El debate imperativo

La democracia es también una práctica política. Un quehacer que se ajusta a los tiempos y a las distintas generaciones, a sus valores y sus experiencias. Se reconcilia dialécticamente con las tradiciones y con las expectativas. Para un experto, la democracia es uno de los asuntos más complejos con que se encuentra a la hora de categorizarla para luego explicarla. Hay ciertos consensos mínimos en la Academia que a veces no se identifican plenamente con la política de la calle. Dentro de ese concierto figura el ritual por el que los que se dedican a la política piden el voto a los ciudadanos para representarles y, algo más relevante, para tener cierta legitimidad en las acciones que una vez elegidos van a llevar a cabo por un lapso acotado previamente establecido.

El debate público entre quienes se presentan es una de esas prácticas que se ha ido asentando paulatinamente. John Ford en la magnífica película de 1962 El hombre que mató a Liberty Valance lo ejemplifica muy bien al tratar una carrera senatorial en el medio oeste norteamericano donde el personaje que representa al político profesional, James Stewart, se confronta con el bandido demagogo, interpretado por Lee Marvin. Aquello era una lección indirecta de democracia que recibíamos en pleno franquismo. Debatir era consustancial con la petición del voto y por ende inalienable del propio proceso electoral. Luego fue cuestión de irse adaptando a los tiempos, saltando del teatro como escenario de careo hasta llegar al Internet, pasando por la radio y la televisión.

La fresca confrontación de ideas, programas, formas de expresarse, reacciones ante preguntas que no están en el guión, es lo que está en cuestión. La gente quiere verlo para orientar su voto en el espectáculo que es la política de masas. Quienes consideran que no tienen nada que ganar porque están arriba en las encuestas, o porque simplemente están mal preparados frente al adversario; quienes se aferran a cuestionar el formato, la figura moderadora, el lugar concreto, usándolos como coartada para rehusar, son un fraude y contribuyen al deterioro de la calidad de la democracia y al sentimiento de desafección ciudadana. No es solo en el ámbito del liderazgo principal de los partidos, es en cualquier otro nivel. Quienes se presentan a todo cargo electivo tienen la obligación de debatir y si esta no se asume como práctica cívica debería convertirse en imperativo legal.