“El Govern de la Generalitat ha diseñado un proyecto para introducir agentes policiales en los institutos catalanes para ‘reducir la conflictividad y prevenir conflictos’”. (Titular de prensa. Abril 2026)
Hubo un tiempo en que la escuela era un territorio inviolable (llamo escuela al aula, al centro de enseñanza, al colegio, al instituto, al ámbito de la educación), era un espacio donde el ruido del mundo quedaba fuera y la violencia se estudiaba en los libros de historia y no se gestionaba en los pasillos, donde la autoridad no llevaba uniforme. Hoy ese umbral simbólico se resquebraja, y lo hace con una imagen que debería estremecernos: agentes policiales entrando, aunque sea de paisano, en los centros de enseñanza.
No es un gesto menor ni una anécdota administrativa: es un síntoma y, sobre todo, es una rendición, porque la decisión de introducir policías en institutos (de momento en Cataluña pero muy pronto en todo el país) supone la confesión muda de que ha fracasado el sistema educativo, incapaz de sostener la convivencia con sus propios recursos; que han fracasado las políticas públicas que durante años confundieron inclusión con permisividad y autoridad con autoritarismo. Y ha fracasado, en última instancia, una sociedad que ha amontonado en la enseñanza todo lo que no supo o no quiso resolver fuera de ella. No nos engañemos: cuando una sociedad necesita recurrir a la policía para garantizar la convivencia en sus aulas, ya no estamos hablando de educación, estamos hablando de orden público.
La escuela, que durante siglos fue el equivalente laico del “sagrado”, ese lugar donde uno podía resguardarse del mundo, empieza a parecerse demasiado al mundo del que debía protegernos. Antes, quien cruzaba la puerta de un aula lo hacía para aprender, sobre todo aprender a vivir en sociedad; ahora lo hace bajo la sospecha de que podría necesitar vigilancia. Convertir las escuelas en espacios donde la presencia policial sea habitual, aunque sea discreta, supone normalizar una anomalía, aceptar que la educación no basta, resignarse a que la convivencia no se construye, sino que se vigila. Y esa resignación es una brutal claudicación, porque el mensaje que se transmite a los alumnos, la idea de ciudadanía que se construye cuando se naturaliza la presencia policial en el espacio donde deberían formarse los futuros adultos, es una declaración contundente: no confiamos en vosotros.
Durante años, se han ido desdibujando los límites en el aula. Se ha debilitado la figura del docente en nombre de una mal entendida horizontalidad. Se han multiplicado los discursos que colocaban al alumno en el centro, pero olvidaban que el centro no puede sostenerse sin estructura. Cuando se ha tolerado, cuando no justificado, un deterioro progresivo de la convivencia escolar y las consecuencias son tan visibles,; ahora, cuando los conflictos desbordan los márgenes, como si la convivencia pudiera imponerse desde fuera y como si el respeto pudiera patrullarse, se recurre a la herramienta más externa, más ajena al hecho educativo: la policía.
Admitir la presencia de policías en las aulas revela un cambio evidente de paradigma, una estremecedora inversión de prioridades, un intercambio sucio, apestoso y vergonzante. Porque la comunidad educativa -docentes, familias, profesionales de la orientación- lleva tiempo señalando otras vías de solución: más recursos, menos ratios, mayor presencia de educadores sociales, refuerzo de los equipos psicopedagógicos… Sin embargo, en lugar de fortalecer esas herramientas, unos poderes públicos al parecer en competición entre ellos por ser más ignorante que el vecino, optan por introducir una figura externa que, por definición, no educa sino que interviene cuando lo educativo ha fallado.
Y hay algo más profundo aún, algo que tiene que ver con la concepción misma que tiene la sociedad de la infancia y la adolescencia, y es ser consciente de que educar no es solo entender, también es poner límites, no es solo acompañar, también es exigir. Durante años se ha construido un relato que eximía al alumno de responsabilidad, que trasladaba cualquier conflicto a factores externos -económicos, sociales, familiares-, diluyendo la exigencia individual en un enfoque que en su origen buscaba comprensión, pero que ha terminado generando desprotección. Cuando esos límites desaparecen, cuando la autoridad se vuelve difusa, el sistema se resiente y aparece la tentación de sustituir la autoridad pedagógica por la coerción externa. Pero la policía no puede -ni debe- ocupar el lugar del educador.
Ignoro si hay aún tiempo para rectificar, para entender que el problema no se resuelve añadiendo capas de control, sino reconstruyendo los cimientos para devolver a la escuela su papel como espacio de formación integral, no como una extensión del sistema de seguridad. Porque si las aulas dejan de ser definitivamente un refugio para ser un lugar de vigilancia, coerción y supervisión, habremos perdido algo más que un modelo educativo: habremos perdido, al tiempo que el auto respeto, la idea misma de sociedad.
