde los problemas de salud mental se realizarán en el ámbito comunitario  y se basarán en los cambios que se han  desarrollado en los países más avanzados de nuestro entorno. De esta manera se suprimen los manicomios, se envía a los enfermos con sus familiares y surgen las Unidades de Salud Mental. Pero en todo este tránsito se cometen errores. No se articulan suficientes alternativas y mecanismos para afrontar la convivencia con el enfermo en el ámbito familia. La elaboración de una Estrategia Nacional de Salud (hace más de diez años) que ordenó el Ministerio de Sanidad, tampoco ha solucionado los problemas de las personas que padecen estas enfermedades y solo ha servido como documento de buenas intenciones al carecer de financiación para poder desarrollar y ejecutar el proyecto.

Las diferentes Estrategias Regionales de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica  de Castilla y León no han mejorado los problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades mentales en nuestra comunidad. Los recursos son muy limitados y no se hacen los suficientes esfuerzos, en los presupuestos regionales, para crear infraestructuras y servicios necesarios. Solo se proyectan, de forma aislada, algunos centros que se  ponen al servicio de beneficios privados y fuera del circuito de los servicios públicos.  La Junta está muy lejos de cumplir el compromiso de crear una red de centros coordinados en la Comunidad destinados a los enfermos mentales. Nuestra provincia también padece un gran déficit de recursos para estos enfermos, y como la mayoría de provincias de nuestra comunidad, los pocos que tienen no están bien coordinados.

El colectivo de personas con enfermedades mentales ha sido muy estigmatizado por la sociedad , y aunque se ha mejorado en la comprensión de estas enfermedades, aún falta sensibilidad social y política para seguir avanzando, no solo en la investigación sino en la normalización de las enfermedades mentales. Las personas que sufren una enfermedad mental viven su propio infierno. Se les culpabiliza de no controlar su conducta y sufren una gran soledad e incomprensión. Pero la situación por la que atraviesan las familias que conviven con personas que padecen estas enfermedades no deja de ser menos dramática.

Conozco testimonios sobrecogedores de familiares que conviven y cuidan de personas afectadas por enfermedades mentales que están desbordadas por la situación y ven con angustia,  como se pone en peligro la estabilidad del núcleo familiar. Se enfrentan a situaciones y conflictos que por sí solos no pueden resolver. Los desequilibrios emocionales, de estos enfermos, con arranques de ira extremos y conductas violentas lo resuelven  como mejor pueden, con intervenciones policiales e ingresos psiquiátricos, que en algunas ocasiones, son tratados con fármacos durante algunos días y devueltos rápidamente a sus domicilios.

El hospital soporta la dinámica de continuos ingresos, de forma,  que trata al enfermo en el momento del brote de su enfermedad y una vez estabilizado se le da el alta, cuando muchos de ellos necesitarían estancias de larga duración. Otros enfermos que han sido dados de alta, al llegar a sus domicilios se niegan a seguir los tratamientos pautados, provocando de nuevo, un grave enfrentamiento y sufrimiento, tanto para el paciente como para la familia, que en muchos casos no les queda otro opción que recurrir a la  incapacitación para forzar a que reciban tratamiento terapéutico. Cuando se llega a este punto, los familiares se enfrentan al desconocimiento de los mecanismos legales que llevan los procesos de incapacitación. Son temas muy delicados y dolorosos que requieren de información, asesoramiento y apoyo. Pero también sería necesario, que los jueces que atienden estos procedimientos, estuvieran especializados en esta materia, esto evitaría menor sufrimiento e incomprensión de algunos tribunales con enfermos y familiares.

La soledad en la que viven estas familias es enorme, la mayoría de ellas no están preparadas para comprender y tratar al enfermo, desconocen cómo actuar ante un brote o crisis nerviosa. Los costosos tratamientos y terapias que requieren estos enfermos, en muchas ocasiones,  se quedan en manos del mercado sanitario privado ante la escasez de plazas en la sanidad pública. Para muchas familias supone un lastre, sobre todo, para las que no tienen suficientes recursos.

Si de verdad se quiere dar, a las personas con enfermedades mentales, una atención integral y social se debe crear una red de coordinación y colaboración entre servicios de salud mental y servicios sociales que proporcionen el seguimiento de cuidados pues las enfermedades mentales son un problema de gran magnitud y sus familiares necesitan el apoyo de todos.