Lunes, 11 de noviembre de 2019

Mercado salvaje

Ni mercado ni competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está mirando para otro lado. ¿Y quién es esta Comisión? Desde el año 2013 se llama así a lo que antes llamábamos Comisión de la Competencia y antes el Tribunal de Defensa de la Competencia. Ahora puede ser que alguna vez lo hayamos oído o leído en algún sitio.

[Img #513414]Ha pasado momentos de gloria con la imposición de algunas multas a empresas dominantes que ejercían control de precios o monopolio de servicios de facto. Hace tan solo unos días imponía a Iberdrola una sanción de 25 millones por manipular la producción hidroeléctrica en favor de la subida de los precios, poniendo menos electricidad en el mercado frente a la demanda (http://economia.elpais.com/economia/2015/11/30/actualidad/1448899458_123419.html).

La empresa sólo hace lo que puede y le ha salido mal, frente a un organismo público con personalidad jurídica propia. Esta Comisión debe “preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, transparencia y competencia efectiva en los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios”. Así reza la definición oficial de constitución. Al mismo tiempo, debe ser independiente del Gobierno y sólo está sometido al control del Parlamento Nacional y del poder judicial. José María Martín Quemada, su actual presidente, aúna formación como catedrático de Economía Aplicada y Política Económica. Hoy, sin duda, le da razón y contenido a mi columna.

Política y funcionamiento de la economía van profundamente ligados en un mercado tan sobre saturado de Administración, de intervencionismo estatal de esta Europa aprendiz de las técnicas comunistas de los años 80 y de falta de flexibilidad por intereses personalísimos dentro de los partidos políticos. Este hombre, relativamente independiente del poder político, está siendo contundente, pero en ocasiones más mediático entre las élites económicas. Finalmente, buscando ser el Robin Hood que pregona la esencia de la Comisión que preside, no llega a los destinatarios más débiles. Vamos, que su trabajo en competencia efectiva para beneficiar a consumidores y usuarios, está fallando. Principalmente hay 2 sectores: telecomunicaciones y transportes. De la primera, que tengo mucho interés, hablaré en otro artículo, pero hoy toco uno que, por la localización de Salamanca y por sus usos y potenciación del sector turístico, más nos afecta.

El transporte está directamente ligado al turismo en Salamanca. El transporte que trae a turistas, congresistas, trabajadores y personas que generan todo tipo de ingresos por nuestra provincia. Este trabajo está en función del precio del trasporte. Éste, a su vez, depende del precio del petróleo. Tanto aerolíneas como empresas de transporte consiguieron desde el primer día del año 2007, cuando empezó la escalada del precio del petróleo, imponer una tasa o recargo por combustible al precio final del billete, el que paga el consumidor. En virtud del valor que esta comisión le da a la transparencia y al correcto funcionamiento de los mercados, debe desaparecer este recargo y, en consecuencia, bajar el precio de billetes ligados al trasporte. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo ha bajado considerablemente.

Aerolíneas, empresas concesionarias de transporte por carretera y otras empresas de trasporte de viajeros deben ajustar sus precios al nuevo escenario. Las primeras, las aerolíneas ya han aumentado sus beneficios un 66% en los 3 trimestres del año 2015 según un informe de IATA, profundamente ligados a los márgenes ingresos-gastos. Es lícito ganar con el riesgo empresarial, pero cuando las empresas buscan protección administrativas con leyes y otros elementos regulatorios (como el caso de Uber), los ciudadanos también demandan protección frente a precios abusivos ante mercados regulados.

Así, pues, toda una división de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que se dedica al Transporte, tiene un importante trabajo doble, a saber: arrojar transparencia sobre el precio de los carburantes (cuantos impuestos gravan, por la administración, este producto) y actuar sobre los sobrecostes finales del billete si actualmente están fuera de precio de mercado. Todo esto a sabiendas de que, sus próximos informes y próximo control estarán sometidos a un nuevo Parlamento muy plural y, a priori, más beligerante que los anteriores.